Propuesta supera en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios técnicos.
Diferentes grupos ecologistas alertaron que el Ministerio de Salud pretende ampliar el límite de plaguicidas en el agua para consumo humano a través de una reforma al Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.
El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del decreto. Con este se impulsa una nueva versión de un reglamento "que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional", detallaron los ecologistas.
La propuesta legalizaría Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
El reglamento actual establece que el valor máximo admisible de concentración de plaguicidas en agua potable corresponde a 0,1 microgramos por litro.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles “alarmantes” de metabolitos del fitosanitario Clorotalonil, indicaron los activistas. Este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno. Sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago. Las fuentes de agua de Cartago sobrepasan este margen (0,1) 470 y 214 veces.
A través de un comunicado a la prensa, los ecologistas señalaron que la reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua.
No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado".
Y continúa el mensaje:
Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil".
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. La sustitución hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano, sino solo emitir una alerta.
Dato D+: El documento está suscrito por: Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba - Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica, diputado Ariel Robles Barrantes, diputada Rosaura Méndez Gamboa y la diputada Kattia Cambronero Aguiluz.
Con esta reforma el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno, aseguran los ecologistas, quienes señalan que con esta propuesta se burla el principio precautorio.
El reglamento sugerido sería además violatorio de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. Estos prohíben cualquier acción que deteriore el medio ambiente natural, altere las características esenciales del aire, agua y suelo, o afecte su calidad y usos previstos, así como la contaminación, daño u obstrucción de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Además, consideran contaminación la incorporación de elementos extraños al agua, salvo aquellos que mejoren su calidad con fines específicos y científicamente aceptados.
Las agrupaciones indicaron que esta intención de la cartera de Salud podría ser inconstitucional, por lo que se preparan para acudir a la Sala IV.
Al respecto de la denuncia, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez Gamboa, indicó que rechaza la propuesta de Salud y la considera como un peligro a la salud pública.
El gobierno sabe que implementar estos cambios relacionados con el suministro de agua potable, pone en riesgo la vida de muchas personas al permitir el levantamiento de las Órdenes Sanitarias que existen actualmente”.
La liberacionista agregó que con este decreto, se normaliza la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas.
Además, dijo que la propuesta representa un retroceso claro en la normativa que regula la presencia de plaguicidas en agua potable en el país, que atenta contra la salud y desprotege este recurso hídrico, además de evidenciar el desinterés por parte de las autoridades.
