Ecologistas denunciaron supuesto intento de aumentar los niveles de agroquímicos permitidos en el agua potable.

El Ministerio de Salud y la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) defendieron la propuesta de modificación al Reglamento para la Calidad de Agua Potable que fue denunciado por diferentes grupos ecologistas, por aparentemente intentar aumentar los niveles de agroquímicos permitidos en el agua potable.

La propuesta legalizaría Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto. El reglamento actual establece que el valor máximo admisible de concentración de plaguicidas en agua potable corresponde a 0,1 microgramos por litro.

Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. La sustitución hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano, sino solo emitir una alerta, según aseguraron los ecologistas.

Salud justificó en un comunicado a la prensa que el artículo 3 de la reforma señala que el Ministerio deberá emitir las órdenes sanitarias de clausura correspondientes para la fuente de abastecimiento, hasta que se realice el análisis de riesgo y se establezca el verdadero impacto sanitario, por lo tanto, no se seguirá abasteciendo de agua ni se realizará la evaluación correspondiente posteriormente.

El ministerio indicó que la reforma no busca de ninguna manera "legalizar" la presencia de plaguicidas en el agua potable.

Su objetivo es fortalecer el marco de acción del Ministerio de Salud, estableciendo un procedimiento claro y basado en evidencia científica para actuar de manera eficaz ante la detección de contaminantes".

Además, justificaron que el "Valor de Alerta" es una herramienta preventiva que permite identificar posibles riesgos en etapas tempranas y tomar medidas proporcionales y fundamentadas en el análisis técnico.

Esto garantiza que las decisiones se basen en datos confiables y en principios de precaución y proporcionalidad, protegiendo la salud pública y optimizando los recursos disponibles".

La ASA por su parte considera que la reforma presentada "es un paso significativo hacia la adopción de criterios técnicos que respalden la toma de decisiones". 

La propuesta sugiere establecer un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR) que permite establecer este valor considerando factores de protección para adultos y niños, datos toxicológicos, bioacumulación y posibles efectos en la salud derivados de exposiciones prolongadas.

Jorge Cartín, director de ASA, comentó:

Para el sector agrícola es de suma importancia que se realicen estos análisis de riesgo que, con respaldo técnico y científico, determinen si la presencia de un plaguicida en el agua representa un peligro para la salud o si su consumo es seguro, evitando decisiones precipitadas o basadas en ideologías”.

Para ASA el límite máximo de 0,1 microgramos por litro (μg/L) de plaguicidas en agua potable es una copia de la regulación europea y carece de criterios técnicos que respalden los valores establecidos.

Dato D+: ASA está conformado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara de Insumos Agropecuarios (CIA) y Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agro insumos de Costa Rica (Asoagro).

Argumentaron que ese valor no se ajusta adecuadamente a la realidad tropical de Costa Rica, además de no incluir factores importantes para el uso de plaguicidas, como la incidencia de plagas, los tipos de suelos, las condiciones ambientales y meteorológicas, entre otros.

Cartín agregó que el aunque el reglamento aún no se aprueba aún, el hecho de considerar un análisis de riesgo "es un avance alentador".

"Este gran paso no solo garantiza la protección de la salud de los costarricenses, sino que también evita la prohibición de productos sin fundamentos técnicos ni científicos, como sucedió en el caso del clorotalonil”, finalizó.