Danielle Jenkins Bolaños y José Fadrique Rosales Salas y renunciaron a sus cargos como miembros del CETAC.
Los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), José Fadrique Rosales Salas y Danielle Jenkins Bolaños presentaron su renuncia a sus cargos dentro de ese órgano como representantes del Estado y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), respectivamente.
Dato D+: El Cetac es el órgano administrativo colegiado rector de la aviación civil en Costa Rica y está conformado por siete miembros: el ministro de Obras Públicas y Transportes, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, cuatro representantes nombrados por el Poder Ejecutivo y la representación de Uccaep.
Rosales indicó en su carta que su renuncia se debía a "motivos personales" y que será efectiva a partir del 19 de diciembre, mientras que Jenkins señaló que dejaría el cargo a partir de este 5 de diciembre, para “no afectar las agendas preparadas para esta semana”.
En su carta de renuncio, Jenkins aseguró que su salida se debía a razones profesionales, que "afectan las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio del cargo", y agregó:
Manifiesto con respeto, pero con firmeza, que la confianza es un pilar esencial de cualquier órgano responsable de velar por la seguridad operacional y el cumplimiento normativo. Cuando dicha confianza se ve comprometida, también lo hace la capacidad del órgano para ejercer sus competencias con la transparencia, solidez técnica y responsabilidad que el país merece".
Jenkins aseguró que estaría ampliando las razones de su salida en el informe de fin de gestión que presentará en los próximos días.
La renuncia de los dos miembros del Cetac se da dos semana después de que se filtraran los resultados preliminares de la más reciente evaluación del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde Costa Rica obtuvo un 61,7%, por debajo del 75% mínimo requerido para considerar adecuada la supervisión estatal en materia de seguridad operacional.
