La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) fue fundada el 21 de mayo de 1985 por un grupo de vecinos y vecinas, en su mayoría del cantón de Moravia, quienes con suma preocupación decidieron actuar ante los retos ambientales de aquel momento fundando una de las primeras ONG del país dedicadas a la protección ambiental. 

En esta década aparecen también el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), la Fundación Neotrópica, la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), entre otras. Sin embargo, la cantidad de organizaciones dedicadas a la protección ambiental era bastante reducida.

No es casualidad que sea en los 80 cuando surgen varias ONG de este tipo en Costa Rica, su aparición emerge como respuesta a un altísimo nivel de deforestación de aquellos años, además de otros problemas como la cacería legal (fuera de parques nacionales) e ilegal, la inadecuada gestión de residuos sólidos, la extracción ilegal de flora y el tráfico de vida silvestre ¿Les suena conocido?

La mayoría de estos problemas persiste en mayor o menor medida, ya en el actual milenio se suman otros, como la gentrificación y su impacto en la vida silvestre, la inefectividad de la SETENA y de otras instituciones, el impacto cada vez más significativo del Cambio Climático, el elevado uso de agroquímicos en el país, etc.

Pese a la amplia normativa nacional, la ratificación de una cantidad significativa de tratados internacionales en materia ambiental y a la creación de la jurisdicción constitucional (1989), el país enfrenta una degradación ambiental significativa que ha sido ampliamente advertida por el Informe Estado de la Nación desde hace más de una década.

La cacería  se encuentra prohibida en los parques nacionales desde finales de la década de los 70 de conformidad con la Ley 6084 de 1977, posteriormente fue prohibida en el resto del país desde el año 2012 como resultado de una reforma a la Ley de Vida Silvestre (Ley 9106 de 2012) presentada mediante iniciativa popular por parte de APREFLOFAS con el apoyo de del 5% del padrón electoral, el equivalente a casi 175 mil firmas al momento de presentarse el proyecto en el año 2008. Así, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir la “cacería deportiva” y el primero en Centroamérica y El Caribe en aprobar una ley presentada mediante iniciativa popular.

Posteriormente, APREFLOFAS participaría de la elaboración del reglamento de la Ley de Vida Silvestre, el cual se encuentra vigente desde el 2017 (Decreto 40548-MINAE).

Durante su primera década la organización se dedicó principalmente a operativos de control y vigilancia en coordinación con la policía, guardaparques y luego con apoyo de los COVIRENAS. Entrando al nuevo milenio, la organización empezó a implementar campañas de sensibilización e información, la investigación y la educación ambiental; la obra de títeres llamada Perico de los Palotes fue presentada en más de cien escuelas durante el segundo lustro de la primera década del milenio, esta versaba sobre un ave silvestre enjaulada en una casa, situación que fue muy común en Costa Rica y que poco a poco ha sido revertida. También desde finales de los 90 la organización promovió iniciativas de turismo rural comunitario.

El litigio ambiental mediante recursos de amparo, casos en el tribunal contencioso administrativo y en sede internacional fue una de las acciones más importantes de la organización durante el período 2009-2022. 

Crucitas

Con todo y todo, desde el movimiento ecologista, con el apoyo de artistas y del sector académico se logró establecer la moratoria de la exploración y explotación petrolera y detener el impacto de la minería a cielo abierto en Crucitas por la vía judicial, en ambos casos la incidencia la sociedad civil tuvo un rol protagónico.

Lamentablemente, la situación de la minería ilegal en Crucitas persiste desde 2017, pese a recursos de amparo (sentencia 2021-20047) interpuestos por organizaciones ecologistas y distintas propuestas de APREFLOFAS y otras ONG presentadas entre 2015 y 2022.  

La “solución” para esta delicada situación por parte de la actual Administración ha sido presentar proyectos de ley que permitirían la minería a cielo abierto, una de las industrias más contaminantes del mundo. 

Valga mencionar, que la minería ilegal en Crucitas no “es culpa de los ecologistas” ni de las organizaciones que llevamos el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), cuya sentencia anuló de forma unánime la concesión debido a las severísimas ilegalidades (sentencia 2010-4399). De igual manera, la Sala Primera de forma unánime, al resolver la casación reiteró (sentencia 1469-F-S1-2011) lo resuelto por el TCA. 

El juicio ante el contencioso duró casi un mes y hubo testigos, peritajes y prueba documental tanto de los demandantes (APREFLOFAS, UNOVIDA, Jorge Lobo) como de los demandados (Industrias Infinito y el Estado).

La contaminación derivada del uso de mercurio y cianuro en la minería ha sido señalada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el Manual sobre Debida Diligencia Ambiental en las Cadenas de Suministro de Minerales (2024) entre otros reportes de esa misma organización.

Otras organizaciones como Greenpeace han señalado reiteradas veces los problemas sociales y ambientales relacionados con la minería ilegal y la minería a gran escala en América Latina, la documentación científica es amplia; no es un invento de los grupos ecologistas. 

Desafortunadamente, el Estado sigue sin tomar medidas definitivas para resguardar la zona, si bien es una zona de difícil acceso, resulta cuando menos curioso que hayan pasado ya casi 8 años desde los primeros reportes de minería ilegal. La extracción ilegal de oro tampoco es nueva en Costa Rica, hay antecedentes en el Parque Nacional Corcovado desde la década de los 70.

Megaproyectos

Costa Rica es uno de los pocos países megadiversos del mundo, debido a su riqueza en flora, fauna, ecosistemas de humedales, ríos, extensión marítima, microrganismos, microclimas y su posición geográfica; alberga entre un 5 y 6% de la biodiversidad mundial.

Esta situación le ha generado fama internacional, una industria ecoturística con altos grados de sostenibilidad que se ve contrastada por megaproyectos, turismo de lujo y el rebasamiento de la capacidad de las áreas protegidas, el Parque Nacional Manuel Antonio es muestra de esto.

La fama no dura para siempre, los recursos naturales no son infinitos. Al igual que en los 80, los restos de hoy son enormes. Afortunadamente, existen ya no solo unos pocos, sino cientos de colectivos, grupos y organizaciones.  Sin embargo, el presupuesto estatal destinado a la protección ambiental (bastante escaso), la poca efectividad de la políticas, planes y acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo; y una institucionalidad la gobernanza ambiental muy venida a menos plantean un escenario lleno de obstáculos, ejemplo de ello las recientes viabilidades ambientales otorgadas por la SETENA en el humedal de CORIS, Playa Panamá, Corredor Biológico Paso de la Danta o el caso de Gandoca Manzanillo, entre otros.

Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía activa, unida, organizada y decidida. El reto no es menor. Debemos proponer una discusión seria desde la ciencia y las necesidades de las comunidades, incluyendo el acceso al agua potable consagrado en la Constitución Política. Por cierto, si me lo preguntan, la SETENA debería ser intervenida, no hay explicación lógica para tanta ineficiencia.

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