En Costa Rica producimos más residuos de los que podemos manejar. Rellenos sanitarios al límite, cantones enviando desechos a decenas de kilómetros, reciclaje bajo y costos en alza. Todo esto ocurre sin una planificación nacional seria: no hay hoja de ruta clara sobre dónde ampliar capacidad, cómo financiarla ni para cuándo.

Frente a ese panorama, la ministra de Salud, Mary Munive, no quiso, no supo o no pudo encarar la tarea. Ahora que varios rellenos están al límite, optó por un decreto con el que el Ministerio de Salud quiere quitarse la responsabilidad de encima y trasladar la bronca a las municipalidades y el pago a los ciudadanos.

¿Será mera casualidad que el decreto estipule que la posibilidad de trasladar los residuos como hoy opera en la mayoría de cantones vence a fines de abril de 2026, a quince días de que empiece el próximo gobierno, al cual se le deja semejante “regalo envenenado”?

Para resolver el problema de residuos se necesitan cuatro cosas: infraestructura, operación, dinero y tiempo. Muchos cantones no tienen sitios cercanos y seguros para su tratamiento y construirlos toma años. También se requieren rutas, camiones, personal y contratos. Nada de eso se improvisa ni lo pueden costear solos los municipios. El decreto de Salud no garantiza esto, carga el peso a otros y patea la bola hacia adelante. Como si fuera poco, también fija distancias máximas para el traslado de residuos sin ningún tipo de sustento técnico ni conocimiento de los territorios, lo cual sucede por no incluir a los gobiernos locales en estas decisiones.

El peso real financiero, logístico y político del decreto no le corresponderá al gobierno actual: en mayo arrancará una nueva administración con este problema encima. En tico, pidieron todo lo del menú, se van y dejan la cuenta al que sigue.

Este decreto traslada el costo al ciudadano. La normativa no permite cubrir el servicio con otros ingresos municipales: la recolección debe financiarse con su propia tarifa. Y cuando el costo aumenta, recae sobre los usuarios. Aunque la idea es acortar trayectos, los minirellenos suelen costar más por tonelada que los rellenos grandes que reciben altos volúmenes, porque no aprovechan economías de escala y reparten costos fijos entre menos residuos. Al final el servicio saldrá, sí o sí, más caro.

Con este decreto, sin inversión ni apoyo del Ministerio de Salud, se darán decenas de contratos de emergencia (más caros de lo usual) y la cuenta terminará en cada casa, con un servicio frágil que se cortaría ante cualquier imprevisto.

La ministra Munive aún está a tiempo de corregir. La ruta correcta es empezar por sentarse a conversar con las municipalidades en una comisión técnica con voz vinculante, donde el objetivo sea buscar soluciones y no chocar.

Pero lo primero debe ser la suspensión del decreto. Enderezar ahora es la diferencia entre una transición ordenada y un caos cantonal que saldrá más caro en dinero, ambiente y salud para la ciudadanía y le dejará un regalo tóxico al próximo Gobierno.

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