Defensoría y Academia Nacional de Ciencias coinciden que cambio es un retroceso en la salud pública del país.
La Defensoría de los Habitantes y la Academia Nacional de Ciencias (ANC) se posicionaron en contra de las modificaciones al Decreto Ejecutivo N.° 38924-S, que regula la cantidad de plaguicidas en el agua potable del país y que impulsa el Ministerio de Salud.
Defensoría: Propuesta contradice los principios de progresividad y no regresión
La Defensoría comparte la posición de diferentes organizaciones sobre la preocupación por los cambios en los valores máximos admisibles de residuos de plaguicidas, así como por su impacto en la salud pública y el agua para consumo humano.
"La propuesta incrementa los límites permitidos para estas sustancias, lo cual implica una flexibilización de los estándares previamente establecidos, en contraposición al principio de no regresión de los derechos humanos", indicó el ente defensor.
La institución hizo énfasis en que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la sustitución del concepto de "Valor Máximo Admisible" (VMA) por "Valor de Alerta".
La Defensoría advierte que la definición de los valores de alerta podría retrasarse debido a la limitada capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, que no cuenta con los instrumentos ni recursos económicos suficientes para evaluar los análisis químicos en las fuentes locales de agua.
Este retraso podría dejar a comunidades consumiendo agua contaminada durante semanas o meses, en detrimento del derecho humano a la salud y a un ambiente sano. Además, muchos operadores de acueductos carecen de los recursos y conocimientos técnicos necesarios para responder adecuadamente ante la contaminación, alertaron.
Además, la Defensoría considera que esta reforma contradice los principios de progresividad y no regresión establecidos en el derecho internacional y nacional. Las resoluciones enfatizan la necesidad de medidas preventivas y parámetros estrictos para proteger el derecho a la salud y al ambiente sano.
Desde una perspectiva del derecho a la salud pública, al ambiente sano, el principio precautorio debería orientar todas las decisiones, pues ante la incertidumbre o insuficiencia de los análisis, las medidas preventivas deben prevalecer sobre los ajustes a los límites permisibles".
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud que informe sobre el estado actual del trámite del proceso de esta reforma reglamentaria, así como la incorporación de las observaciones recibidas en el proceso de consulta y la justificación emitida en caso de no ser acogidas, con su debida respuesta a la persona consultante.
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ANC califica la propuesta como "un retroceso en la salud pública del país”
La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias (ANC) emitió un pronunciamiento en el que alertaron sobre los riesgos de la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, al considerar que representa un retroceso en la salud pública de Costa Rica.
La ANC coincide con la Defensoría con respecto a que, la intención de sustituir el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua por un valor de alerta, atenta contra el principio precautorio de protección a la salud.
Señalan que si se detecta que la concentración de plaguicidas en el agua supera este valor de alerta, se lleva a cabo un análisis de riesgo para determinar un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR), que podría ser superior al valor de alerta. Si el nivel de plaguicidas se encuentra entre el valor de alerta y el VMAAR, el agua podría seguir consumiéndose sin un límite claro, hasta que el nivel de contaminación disminuya.
Por lo tanto, “la propuesta de modificación del reglamento mencionado constituye un retroceso en la salud pública del país”, añadieron.
Desde la ANC indicaron que les preocupa la ausencia de sectores de la comunidad científica nacional que “tienen un conocimiento amplio y experiencia en estudios sobre calidad y contaminación del agua, y que están en la mejor disposición de aportar estos insumos para generar políticas públicas basadas en evidencia científica y dirigidas al bien común”.
Finalmente, instaron las autoridades y a la sociedad en general a suspender la aprobación de la modificación del reglamento y abrir procesos de análisis y discusión "sobre este delicado asunto, sobre una base científica y en salvaguarda de la salud pública del país”.
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