El acuerdo entre el Ministerio de Salud y 15 municipalidades de San José y Heredia para atrasar dos años los plazos del decreto de regionalización de residuos sólidos y establecer una mesa técnica de negociación es una buena noticia, la cual rectifica un grave e innecesario error de la ministra Mary Munive y se enmarca totalmente dentro de lo que plantee en un artículo previo en este medio.

No fue un simple ajuste, sino un cambio fundamental, que llega tras meses de reclamos municipales. Esto viene a dar la razón a quienes cuestionamos los plazos absurdos e imposibles de la disposición original, lanzada desde la incompetencia: sin planificación suficiente, sin inteligencia operativa y sin respaldo financiero.

Qué bueno que rectifican, pero no olvidemos como llegamos aquí, para que no vuelva a pasar. El decreto de la ministra Munive era una receta para el desastre: distancias y cronogramas antojadizos, como si las rutas y las capacidades de las municipalidades fueran iguales en todo el país. Se anunció “orden” sin idea de los costos y sin plata.

El Ministerio de Salud tuvo cuatro años para atender la impostergable crisis de residuos, los desaprovechó y luego su “mejor” idea fue patear la bola: trasladar la responsabilidad a las municipalidades y al próximo gobierno. Llegaron con un problema que se veía venir y, tras cuatro años, lo entregan como un desastre: más caro, más frágil y con menos tiempo para resolver.

Ante eso, la prórroga en los plazos era indispensable. Pero el tema sigue siendo un “regalo envenenado” que la ministra Munive le deja al próximo Gobierno, porque adentro trae una crisis lista para estallar:  años de postergar decisiones, rutas sin rediseñar, rellenos al límite, compras de emergencia que encarecen el servicio y tarifas más caras. Por todo esto, cuando llegue el próximo Gobierno y abra el “regalo”, encontrará rellenos sanitarios agotados, riesgos de salud en decenas de cantones y un sistema lleno de parches.

Queda por hacer lo obvio, que se evitó en la primera versión de la normativa: escuchar de verdad a las municipalidades, mostrar cómo se ordenará el sistema con números, comprometerse en público con cronogramas que sí se cumplan y apoyar la transición con recursos reales. A partir de ahí, sí se puede pedir corresponsabilidad a las municipalidades y exigir mejoras medibles en separación y valorización.

Cambiar tiempos sin cambiar el método llevará a repetir el fracaso con otra fecha. Lo que hace falta no son “respiros”, sino un plan público con números, responsables, cronograma y plata. El país necesita mejores resultados en este ámbito, y no es justo que la factura de la incompetencia de la ministra Munive la pague la ciudadanía.

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