Nuestra realidad económica y social.
En su vigésimo novena edición, con un enfoque de largo plazo y propositivo, el recién presentado XXIX Informe del Estado de la Nación inicia señalando:
Costa Rica está sumida en la inmediatez, en la coyuntura; quitó las luces largas y descuidó el rumbo. Esa omisión no ha generado, además, mayor respuesta de su sistema político.”
Invito al lector a ojear las páginas de ese valioso trabajo que nos permite tener una perspectiva y una evaluación de nuestra realidad económica y social, de nuestras realizaciones y fallas con relación al ambiente y del estado de nuestra convivencia política.
No puedo en este artículo más que comentar algunos aspectos muy limitados respecto a las muchas y bien documentadas conclusiones sobre el primero de esos tres temas.
El principal mensaje de este informe es: “durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible… Esta cosecha de resultados negativos acumulados, un nuevo paso en el progresivo abandono del contrato social costarricense, tiene como principal consecuencia un debilitamiento en la capacidad previsora; es decir, la posibilidad de anticipar los problemas, acometer lo necesario para solventarlos y sentar las bases de un futuro compartido de más bienestar para el mayor número de habitantes”.
¿Con qué elementos de nuestra realidad en 2022 y los primeros meses de 2023 fundamenta El Estado de la Nación esta conclusión en referencia a los resultados económicos y sociales recientes?
Los datos que justifican las afirmaciones siguientes están en el Informe Estado de la Nación 2023.
Empleo e Ingreso
El informe constata que en esta década grupos muy importantes de la sociedad tienen menos acceso a empleos de calidad.
Sufrimos de una falta de generación de puestos de trabajo. No se han recuperado los niveles de ocupación anteriores a la pandemia y esa situación afecta más a los sectores informales, a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con menor capacitación. Sufrimos altos niveles de desempleo desde que en 2010 se inicia la medición con la Encuesta Continua de Empleo.
Los ingresos laborales tampoco han recuperado el nivel previo a la pandemia.
Seguimos teniendo zonas territoriales más rezagadas a pesar del efecto beneficioso del turismo en muchas de ellas.
La productividad crece en los sectores exportadores modernos, pero no en el resto de la economía.
Los ingresos tributarios no están ligados al crecimiento de la economía. La situación fiscal ha mejorado sustancialmente. El ajuste que se ha dado es muy significativo, pero la dependencia en el endeudamiento hace que la regla fiscal aplicada de manera igual a cada ente y no como un límite global ha constreñido muy negativamente el gasto social y en infraestructura.
Estos resultados económicos y de empleo y los sociales que señala el Informe y a los que me refiero adelante se vieron muy afectados por la pandemia, por la invasión a Ucrania y por sus consecuencias. Pero en términos macroeconómicos de crecimiento de la producción y de control de la inflación han sido superados.
Por otra parte, estas realidades económicas se dan a pesar del buen crecimiento que comparado con el mundo y con nuestra zona geográfica experimentamos este año, y a pesar de que hemos vuelto después de la pandemia a una tasa moderada de buen crecimiento similar a la que experimentábamos antes de la COVID-19. A pesar de haber incluso experimentado inflación negativa en muchos meses de este año.
Bienestar social
También el informe documenta como factor de deterioro de las condiciones económicas y sociales la disminución del bienestar social, y señala una desconexión entre el crecimiento económico y el bienestar social.
Además de la pérdida en puestos de trabajo y la disminución de los ingresos salariales, ha disminuido la inversión social pública en sus tres más importantes sectores.
En educación es donde más cae la inversión social pública, tanto en términos por habitante como en su totalidad. No ha recuperado su nivel global anterior a la pandemia.
En protección social y en salud también ha disminuido en términos per cápita.
Esto agrava los problemas de pobreza y de desigualdad.
Al deterioro que se viene dando en la apertura de oportunidades por la pérdida de calidad y en algunos casos de cobertura en educación se agregó el “apagón educativo” que hace dos años señaló el Estado de la Educación. Además, como se ha señalado se sufrió en la segunda década de este siglo una disminución en la cantidad y empleabilidad de las personas atendidas por el sistema de capacitación laboral.
Sufrimos un alto grado de desigualdad por ingresos, que el Informe señala es mayor al que se ha venido considerando por subvaluación de los ingresos de las familias con más recursos, y la inflación de los últimos años afectó en mayor medida a las familias pobres por los rubros en que fue mayor el aumento de los precios.
