La Municipalidad de Montes de Oca anunció recientemente la realización del evento Fin de Año Hispanidad, programado para el próximo 31 de diciembre en la Fuente de la Hispanidad. Según la información divulgada por la propia municipalidad y la empresa organizadora, la actividad incluirá conciertos, zonas gastronómicas, espacios familiares y un espectáculo de fuegos artificiales, presentado como el show de pirotecnia más grande del país y con la intención expresa de convertirlo en una tradición anual.
Se trata de un evento público, gratuito y masivo, promovido directamente por el gobierno local, que busca congregar a miles de personas para recibir el nuevo año en uno de los espacios urbanos más emblemáticos del cantón.
Precisamente por su carácter institucional y su escala, considero legítimo plantear una pregunta de interés público: ¿debe una municipalidad promover espectáculos de pirotecnia sonora en un cantón urbano densamente poblado, cuando existen impactos conocidos y alternativas disponibles?
Montes de Oca no es un cantón cualquiera. Es uno de los más poblados del país, con alta concentración residencial, presencia de centros educativos, adultos mayores y personas con condiciones que implican hipersensibilidad auditiva. Además, cuenta con corredores biológicos urbanos —como los asociados a los ríos Torres y Ocloro— donde habitan diversas especies de fauna silvestre, además de una gran cantidad de animales domésticos.
Está ampliamente documentado que la pirotecnia sonora puede provocar estrés severo, desorientación y lesiones tanto en animales domésticos como silvestres. También genera afectaciones en personas con trastornos del espectro autista, epilepsia, estrés postraumático y otras condiciones médicas sensibles al ruido extremo. Estos efectos no son anecdóticos ni imaginarios; forman parte de un debate creciente a nivel internacional y nacional.
Es importante reconocer, al mismo tiempo, que para muchas personas los fuegos artificiales forman parte de celebraciones tradicionales profundamente arraigadas. No se trata de descalificar esas vivencias ni de imponer juicios morales sobre quienes disfrutan este tipo de espectáculos. Precisamente por eso, el desafío no es simplificar el debate, sino abordarlo con responsabilidad, empatía y evidencia.
En distintos países y ciudades se han explorado caminos intermedios. En Colombia, por ejemplo, el Congreso discute iniciativas orientadas a reducir el impacto sonoro de la pirotecnia, limitando decibeles, horarios y el uso de recursos públicos para este tipo de espectáculos. En Costa Rica, varios cantones han optado por restringir el uso de pólvora sonora en actividades municipales o promover celebraciones alternativas, priorizando criterios de salud pública y bienestar animal.
Incluso a nivel local existen ejemplos recientes de opciones distintas. El uso de espectáculos de drones, luces y música sincronizada —como el visto recientemente en eventos nacionales— demuestra que es posible celebrar de forma atractiva sin recurrir necesariamente a detonaciones sonoras de alta intensidad.
La pregunta, entonces, no es si se debe celebrar o no el fin de año, ni si ciertas tradiciones deben desaparecer por decreto. La pregunta es si una municipalidad, como política pública, debería optar por formatos que minimicen daños previsibles cuando existen alternativas viables, tecnológicamente disponibles y cada vez más aceptadas.
Abrir este debate no busca confrontar ni dividir. Busca invitar a una reflexión colectiva sobre cómo celebramos, a quiénes incluimos en esas celebraciones y qué costos estamos dispuestos a asumir —o a evitar— como comunidad.
Celebrar juntos también implica pensar juntos.
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