Se debilitó la solución costarricense

El Informe Estado de la Nación de este año nos indica que la principal consecuencia del progresivo abandono de nuestro contrato social es el debilitamiento de nuestra capacidad previsora.

En 1988 cuando apenas empezábamos a remontar la gran crisis del modelo de sustitución de importaciones y de estado intervencionista y empresario publiqué Al Progreso por la Libertad. Traté de hacer ver las grandes ventajas que para nuestro desarrollo había tenido en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX la capacidad de los costarricenses para unirse con una visión nacional y una capacidad previsora. Y la conveniencia de mantenernos en esa senda.

Entonces señalé: “Retomar la ruta de la previsión, es utilizar nuestra imaginación para determinar los cambios necesarios en el orden general; esto es, los cambios que nos permitan volver a un camino de progreso y superación individual y comunitaria. Es imaginar y propiciar, mediante experimentación generalizada, las transformaciones necesarias en la organización del Estado; tarea que incluye la política educativa, la política social, la política económica y, en fin, los valores actuantes que promueven el avance social y cultural”.

A esa ruta de la previsión sostenida en los pilares de un acuerdo entre los diversos intereses nacionales con una visión de futuro compartida y una relación fraterna, la he llamado la solución costarricense desde mis mensajes del 1º de mayo de 1991 cuando fui elegido presidente de la Asamblea Legislativa.

Este Informe del Estado de la Nación 2023 señala con claridad que la buena marcha de nuestro país depende en muy buena medida de poder retomar la solución costarricense.

Urge realizar cambios estructurales

Tenemos menos trabajadores ocupados que antes de la pandemia, con ingresos laborales menores. Tenemos menos recursos fiscales para atender la inversión social pública, para generar oportunidades a las personas y para la infraestructura. Y tenemos un entorno más inseguro. Estas tres son causas de un deterioro económico-social.

Este deterioro se da a pesar del buen crecimiento global y del éxito en controlar la inflación. Se da porque no se continuó con los programas de ajuste, porque no se frenó el deterioro fiscal sino hasta que la deuda pública era un problema grave que sigue absorbiendo recursos y restringiendo importantes áreas del gasto público, no se compensó el costo de la dualidad económica con reformas que aumentasen la eficiencia pública y privada, la innovación y la competencia del sector privado tradicional.

Ahora urge el ajuste por razones de justicia social, de estabilidad política, de racionalidad económica. Y ese ajuste complejo se enfrenta con una realidad política que lo dificulta.

En el aspecto político el Informe Estado de la Nación enlaza la realidad coyuntural actual con las tendencias que se han manifestado en este siglo y señala: “La vuelta al entrabamiento político evidencia una tensión estructural: el diseño del sistema, basado en la Constitución Política, convive con una crisis de representación política de largo plazo y estilos de gestión que rompen con sus principios básicos. Costa Rica posee una arquitectura constitucional que requiere de un grado sustantivo de cooperación entre poderes de la República y fuerzas políticas para la gestión de los asuntos públicos, pues posee un esquema descentralizado del poder estatal y un sistema presidencialista en el que el Ejecutivo es un actor clave, pero no dominante. Sin embargo, la implosión del sistema de partidos políticos, la caída en la participación ciudadana en las elecciones y en el apoyo directo a partidos concretos, así como la creciente debilidad de los mandatos ciudadanos a los gobiernos electos, han creado mayores barreras para una construcción compartida de soluciones que utilice los mecanismos de cooperación propios de la democracia costarricense”.

Para asegurar los cambios son precisas reformas políticas que hemos esquivado

Tomar decisiones políticas se ha tornado sumamente complicado.

Tenemos un sistema constitucional presidencialista con una institucionalidad de controles en muy diversos niveles para impedir una presidencia imperial. Pero en la realidad política vivimos un sistema de múltiples partidos, que dificulta que el ejecutivo pueda promover y ejecutar su agenda.

El presidencialismo funciona bien con dos partidos mayoritarios, pero cada día compiten en las elecciones más partidos sin que ninguno sea mayoritario, con menos visión nacional y menos capacidad de equipos para gobernar. En las dos últimas elecciones presidenciales ni siquiera sumando los votos de los dos partidos más votados se llega al 50% de los votos válidos emitidos.

El sistema electoral favorece la creación y operación de partidos políticos taxis, que dificultan al ciudadano elegir, y a los gobernantes gobernar.

Tenemos un sistema con baja participación de los gobiernos locales en el gasto publico total, pero con un crecimiento urbano que demanda mayores tareas de las municipalidades.

Los partidos políticos se municipalizan y pierden capacidad de visión nacional, de atraer grupos con representatividad país para integrar equipo para gobernar y de poder generar propuestas que concilien los intereses de grupos diversos.

Vivimos con una Sala Constitucional que requiere magistrados heroicos para enfrentar los problemas que afectan al Poder Judicial del que forman parte, y a los que se les dificulta poner en orden al Ministerio Público y al OIJ que son integrantes de este poder.

Tenemos dificultades para planear bien las obras públicas y además tenemos controles previos a la ejecución que las dificultan y atrasan.

Tenemos una regla fiscal que se aplica uniformemente a todas las actividades, y no al gasto global, lo que dificulta priorizar y cambiar la dirección de los recursos.

Ha habido y hay propuestas para cambiar la estructura política, pero ni se discuten

Desde hace muchas décadas se viene presentando propuestas para atender cada uno de esos problemas de nuestra institucionalidad que limitan la capacidad de nuestra sociedad para avanzar en justicia social, eficiencia económica y participación política.

Solo menciono algunas propuestas en cuya elaboración tuve ocasión de participar desde la década de 1960: un sistema institucional para que Ejecutivo y Legislativo coordinen los presupuestos e inversiones de los entes descentralizados, cambio en la elección de los diputados, garantías económicas, transferencia de competencias y recursos a las municipalidades, migración a un sistema semi parlamentario, limitación de las atribuciones a priori de la Contraloría General de la República, cambio en los requisitos para formar partidos políticos y para su permanencia después de las elecciones.

Sin embargo, hemos rehuido la tarea.

El Informe Estado de la Nación 2023 debería modificar nuestra conducta y hacernos tomar al toro por los cuernos.

Mucho está en juego.

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