Feucr señaló que la propuesta de Salud "representa un grave retroceso para la salud pública y el medio ambiente".
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) lanzó una campaña de firmas en la que denuncia que la reforma al reglamento de agua potable "representa un grave retroceso para la salud pública y el medio ambiente".
Se trata de una modificación del Decreto Ejecutivo Nº 38924-S que impulsa el Ministerio de Salud, y que es denunciada por grupos ecologistas debido a que aseguran que pretende ampliar límite de plaguicidas en el agua para consumo humano en el país.
La propuesta legalizaría Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto. El reglamento actual establece que el valor máximo admisible de concentración de plaguicidas en agua potable corresponde a 0,1 microgramos por litro.
"El agua es un derecho fundamental que debemos proteger. Esta reforma pone en peligro la salud de nuestras comunidades y contradice los principios de sostenibilidad que definen a nuestro país", afirma el documento de la Feucr en donde recogen firmas.
La presidenta de la Feucr, Artemisa Villalta, aseguró que "es importante comprender que el agua no es negociable. Cualquier intento de permitir su contaminación con agroquímicos es una agresión directa contra la vida, la salud de las personas y la soberanía de nuestras comunidades, así como de nuestros ecosistemas".
Como Federación de Estudiantes de la UCR, denunciamos con absoluta firmeza esta reforma promovida por el Ministerio de Salud, que traiciona su deber de protegernos y se arrodilla ante intereses económicos. Esta medida no solo pone en riesgo nuestras fuentes de agua, sino también nuestro futuro como país”.
Para los ecologistas, la reforma tergiversa el principio precautorio, que actualmente es la base de la legislación ambiental, para permitir que se realicen análisis de riesgo con el fin de suspender el suministro solo después definir un valor específico. Este enfoque es utilizado por el Ministerio de Salud en situaciones de contaminación con Mancozeb en Barranca y Clorotalonil en Cartago, agregaron.
Solicitud al Ministerio de Salud
La semana pasada el Ministerio de Salud defendió la propuesta de modificación al justificar que en los cambios se afirma que el Ministerio deberá emitir las órdenes sanitarias de clausura correspondientes para la fuente de abastecimiento hasta que se realice el análisis y se establezca el verdadero impacto sanitario. Además, puntualiza que no buscan de ninguna manera "legalizar" la presencia de plaguicidas en el agua potable.
Ante esta situación el movimiento Frente Ecológico de Cipreses presentó una solicitud formal a la ministra de Salud, Mary Denisse Munive Angermüller, en la que cuestiona los fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma, especialmente en relación con el manejo de casos de contaminación del agua con agroquímicos.
Además otro punto de conflicto es que la reforma modifica el “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Salud afirma a que es una herramienta preventiva que permite identificar posibles riesgos en etapas tempranas y tomar medidas proporcionales y fundamentadas en el análisis técnico.
No claros con el cambio, los ecologistas solicitaron una explicación, debido a que en Costa Rica no existe un monitoreo continuo de las fuentes de agua ni de los operadores de abastecimiento de agua, ni por parte del Ministerio de Salud.
"Actualmente, los exámenes se realizan de manera anual y no detectan de manera proactiva la contaminación por agroquímicos", agregaron los ecologistas. Además, recordaron que en Costa Rica hay más de 250 ingredientes activos registrados para su uso en la agricultura, pero el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad para analizar más de 40 de estos ingredientes activos.
Esto significa que, cuando se detecta un agrotóxico, es posible que muchos otros ya estén presentes sin poder ser detectados".
Finalmente, desde el Frente Ecocipreses enviaron cartas a la Aresep, Universidades, ASADAS y la Defensoría de los Habitantes para que se pronuncien sobre la reforma mencionada. En sus comunicaciones, insisten en que "el Reglamento para la Calidad del Agua Potable siempre ha considerado las regulaciones de la Unión Europea, que son mucho más estrictas y cuentan con un componente ético de toxicidad. Por lo tanto, es fundamental mantener el 'Valor Máximo Admisible' y no reemplazarlo por un valor de alerta".