Un entorno inseguro
Como una tercera causa del deterioro económico y social que se ha venido acumulando señala el Estado de la Nación el incremento desbordado de la inseguridad y el deterioro ambiental.
Ya en 2022 se había dado la tasa de homicidios más alta de la historia, que será mucho mayor este año, cuando casi se va a triplicar la que sufríamos hace 21 años.
Aumentó la violencia familiar contra mujeres y niños.
Los riesgos por desastres naturales afectan en mayor medida los territorios menos desarrollados.
Han aumentado los incendios forestales fuera de las áreas protegidas.
Tenemos, según FAO, el primer lugar en el uso de plaguicidas entre 100 naciones que compara.
La descarbonización parece haber perdido prioridad. Sigue creciendo la importación de hidrocarburos, la generación eléctrica ha vuelto a depender en importante medida en plantas térmicas. No hay avances en transporte público y hay pocos avances en su sectorización.
Causas estructurales y actuales
Tenemos menos trabajadores ocupados que antes de la pandemia, con ingresos laborales menores. Tenemos menos recursos fiscales para atender la inversión social pública. Y tenemos un entorno más inseguro. Estas tres son causas de un deterioro económico-social.
Buena parte de ese deterioro se debe a que en las últimas décadas el sector tradicional de la producción, que según este informe aún representa un 87% del total, ha venido teniendo poco crecimiento.
Esto en parte se debe a que la dualidad económica que se adoptó en los 80 mediante la promoción de las exportaciones y de la inversión externa directa no se compensó con cambios en la estructura y eficiencia del sector público.
La promoción de la inversión externa directa y de las exportaciones ha dado magníficos resultados en cuanto a diversificar y tecnificar nuestras exportaciones, en cuanto a generación de buenos empleos y en relación con el crecimiento de la productividad. Y se dan externalidades positivas en el resto de los sectores productivos tanto por las innovaciones que se copian como por las ventas que pueden realizar al sector comercial especial. Pero hay un costo para el resto de la economía, ya que es muy bajo el aporte del régimen especial a la generación de impuestos que son esenciales para poder cumplir con las tareas esenciales del estado de las cuales todos los sectores sociales y productivos nos beneficiamos: seguridad, educación, salud, servicios generales, justicia, infraestructura.
Era entonces urgente ajustar el sistema tributario y continuar con las medidas para restructurar y hacer más eficiente la administración pública y restringir el gasto público. Esto último solo se hizo a partir de la legislación de finales de 2018.
Esta realidad, que durante tanto tiempo hemos venido analizando se juntó con dos circunstancias que aumentaron los efectos negativos de la dualidad: la caída en la calidad de la educación pública y el atraso en el ajuste de la capacitación laboral.
Cuando se hizo indispensable salir del ineficiente e insostenible modelo de incentivos a la industrialización por sustitución de importaciones y de estado interventor y empresario, algunos sostuvimos que era conveniente migrar a un modelo neutro, con reglas generales sin incentivos artificiales para ningún sector. Pero las realidades políticas siempre presentes nos hicieron perder el debate.
Luego se perdió la oportunidad a fines del siglo XX de fortalecer las finanzas públicas y bajar el costo de la dualidad cuando no se pudieron implementar los cambios de apertura de monopolios públicos, de venta de activos, de utilización intensiva de concesiones de obra pública y después no se continuó con la modificación de la estructura del gasto público que de 1998 a 2001 había aumentado de 45 a 55% lo destinado a educación, salud, bienestar social, infraestructura y seguridad como porcentaje del gasto total sin servicio de la deuda. Tampoco se aprobaron los impuestos (IVA y renta global) que propusimos desde 2002. IVA se aprobó hasta 2018. Y tampoco se pudo cambiar el modelo de incentivos al sector comercial especial cuando la Organización Mundial del Comercio en 2001 extendió la vigencia de las zonas francas.
Es preciso avanzar en varios campos para aprovechar en mayor bienestar compartido las ventajas muy importantes que se han logrado con el crecimiento, diversificación, tecnología y productividad del sector exportador y de la inversión extranjera.
Para lograr esos avances se requiere de cambios políticos importantes que lo hagan posible.
A las condiciones acumuladas presentes hoy en la organización política que dificultan la tarea también se refiere este Informe Estado de la Nación. Pero ese es otro tema. Muy importante. Pero otro.
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