Universidades coinciden en que estas normativas deben basarse en evidencia científica.
El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunciaron sobre la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.° 38924-S, que impulsa el Ministerio de Salud y que regula la cantidad de plaguicidas en el agua potable del país.
UNA: Llamado a detener la reforma
El IRET-UNA solicitó a la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, detener la modificación del reglamento con el objetivo de ampliar la discusión técnica. Los expertos del instituto consideran necesario analizar la propuesta que pretende ampliar los valores máximos admisibles en el agua de contaminantes como el plaguicida clorotalonil, sus metabolitos y otros compuestos químicos.
"La modificación propuesta debilita la legislación para la protección de la calidad del agua, ya que convierte el valor de admisibilidad a un valor de alerta. En el caso de los metabolitos del clorotalonil, esto resulta en un aumento de las concentraciones permitidas por un periodo indefinido", puntualizaron.
En su pronunciamiento, la UNA subrayó que la reforma contradice el principio de no regresión ambiental y el derecho humano al acceso al agua potable.
Aunque reconocen que el decreto busca operacionalizar una estrategia para la gestión de riesgo ante eventos por contaminación de plaguicidas en el agua, piensan que estos procedimientos deben ser producto de un análisis multidisciplinario e intersectorial, incluyendo a la academia.
Como alternativa, la universidad propuso fortalecer las políticas estatales para reducir el uso de sustancias peligrosas, mantener la legislación actual sobre límites admisibles de contaminantes y establecer estrategias de monitoreo y remediación del agua contaminada.
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UCR: La reforma expone a la población
Mientras que en la UCR advirtieron que la reforma permitiría niveles alarmantes de clorotalonil en el agua potable, un plaguicida prohibido en Costa Rica desde 2023 por su clasificación como cancerígeno.
La reforma podría exponer a la población al consumo de agua con mayores concentraciones de residuos de pesticidas, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública".
Además, la UCR indicó que el potencial decreto no es claro sobre cómo se determinarán los valores de riesgo para la población y qué medidas de control se aplicarán en caso de contaminación. Según el consejo universitario, las normativas sobre calidad del agua deben basarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y garantizar un monitoreo constante para detectar y mitigar riesgos.
"El decreto propuesto presenta una deficiencia técnica, ya que no establece los mecanismos con los cuales estas metodologías serán definidas. Esto es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos químicos en una muestra de agua", puntualizaron las autoridades de la universidad.
