Ilka Treminio advirtió que el órgano enfrenta restricciones para ejercer su función fiscalizadora y denunció contradicciones en la actuación del rector Carlos Araya.
Ilka Treminio Sánchez, actual integrante del Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), denunció esta semana una serie de irregularidades que comprometen el funcionamiento del órgano colegiado y el principio de rendición de cuentas dentro de la institución. Su denuncia se dio durante el Foro abierto sobre el futuro de la UCR: análisis de la coyuntura actual, celebrado el pasado martes 29 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales.
Treminio afirmó que desde enero, cuando asumió funciones en el CU, ha presenciado “una gran falta de altura en el manejo político y la comunicación política de la institución”, especialmente frente a la crisis institucional desatada por los casos OEPI y RRSA. Describiendo su experiencia en este breve periodo indicó “yo no he sentido que han pasado 4 meses sino como si hubieran pasado dos años de trabajo”.
Durante su ponencia, la consejera relató que en su primer intento por solicitar información sobre las denuncias presentadas contra la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), su moción fue bloqueada en plenario, lo que retrasó en más de un mes el acceso del órgano colegiado a los informes de la Contraloría Universitaria.
Durante ese mes y medio, se nos impidió conocer información sobre la que ya había denuncia y sobre la que el órgano debía actuar”.
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Fiscalización con amarras
Treminio reclamó que el reglamento del Consejo Universitario (así como la reglamentación interna) es sumamente omiso sobre los procedimientos legales. También cuestionó las limitaciones propias de contar en el CU con un solo asesor jurídico que “responde a la dirección del consejo y por lo tanto los demás miembros nos vemos impedidos de contar con una visión que nos garantice una confianza en la que podemos considerar que hay un balance en la opinión”.
Durante su exposición Treminio, además, denunció la dificultad para fiscalizar desde el consejo: “estas carpetas confidenciales que contienen estos informes y otras cartas, correspondencias, denuncias y demás, no pueden ser debidamente verificadas y leídas porque permanentemente se nos dice que todo lo que es descargado de el OneDrive tiene un rastro y por lo tanto cualquier cosa que se filtre se le va a indilgar a la persona que aparece en el rastro del proyecto como la última que lo revisó”.
Teresita Cordero Cordero, Carolina Carazo Barrantes e Ilka Treminio Sánchez participaron del conversatorio organizado por Nancy Piedra Guillén.
La consejera advirtió que tal situación es tan extrema que hasta la fecha desconoce el contenido de la denuncia presentada por el CU ante la Fiscalía, a pesar de haber votado a favor de la misma. Según explicó, este tipo de situaciones ilustran que el consejo no cuenta con el respaldo jurídico necesario para ejercer adecuadamente su función fiscalizadora, lo que ha generado un ambiente de confusión jurídica y temor a represalias.
Es una situación realmente de una impotencia porque hacer las preguntas políticas y de control en el Consejo Universitario se convierte en una situación prácticamente de traición”.
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Treminio también denunció una política institucional de restricción a la libertad de expresión. Señaló que las circulares de la Rectoría han cuestionado a periodistas y a miembros de la comunidad universitaria que han brindado declaraciones a los medios. Con impotencia, resumió la situación actual que enfrentan las voces críticas dentro del consejo:
No podemos hablar sobre las carpetas confidenciales... No podemos hablar con la prensa... Lo que dice la prensa es tergiversar... Entonces yo quiero preguntar ¿cuál es la función de control que puede hacer el Consejo Universitario en este marco?”.
Una inhibitoria muy particular
La consejera cuestionó además las contradicciones del rector Carlos Araya Leandro, quien ese mismo día se excusó de dialogar con docentes y estudiantes de la Facultad de Educación por estar “inhibido”con respecto al caso OEPI, pero luego votó en el consejo una moción relacionada con el mismo tema. “¿Cuál es la inhibitoria que está expresada en la circular?”, preguntó Treminio, aludiendo a la circular R-145-2025, en la que el rector se “apartó” de conocer temas referentes a OEPI.
DatoD+: En la R-145-2025 (del lunes 31 de marzo) el rector escribió: “Que en consideración a que aparentemente existe una denuncia contra el suscrito en la Procuraduría de la Ética Pública y en aras de la transparencia que debe caracterizar una intervención y el proceder institucional, la Rectoría se abstendrá de conocer cualquier asunto relacionado con la OEPI, de manera que se encarga a la Vicerrectoría de Administración la función de superior jerárquico de la OEPI, hasta que se determine lo contrario”.
