Estudiantes indicaron que en la UCR hay un “clima de terror y persecución” hacia quienes se oponen al actual rector.

En medio de señalamientos a la rectoría y al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), un grupo de estudiantes emitió un pronunciamiento para solicitar respuestas de las autoridades universitarias.

Las personas señalaron que la UCR vive una crisis de legitimidad, apuntando directamente al actuar del Consejo Universitario durante los años 2023 y 2024, así como a la gestión actual del rector, Carlos Araya Leandro.

En el documento los estudiantes indicaron que en la institución académica hay un “clima de terror y persecución” hacia quienes se oponen a Araya Leandro. Además, señalaron que tanto la rectoría como el CU “se esconden" ante las denuncias que circulan en medios de comunicación y entre la comunidad académica.

Hoy pareciera que la Rectoría está escondida de todo, pero lo más grave es que el Consejo Universitario está escondido detrás de la Rectoría”.

En las últimas semanas diferentes medios de comunicación han abordado diversas polémicas que lanzan serios cuestionamientos sobre la actual rectoría. Los cuestionamientos iniciales fueron resumidos en el Reporte Delfino del 9 de abril pasado. Posteriormente Delfino.CR elaboró un reportaje especial documentando cómo a lo largo de 2023 y 2024, el CU aprobó e impulsó un nuevo Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) que fue denunciado por múltiples instancias técnicas internas como carente de sustento legal, técnico y financiero.

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Debido a la falta de sustento técnico, jurídico y financiero, el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán) solicitó a la UCR suspender la aplicación de ese régimen salarial.

A las polémicas ya documentadas hoy se sumó otra. Recientemente el rector Carlos Araya Leandro evitó una moción en su contra al votar a favor de sí mismo en una sesión del Consejo Universitario, lo que impidió que se aprobara un llamado para que se inhibiera de intervenir en asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), en medio de las denuncias por las irregularidades en una serie construcciones. Por este caso, reportó esta tarde La Nación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación de oficio contra el rector este 24 de abril.

En el documento del estudiantado, se presentaron las siguientes solicitudes concretas:

  • Instar a personas decanas y directoras de unidades y sedes, abrir espacios amplios de discusión sobre la crisis de imagen institucional con invitación y convocatoria directa a cada una de sus comunidades universitarias y pedir a la Vicerrectoría de Docencia que de permiso al estudiantado en general de participar de los mismos.
  • Crear un espacio de diversas sensibilidades y personas con criterio técnico, pero sobre todo legitimadas para conformar una comisión que “ante el vacío de liderazgo” pueda orientar la negociación del próximo Convenio FEES.

Las personas estudiantes exigen que para discutir esta propuesta se convoque a una sesión extraordinaria con transmisión en vivo y carente de sesiones de trabajo. El pronunciamiento fue suscrito por 27 estudiantes.