El reciente anuncio del Banco Mundial de que Costa Rica ha sido clasificada como un país de renta alta representa un hito trascendental en la historia del desarrollo nacional. Esta categorización, que responde a criterios como el ingreso nacional bruto per cápita, refleja logros acumulados en estabilidad macroeconómica, apertura comercial, inversión extranjera y políticas sociales. No obstante, este cambio de estatus no debe asumirse como una meta alcanzada, sino como un punto de inflexión para repensar las capacidades del Estado, del mercado y de la ciudadanía.

La nueva clasificación internacional genera una serie de beneficios y oportunidades para Costa Rica. Entre los más relevantes destacan:

  • Mejora de la reputación internacional. El reconocimiento como país de renta alta posiciona a Costa Rica como un referente de desarrollo económico y democrático en América Latina. Esto puede generar mayor confianza en los mercados internacionales, atraer inversión extranjera directa (IED) y consolidar alianzas estratégicas con actores globales. Sumado al reciente ingreso como país miembro de la OCDE nos da un lugar relevante frente al resto de Latinoamérica.
  • Acceso a redes de cooperación avanzada. Los países de renta alta acceden a mecanismos de cooperación técnica más sofisticados, participación en foros de gobernanza global y redes especializadas. Esto permite compartir buenas prácticas y atraer talento y conocimiento.
  • Incentivo a la mejora continua. La clasificación obliga a revisar estructuras internas. Como país de renta alta, ya no se justifican rezagos estructurales en eficiencia estatal, calidad educativa, informalidad laboral o desigualdad social. El nuevo estatus puede funcionar como una presión positiva para acelerar reformas.
  • Consolidación de sectores estratégicos. Costa Rica ha desarrollado sectores intensivos en conocimiento y servicios globales. Esta categoría internacional reafirma la viabilidad de seguir apostando por cadenas de valor de mayor complejidad productiva, siempre y cuando se articulen con políticas territoriales e inclusión social.

Contras y desafíos del nuevo estatus

Aunque el cambio de categoría puede parecer un reconocimiento exclusivamente positivo, también implica importantes riesgos y pérdidas relativas:

  • Reducción del acceso a ayuda internacional. Uno de los impactos más inmediatos es la pérdida de acceso a financiamiento concesional, fondos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y cooperación técnica tradicional. Esto afecta sobre todo a ONGs, municipios, universidades y sectores que dependían de este tipo de recursos.
  • Mayor competencia global. Ser país de renta alta nos ubica en un grupo donde las exigencias de competitividad, productividad y calidad son mayores. Esto implica redoblar esfuerzos para sostener el dinamismo económico y no quedar rezagados frente a economías más consolidadas.
  • Persistencia de brechas estructurales. A pesar del ingreso promedio, Costa Rica mantiene altos niveles de desigualdad (coeficiente de Gini cercano a 0,49), pobreza en zonas rurales y costeras, y servicios públicos con rezagos significativos. La clasificación puede invisibilizar estas brechas si no se atienden con urgencia.
  • Riesgo de complacencia. Existe el peligro de asumir que se ha llegado a la meta, generando pasividad institucional y ciudadana. La renta alta no implica desarrollo integral. El desarrollo debe ser sostenible, inclusivo, equitativo y participativo, y no olvidar que no es una clasificación permanente y podemos retroceder en cualquier momento.