La mañana del martes 29 un grupo de estudiantes, docentes y funcionarios de Educación se manifestaron en las instalaciones del Consejo Universitario, para protestar por las demoras en el proceso de construcción del edificio anexo de la facultad. Araya no los recibió ni atendió sus reclamos, excusándose en su “inhibitoria”, por lo que envió a Patricia Fumero Vargas (directora del CU) y a Rosa Cerdas González (vicerectora de Administración) a conversar con los manifestantes. A pesar de eso ese mismo día votó una moción presentada por Treminio en el Consejo Universitario para dar seguimiento a las demandas de los manifestantes.
La gestión de Patricia Fumero Vargas al frente del Consejo Universitario fue criticada durante el conversatorio.
DatoD+: Debido a que Araya fue denunciado ante la Procuraduría de la Ética por el Caso OEPI la consejera Treminio presentó una moción al CU el martes 1 de abril para exhortar al rector a inhibirse de emitir criterio en los asuntos relacionados al informe de la Oficina de la Contraloría Universitaria (OCU) sobre OEPI. Araya votó en contra de la moción (alegando que era innecesaria por la R-145-2025) y consiguió que no fuera aprobada gracias al voto de calidad de la directora del CU, Patricia Fumero Vargas. A razón de esto la Fiscalía abrió una causa de oficio contra Araya por presunto incumplimiento de deberes.
Treminio reclamó que la “inhibición” firmada por Araya en la R-145-2025 es confusa en términos de su verdadero alcance y que por eso ella presentó la moción para exhortarlo a inhibirse de todos los casos a los que aludió la OCU con respecto a OEPI (moción que fue rechazada por el CU): “La evidencia de la confusión que esto genera está en que por un lado no puede bajar a hablar con la decana, docentes, administrativos y estudiantes (de Educación) porque eso le corresponde a la vicerectora de administración, pero sí puede votar la moción que se está presentando para que se continúa con el análisis sobre la infraestructura de la Facultad de Educación”.
Patricia Fumero, directora del CU, aseguró que él rector no atendería la protesta porque estaba "inhibido a referirse a cualquier tema de edificios". Foto: Josué Arévalo Villalobos.
La crisis institucional de cara al FEES
Finalmente, Treminio advirtió que el desprestigio institucional podría debilitar la legitimidad de la UCR en la próxima negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por lo que hizo un llamado urgente al CU para retomar el liderazgo colectivo, propiciar espacios reales de diálogo interno y además revisar el reglamento salarial aprobado, antes de que las consecuencias legales y reputacionales sean mayores.
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Yo creo que la situación que tenemos es crítica y creo que va a aumentar y que va a abonar al desprestigio que va a pesar en la negociación del FEES y por lo tanto en la propia sobrevivencia de la universidad”.
Otras voces críticas
Montserrat Sagot Rodríguez, doctora en Sociología. Fotografía: UCR.
Durante el conversatorio funcionarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica también tomaron la palabra y participaron de la discusión. Por ejemplo, Montserrat Sagot Rodríguez recomendó que la Rectoría se separe completamente del caso OEPI, sin delegarlo a la vicerrectora de Administración “que al final al cabo es su subalterna”.
Sagot insistió en la importancia de separar a las dos personas investigadas por el Caso OEPI independientemente de las medidas cautelares que imponga el Poder Judicial “ya sea enviarlas de vacaciones, trasladarlas, pero no pueden tener ninguna relación con la OEPI”. Extendió la misma sugerencia “como un gesto de buena fe” para el caso de otras personas cuestionadas, como el director del Centro de Informática.
Adicionalmente, sugirió que se detenga la aplicación del RRSA mientras se revisa su impacto. Por último, cuestionó duramente el uso del voto doble por parte de la directora del CU, Patricia Fumero Vargas con el fin de favorecer los intereses del rector Carlos Araya Leandro: “cuando yo fui directora asumí el compromiso de jamás en la vida usar el voto doble”.
Aludiendo a la situación general que atraviesa la UCR, dejó claro que el impacto va más allá de la reputación de la casa de estudios:
Esto está teniendo un impacto hacia adentro en la salud mental de la comunidad universitaria, la gente está angustiada, enojada, no sabe cómo responder, ya aquí estamos viendo un efecto práctico de deslegitimación pero también en la cultura institucional”.
Josué Arévalo Villalobos, educador e investigador. Foto: LinkedIn.
