Manuel Morales señaló que Costa Rica enfrenta un inminente colapso en la disposición final de desechos, especialmente en el GAM.

El diputado oficialista Manuel Morales Díaz presentó un proyecto de ley que pretende reformar la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N.° 8839) y enfrentar la emergencia nacional por la saturación de los rellenos sanitarios en el país.

Se trata del expediente N.° 25.271, "Ley para promover la valorización energética de residuos orgánicos y fortalecimiento de la generación sostenible”.

De acuerdo con el texto, Costa Rica enfrenta un inminente colapso en la disposición final de desechos, especialmente en el Gran Área Metropolitana (GAM), donde los rellenos sanitarios de Uruka (La Carpio) y Aczarrí (Aserrí) concentran cerca de 3.000 toneladas diarias de residuos y se encuentran al límite de su capacidad.

El primero dispone de menos de un año de vida útil, y el segundo podría operar apenas tres años más si no aumenta el volumen de ingreso.

El texto plantea fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud para que pueda fomentar, coordinar y participar directamente en proyectos de aprovechamiento de residuos, en alianza con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), municipalidades y otros actores públicos o privados.

La iniciativa promueve el uso de tecnologías sostenibles, como la biodigestión, el compostaje o la gasificación, para convertir los desechos en energía renovable y reducir la cantidad enviada a disposición final.

El proyecto subraya que más del 50 % de los residuos sólidos del país son de origen orgánico y podrían ser valorizados.

También plantea sanciones económicas para las municipalidades que incumplan sus obligaciones en materia de recolección, tratamiento y disposición de desechos, con multas que podrían alcanzar hasta 500 salarios base en casos de incumplimientos graves o reiterados.

Asimismo, la iniciativa faculta al Ministerio de Salud y al ICE a invertir y operar proyectos energéticos basados en residuos, crear un fondo nacional para la gestión integral de residuos y establecer alianzas interinstitucionales que permitan desarrollar infraestructura moderna en zonas críticas.

La propuesta legislativa se enmarca dentro de los objetivos del Plan Nacional de Descarbonización 2018–2050, la Estrategia Nacional de Economía Circular y la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023–2033, que promueven la reducción progresiva del uso de rellenos sanitarios, el aprovechamiento energético de los residuos y la regionalización de la gestión de desechos.

Entre los beneficios esperados, la iniciativa destaca:

  • Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Creación de empleos verdes y oportunidades locales.
  • Mejora de la salud pública y reducción de impactos ambientales.
  • Fortalecimiento de la gobernanza estatal en materia de residuos.

La propuesta está a la espera de que se le designe una comisión legislativa para su estudio.