Las fiscalías Ambiental y Anticorrupción realizaron 26 allanamientos este 20 de agosto por el caso.

El Ministerio Público informó que los allanamientos por irregularidades en el Plan Regulador Costero de Talamanca que habría beneficiado a empresarios privados para explotar de manera irregular zonas cercanas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo, continuaron este miércoles.

En un comunicado a la prensa señalaron que la Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Anticorrupción aún siguen en desarrollo de tres de los 26 allanamientos que se realizaron este 20 de agosto.

Las autoridades realizan los trabajos específicamente en oficinas de la Municipalidad de Talamanca, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en su sede de Santo Domingo, Heredia.

Como parte de las diligencias, ayer se ordenó la detención de un hombre de apellido Domínguez Barros, quien labora en la oficina regional del Área de conservación La Amistad Caribe (ACLAC).

A esta persona se le tomó la declaración indagatoria y continúa aprehendida, a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde se realizará la audiencia de solicitud de medidas cautelares.

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El caso

Este martes 20 de agosto los agentes de las secciones de Anticorrupción y la Especializada en Delitos Ambientales y de Bienestar Animal (Sedaba) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron  26 allanamientos en  en la provincia de Limón, propiamente en el cantón Central así como en Talamanca y Siquirres, y además en San José, propiamente en Montes de Oca en el área de Barrio Dent y Tibás; también se hicieron algunos en la provincia de Heredia.

Según compartió el OIJ, en el proceso de la creación del Plan Regulador Costero de la zona de Talamanca habría presuntas anomalías por parte de personeros de varias instituciones como la Municipalidad de Talamanca, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena), el Instituto Costarricense de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), así como personas particulares pertenecientes al Consejo Local del Área de Conservación La Amistad-Caribe (Aclac) y el Consejo Local de Áreas de Conservación (Colac).

En los allanamientos se pretende la recolección de indicios para investigar los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, invasión a la zona marítimo terrestre y otros delitos adicionales.

Se presume que la anomalía tiene relación con la tramitación y aprobación de dicho Plan Regulador por parte de la Municipalidad de Talamanca.

Al parecer, el plan se hizo contraviniendo la normativa nacional e internacional, afectando los bosques y humedales cercanos al Refugio Mixto de Gandoca Manzanillo, en Talamanca.

El Ministerio Público sospecha que eso se logró tras un acuerdo entre empresarios de la zona y funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones. Esto habría beneficiado a personas particulares enfocados en la explotación turística, empresarial, urbanística y comercial en zonas no permitidas.

En consecuencia, esto provocó aparentes actos como la eliminación de humedales, tala ilegal de árboles, invasión a la zona marítimo terrestre y territorios indígenas, así como el presunto cambio de uso de suelo.

El director del OIJ, Randall Zúñiga López, explicó:

Tenemos un plan regulador con varias falencias que podrían favorecer eventualmente ciertos grupos de interés particular privados y lo que conllevaría a un deterioro de la flora y la fauna de este cantón de Talamanca, siendo que tenía el visto bueno de varias instituciones públicas y parte de lo que se está realizando es determinar la participación de ciertos funcionarios de interés para la investigación, dentro de este plan regulador que fue de alguna forma un poco laxo".

Y continuó:

Esta situación favoreció que varios intereses particulares se vieran beneficiados con la concesión de permisos en apariencia y esto determinó que se diera un gran daño a lo que son humedales, por ejemplo, la tala ilegal de árboles, y en general la explotación turística en la zona".

La evidencia obtenida en los operativos será incluida dentro del expediente 23-000250-1218-PE, para continuar la investigación.

Zúñiga López agregó que esta investigación nació hace varios meses y es producto de varias denuncias que se generaron alrededor de concesiones que se han dado en apariencia de manera irregular.