Josué Arévalo Villalobos de la Escuela de Psicología y del Instituto de Investigación y Educación retomó los incidentes de esa mañana durante la protesta por el edificio anexo de Educación y preguntó: “¿Por qué la directora del Consejo Universitario (Patricia Fumero Vargas) miente para proteger al rector?”.
Doña Patricia mintió de forma abierta, le mintió a la gente y eso me parece una falta de respeto y muy indigno de su cargo”.
Además, Arévalo criticó la estructura antidemocrática de la universidad: “Esta estructura en la cual una pequeña casta elige al rector ya no puede ser”. El educador e investigador pidió una elección universal y mecanismos reales de rendición de cuentas. “Hay que generar condiciones para que esto se pueda hablar”.
Que venga a dar la cara, para eso fue elegido”.
Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Foto: UCR.
Leonardo Castellón Rodríguez, decano de Ciencias Económicas y coordinador del Área de Ciencias Sociales, confirmó que el Consejo de Área solicitó formalmente al rector una audiencia presencial para hablar sobre OEPI, RRSA y el FEES, pero hasta el momento no habían recibido respuesta. Castellón acotó que el video preparado por el rector con la Oficina de Comunicación Institucional y difundido el propio martes no es una manera de conversar con la comunidad:
El dijo en campaña que él era de escucha... bueno, eso es lo que queremos”.
Castellón destacó también su preocupación por el ambiente de miedo que se vive en la UCR:
Si en la Universidad de Costa Rica tenemos miedo, ¿qué vamos a esperar en la sociedad?”.
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Esperanza Tasies Castro es la representante de las Sedes Regionales en el Consejo Universitario (periodo 2025-2028). Foto: UCR.
Esperanza Tasies Castro, también integrante del CU, denunció que se están cortando las transmisiones de las sesiones, generando molestia en la comunidad. Además, reveló que diputados ya han comunicado a CONARE que “no están dispuestos a conversar con el rector”, y llamó al CU a asumir un rol protagónico en las negociaciones del FEES.
El grupo que está apoyando a don Carlos no ha analizado que nos están echando encima a toda la opinión pública, que esto va a tener consecuencias en la discusión del FEES”.
Tasies también agradeció la presencia de Ilka Treminio en el consejo “si no sería mucho más grande la soledad” y reiteró la importancia de la democratización y de abrir espacios de diálogo:
Es terrible que estemos callados y todo el mundo llamando al silencio que por favor no se converse este tema, que este tema está muy duro... (...) No, tenemos que conversarlo porque la opinión pública dice que toda la UCR está de acuerdo con lo que está pasando”.
Nancy Piedra Guillén, docente de Sociología, quien propició el foro. Foto: UCR.
Nancy Piedra Guillén, docente de Sociología y organizadora del foro, denunció que le llamó la atención el temor que existe en la UCR: “... La situación que viví tratando de organizar este tipo de espacio... no me esperaba que tanta gente planteara el tema del miedo, eso es muy peligroso”.
Hablamos de democracia pero ¿cómo vamos a hablar de una democracia cuando tenemos miedo?”.
Piedra confirmó que se invitó formalmente a Patricia Fumero Vargas (directora del CU) y al vicerrector de docencia (Jáirol Núñez Moya) a participar en el evento. Ambos se mostraron inicialmente abiertos a sumarse, pero retiraron su participación el lunes.
La docente recalcó que lo que se requiere es “diálogo directo, el diálogo no existe si es indirecto”. Aludiendo al video que subió la Oficina de Comunicación Institucional el martes dijo: “no hacemos nada con que nos graben un video de preguntas y respuestas ya elaboradas”. Y agregó:
El video que hoy firmaron (...) daba bastante vergüenza, es un guión muy montado, ¿de qué están hablando? (...) Nos están tratando como si fuéramos ignorantes”.
Piedra concluyó recalcando la importancia de generar espacios efectivos de comunicación con las autoridades cuestionadas. “Tenemos que tratar de seguir incidiendo en esta idea de un diálogo frontal, abierto (...) no vamos a seguir actuando como si nada estuviera pasando”.
Finalmente, Teresita Cordero Cordero, quien a lo largo del conversatorio compartió su experiencia en el Consejo Universitario y su lectura crítica de la crisis, cerró el espacio con una advertencia que por su evidente connotación, resonó en toda la sala:
Este camino va a ser tortuoso. Cuatro meses de una rectoría. Cuatro meses... o sea, ¿qué irá a pasar en cuatro años?”