El papel central de las capacidades gubernamentales

La sostenibilidad de este nuevo estatus dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado costarricense para tomar esto como un incentivo y liderar procesos de transformación de largo plazo. Esto implica fortalecer tres dimensiones esenciales:

  • Capacidades estratégicas. Los gobiernos deben poder definir con claridad visiones de desarrollo, formular políticas públicas con base en evidencia y priorizar recursos de forma coherente. Esto requiere planificación de largo plazo, articulación multisectorial y liderazgo político que deje atrás la visión partidista en la toma de decisiones gubernamentales y legislativas, y se comience a trabajar en políticas de Estado.
  • Capacidades operativas. La implementación de políticas requiere instituciones funcionales, ágiles, con personal calificado y procesos eficientes. La burocracia debe dejar de ser sinónimo de lentitud o rigidez, y transformarse en una estructura orientada a resultados, al servicio efectivo de las personas.
  • Capacidades adaptativas. El entorno actual exige a las administraciones públicas capacidad para aprender, adaptarse y anticiparse. Esto implica promover el aprendizaje institucional, fortalecer la carrera administrativa y mejorar los sistemas de evaluación y rendición de cuentas. Implica que la innovación pública deje de ser un “sabor del mes” y se comiencen a desarrollar estrategias para consolidar un sistema de innovación.

Las competencias ciudadanas y públicas como mecanismo transformador

Desde mi punto de vista la clave de todo proceso de cambio es cómo promovemos las competencias habilitadoras para llegar a lugares deseados.

De un lado, una democracia de renta alta no puede sostenerse sin una ciudadanía activa, crítica y corresponsable. Fortalecer las capacidades ciudadanas implica:

  • Impulsar la alfabetización cívica y política.
  • Crear mecanismos efectivos de participación y control social.
  • Promover culturas colaborativas, solidarias y sostenibles.

El bienestar y la gobernabilidad requieren una ciudadanía que no solo exija, se queje en redes y desaparezca cuando se le convoque a procesos comunales, se requiere que sepa y está dispuesta a contribuir y construir colectivamente.

Por el otro lado, el avance hacia un Estado de renta alta requiere una transformación profunda de la gestión del talento humano en el sector público. Las competencias deben ser el eje del empleo público, entendidas como combinaciones de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a los funcionarios públicos responder a los desafíos del entorno. Esto implica:

  • Rediseñar los sistemas de selección, evaluación y desarrollo del personal.
  • Alinear la formación con las necesidades estratégicas del país.
  • Reconocer la diversidad de perfiles requeridos para la gestión pública moderna.

El sistema de empleo público ha venido en franco deterioro desde hace más de 15 años, de lo que fue un Estatuto de Servicio Civil referente en Centroamérica no queda más que una oficina ejecutora en Mideplán, perdiendo su visión más estratégica y de adaptación. Sin embargo, la necesidad de que nuestras instituciones estén orientadas a resultados, con reglas claras, incentivos adecuados y una visión de largo plazo, es más importante que nunca.

Las decisiones sobre dotación de personal, movilidad, evaluación del desempeño y formación continua deben responder a objetivos de valor público y no a intereses coyunturales. Apostar por un servicio civil profesional, ético, motivado, competente y ajustado al nuevo diseño estructural y funcional de lo público es condición indispensable para sostener el desarrollo en esta nueva etapa.

En resumen, ser reconocidos como país de renta alta es motivo de orgullo nacional, pero también de responsabilidad compartida y las oportunidades que se abren deben ser acompañadas de una profunda reflexión sobre nuestras capacidades como Estado y como sociedad.

No podemos dar por sentado que el desarrollo se sostendrá automáticamente, debemos invertir en talento público, en ciudadanía activa y en una institucionalidad capaz de resolver problemas de forma eficaz, ética y orientada al bienestar colectivo.

En esta nueva etapa, las competencias dejan de ser opcionales, se tornan elementos centrales para el futuro. Pero para que tengan impacto real, deben ir acompañadas de procesos de empleo público más estratégicos, que articulen actores, recursos y soluciones.

La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica reitera su compromiso con estos desafíos. Como academia, como espacio de formación y como actor público somos parte activa de esta transformación. Como universidad pública, hacemos lo propio por posicionar la relevancia de las capacidades para la atención de los asuntos públicos y globales que atañen los nuevos desafíos de nuestro país.

Como país, no podemos quedarnos con el trofeo, debemos demostrar que sabemos sostenerlo.

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