El pronunciamiento responde a declaraciones de la ministra Paula Bogantes, quien aseguró que “la solución está en manos de la Contraloría” y pidió a las familias “ir a Sabana Sur” a exigir respuestas.

La Contraloría General de la República (CGR) informó este lunes que el presupuesto extraordinario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye 2.700 millones de colones para el pago de licencias de cuido, ingresó a la institución hasta el pasado 6 de noviembre.

El pronunciamiento contradice las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, quien la semana pasada aseguró que “la solución está en manos de la Contraloría” y pidió a las familias afectadas “ir a Sabana Sur” a exigir respuestas, al afirmar que la entidad llevaba varios días sin resolver la solicitud.

En conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial, Bogantes señaló que “hoy es viernes. Ya han pasado tres días, costarricenses. Tres días que la Contraloría sigue sin dar una respuesta”, e instó directamente a la contralora Marta Acosta Zúñiga a “ponerse la mano en el corazón” para atender el caso “con la urgencia que merece”.

Ante estas afirmaciones, la Contraloría aclaró hoy lunes en un comunicado que el presupuesto extraordinario remitido por la CCSS llegó a la CGR el jueves 6 de noviembre y que, desde ese momento, “se encuentra en análisis a la brevedad” dentro de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, área competente para su revisión.

La institución también precisó que el presupuesto extraordinario de la Caja no se limita al rubro de licencias de cuido, sino que abarca diversos gastos por un total de 50.459 millones de colones, por lo que “no es posible resolver únicamente sobre los ¢2.700 millones destinados a licencias”.

Además, el órgano contralor subrayó que la responsabilidad de remitir la gestión conforme a derecho y en tiempo recae sobre la CCSS, no sobre la CGR. “La intención de culpabilizar a la Contraloría por lo que pueda ocurrir está fuera de lugar, además de lo tardío de la gestión y de las claras responsabilidades que recaen sobre el gestionante”, puntualizó el comunicado.

La CGR afirmó finalmente que, una vez concluido el análisis, informará “de forma inmediata y con la urgencia que el caso requiere”.

Proyecto de ley pendiente

Durante la conferencia del viernes, la ministra Bogantes aseguró que no es necesario el proyecto de ley presentado por el diputado Acuña (expediente 25.240) que autoriza incorporar recursos del Presupuesto de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cuando se agoten los recursos de las licencias de cuido a personas en fase terminal, a personas menores de edad gravemente enfermas y a otras contempladas en la Ley 7756.

Las afirmaciones de Bogantes se dieron a pesar de que la Contraloría ya confirmó la necesidad de una reforma legal para poder girar más recursos para el pago de estas licencias.

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del ente contralor explicó que la Ley 5662, que regula el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), limita expresamente el financiamiento a un 0,5% de sus recursos para cubrir los subsidios de la Ley 7756. A la fecha el Poder Ejecutivo todavía no ha convocado para el periodo de sesiones extraordinarias (que iniciaron este mes de noviembre) el expediente 25.240.

Resolución de la Sala IV

El pasado 5 de noviembre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) pagar las licencias extraordinarias de cuido de personas en fase terminal o gravemente enfermas que permanecen impagas y garantizar el trámite oportuno de nuevas solicitudes.

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El Tribunal resolvió varios recursos de amparo presentados por personas afectadas por la suspensión o el atraso en el pago de estos beneficios, y reafirmó que el Estado no puede alegar falta de recursos para incumplir obligaciones sociales previamente reconocidas, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales y el interés superior de personas menores de edad o con enfermedades graves.

En su resolución la Sala subrayo que los derechos a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la protección de la familia prevalecen sobre cualquier restricción presupuestaria. Por ello, instaron a las autoridades a adoptar medidas para asegurar la continuidad y efectividad de las licencias de cuido.