Estudio alerta que el desplazamiento forzado de periodistas representa un ataque a la libertad de expresión y amenaza la democracia en la región.

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica presentó los resultados del informe "Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano" el cual identificó que, entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, persecución y cierre de espacios cívicos en sus países.

Dato D+: la investigación se realizó durante el 2024, la cual que incluyó 29 entrevistas, cuatro grupos focales, dos encuestas virtuales, así como análisis documental.

La investigación encontró que Venezuela, Nicaragua y Cuba son los lugares que más han obligado a periodistas a huir. En total, estas tres naciones concentran el 92% de las salidas estimadas. A estos países se suman otros como Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, países donde la persecución de las autoridades, la criminalización del periodismo o las amenazas del crimen organizado han ido generando entornos cada vez más hostiles para quienes trabajan en medios de comunicación. El informe advierte:

Esta migración transforma los ecosistemas mediáticos, debilitando la libertad de expresión y de prensa, y vulnerando los derechos comunicativos tanto de quienes parten como de quienes permanecen”.

Además, el informe identificó que los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México. Según la investigación, la elección de estos países responde, en buena medida, a la existencia de redes de apoyo familiares o comunitarias y a las posibilidades de regularización migratoria que ofrecen.

La investigación encontró que la mayoría de los desplazamientos ocurren abruptamente y sin planificación, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Además, se evidenció cómo el exilio se vive en condiciones precarias, con violencia, discriminación, separaciones familiares y problemas de salud física y mental.

Otro de los hallazgos de la investigación es que la mayoría de las personas exiliadas abandonaron la práctica profesional.

La complejidad jurídica y administrativa de fundar y mantener un medio, la dependencia del financiamiento internacional y la necesidad de encontrar una forma de vida estable hace que muchas de estas personas dejen el periodismo, generando vacíos y desiertos informativos que lesionan tanto la libertad de prensa como de expresión”.

Según indicaron los investigadores "se trata de una situación donde las personas sufren de un acceso limitado a derechos básicos como salud, vivienda y trabajo, que les dificulta reconstruir sus vidas y mantener su estabilidad económica”.

Para Giselle Boza, coordinadora académica del estudio y del Proledi, los hallazgos del informe son una señal de alerta para toda la región:

Los resultados reflejan, de manera preocupante las condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en un contexto de evidente erosión democrática, un debilitamiento de la institucionalidad y el aumento de la represión hacia el trabajo de la prensa. El periodismo es, cada vez más, una actividad de alto riesgo.”

Por su parte, el coordinador del equipo de investigación, Óscar Mario Jiménez, señaló que los hallazgos evidencian “un deterioro alarmante de las garantías para ejercer el periodismo en Latinoamérica”. Según Jiménez, se trata de una situación que debe detenerse:

Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora”.

Además de Jiménez, el equipo de investigación estuvo conformado por Dagmar Thiel desde Estados Unidos, Alejandra Matus desde Chile y Johanna Rodríguez López y Fernando Martínez desde Costa Rica. Además, el estudio fue respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y contó con la participación de investigadoras de la Universidad Diego Portales de Chile y de Fundamedios.