Operativo demolió 73 estructuras levantadas en un área protegida que sirve de acceso a Vivoyet (Crucitas).
Las autoridades ejecutaron un operativo de desalojo y demolición de estructuras en un asentamiento ilegal ubicado en Chorreras, en el distrito de Cutris, San Carlos. La intervención respondió a la resolución emitida bajo el expdiente 25-000857-306-PE por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, que ordenó el retiro de las personas que permanecían en la zona y la eliminación de construcciones no autorizadas.
El procedimiento se desarrolló con la participación coordinada de los ministerios de Seguridad Pública, Ambiente y Energía, Salud, la Municipalidad de San Carlos, el Poder Judicial, la Policía Profesional de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Las instituciones aplicaron protocolos de seguridad para resguardar a los funcionarios y a la población durante la diligencia.
Según Seguridad Pública, en el sitio se concentraban ocupaciones irregulares que funcionaban como "puerta ancha de acceso a Vivoyet (Crucitas)", punto señalado como ingreso principal para actividades de extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, presión sobre la fauna silvestre y la habilitación de actividades no autorizadas, incluyendo comercio informal y movimientos transfronterizos sin control.
Las autoridades retiraron a las personas que se encontraban en el asentamiento, en su mayoría dedicadas a la minería ilegal, y procedieron a demoler las estructuras instaladas sin permiso. La orden judicial había sido notificada el 17 de julio y otorgaba un plazo de dos meses para abandonar voluntariamente el área, clasificada como silvestre protegida y de alta fragilidad ambiental.
El Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del SINAC y el Área de Conservación Arenal Huetar Norte, señaló que el sitio posee un valor ecológico relevante por su biodiversidad, la protección de fuentes de agua y su función de conectividad biológica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo.
La resolución incluyó la orden de desocupar 73 viviendas ocupadas por coligalleros que ingresaron este año. El Tribunal recordó que instalarse nuevamente en el lugar o permanecer sin autorización constituye un delito y puede derivar en sanciones adicionales por desobediencia.
Foto: MINAE
