La empresa sueca Opus Group presentó un recurso de apelación ante la Contraloría General de la República (CGR), en contra de la designación de la empresa alemana Dekra como futuro operador de la revisión técnica vehicular en Costa Rica.
Dekra fue anunciada la semana pasada por parte de la Presidencia de la República y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como la ganadora del procedimiento para dar en uso en precario al servicio, hasta este año manejado por la española Riteve.
Según informó CRHoy esta semana, Opus Group se opone a la designación debido a que el MOPT y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) no la eligieron, a pesar de ser la empresa que obtuvo, a lo interno del cartel, la nota más alta y la que ofreció la tarifa más barata al ofertar el servicio.
Opus Group obtuvo un 97% sobre 100 en la licitación del MOPT mientras que Dekra obtuvo un 90%; y, en materia de precios, los suecos propusieron cobrar ₡6.157,10 por la primera inspección y ₡3.149,71 por la segunda, mientras que los alemanes cobran ₡7.287,54 por el primer rubro y ₡4.471,51 por el segundo (aunque los germanos propusieron cobrar la re-inspección solo cuando el vehículo presente fallas en más de un rubro, mientras que los suecos lo cobrarían en todos los casos).
Ahora y tras la apelación, la Administración tendrá que remitir el expediente completo de la licitación a la Contraloría, al tiempo que la CGR previno al COSEVI para que detalle qué modificaciones se efectuaron al cartel en el proceso.
Además, en el oficio de respuesta la Administración deberá indicar expresamente cuál es el órgano o dependencia competente para dictar el acto final en el presente concurso y si dicha facultad ha sido delimitada en la normativa interna de la institución (en ese caso debe aportar copia certificada de la normativa vigente aplicable, referencia de su publicación y fecha del respectivo acto o acuerdo cuando corresponda)”, añadió el documento emitido por la CGR.
Al ser consultado esta tarde respecto a la apelación, el jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez señaló que ya tiene conocimiento de la apelación pero declinó a dar más declaraciones:
El tema lo está analizando la Contraloría General de la República y no puedo adelantar ningún criterio al respecto, vamos a dejar que la Contraloría lo analice y resuelva lo que ellos consideren pertinente", aseguró.
Riteve SyC S.A. finalizó operaciones en Costa Rica el pasado viernes 15 de julio y desde entonces se abrió un procedimiento para dar en uso en precario el servicio, para que el país no se quedase sin revisión.
Dicha decisión de abrir la oferta en uso precario fue cuestionada por distintos sectores, como el de la diputada liberacionista Carolina Delgado Ramírez, quien hace unas semanas presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, al considerar que el MOPT y el despacho del ministro están “jurídicamente imposibilitados de llevar adelante el proceso para recibir, tramitar y otorgar el permiso de uso en precario para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular, como lo pretende el Gobierno”.
En esta línea, la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado) le señaló al MOPT, el pasado 28 de junio, que la contratación de un nuevo operador de la revisión técnica vehicular debía hacerse mediante la figura de “autorización”, una que solo puede dar Consejo de Seguridad Vial.
Días después se anunció el inicio del proceso para conseguir el permiso de uso en precario pero, según lo indicado por la Procuraduría, el permiso del COSEVI era necesario.
Ello generó que el ahora exrepresentante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ante el Consejo de Seguridad Vial, Olman Vargas Zeledón, renunciase a su cargo en el COSEVI, al aducir falta de información sobre la revisión técnica vehicular por parte del ministro del MOPT.
