El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este martes el más reciente Informe del Estado de la Nación, para el año 2021, con el análisis del panorama político, económico, social y ambiental de lo que nos dejó el 2020, pandemia encima, y con un estudio de la primera parte del año en curso.

Los principales hallazgos de esta investigación se presentaron este martes 16 de noviembre, en horas de la noche y, según los investigadores "el proceso no solo da cuenta del desempeño del país en desarrollo humano del año 2020 e inicios del presente, sino que ha tenido que prolongar el análisis todo lo posible temporalmente, debido al shock inducido por el COVID-19 en diversos sectores".

Si bien los anteriores informes del PEN ya daban cuenta de una serie de elementos críticos que estaban aflorando desde diferentes frentes, como señala la portada de este informe —ilustrada con un vidrio roto— la crisis histórica que trajo consigo el año pasado no hizo más que reventar a un sistema ya cargado de factores desatendidos.

Por eso, y según señaló el investigador del programa, Ronald Alfaro Redondo, en la presentación del informe a este medio:

Los desafíos que tenemos y las dificultades para que esas fortalezas históricas que teníamos soporten, no solo la pandemia (porque ya veníamos en una situación crítica a la que se suma la pandemia), nos dejaron en una situación compleja y muy complicada donde si se tira un fósforo y hay gasolina, esto puede arder. Por eso decimos que este es un momento crítico donde hay que acudir a la responsabilidad política porque los desafíos son de gran magnitud y se debe presentar especial atención porque nos agarra la campaña en medio de esta conversación".

A su vez, y debido a que el país está a las puertas de ese nuevo proceso electoral en apenas 2 meses, el Informe 2021 viene de la mano con la plataforma en línea VotemosCr.com que está disponible al público desde esta noche.

Esta plataforma es una nueva versión de la que el Programa lanzó de cara a las elecciones de 2018 e, "igual que la vez anterior, su misión es aportar datos y análisis que permitan a la ciudadanía una mejor participación electoral y adoptar una decisión informada a la hora de emitir su voto. Se incluirá información relevante sobre las personas votantes, los partidos políticos, las propuestas de gobierno, y la nueva versión del Votómetro".

"Cualquiera que llegue a Zapote, sea quien sea, no la va a tener sencilla"

Cada año, el Informe Estado de la Nación presenta el análisis de la situación país en cuatro áreas principales: la económica, la social, la política y la ambiental, cuatro áreas de la vida nacional que se vieron fuertemente impactadas en 2020: que lo diga octubre y la crisis del Movimiento Rescate Nacional que colmaba la agenda nacional hace apenas un año.

Con este contexto detrás, si bien el PEN señala que la democracia electoral del país sigue siendo estable y consolidada, es necesario prestarle atención "a los desafíos, rezagos o retrocesos latentes en ciertas áreas de la competencia política", a fin de sostener esa seguridad democrática con un aparato gubernamental que no ha logrado responder a las necesidades de la población a largo plazo (más adelante ampliaremos de ello).

Entre los principales retos de esta materia, Ronald Alfaro señaló que hay que prestar atención a que no se deteriore la participación política de la ciudadanía y cambiar el modelo de las finanzas de los partidos políticos, pues en un sistema donde más del 50% de la financiación de los partidos políticos se basa en deuda y el resto en donaciones o en venta de bonos, que son "el punto ciego que desnivela la competencia totalmente" (tema en el que el informe detalla ampliamente) el acceso a financiamiento desnivela las oportunidades de participación de cada uno de los grupos.

Según señala el informe sobre este punto:

El problema es, nuevamente, que los partidos más grandes y con mayor capacidad de brindar garantías tienen más posibilidades de obtener ese tipo de financiamiento (...) A pesar de recurrentes llamados sobre la necesidad de reformar las reglas del financiamiento electoral en Costa Rica, la aplicación de las normas vigentes ha tenido secuelas en la forma en la que acceden las organizaciones partidarias a recursos para financiar sus actividades. El incremento de las deudas y la disminución de donaciones han creado escenarios de múltiples riesgos para los partidos políticos, ya de por sí débiles y vulnerables. Las formaciones políticas están cada vez más a expensas de pocos (pero grandes) capitales financieros, lo cual estruja su accionar y compromete su autonomía. Esta llamada de alerta enciende las alarmas ante el acecho de dinero de dudosa procedencia, así como la penetración de recursos no deseados de origen lícito e ilícito".

A su vez, según Alfaro, si bien los partidos tienen claridad respecto a la crisis actual, a los planes de gobierno  "les cuesta mucho el cómo" y la propuesta concreta para salir de la crisis, lo que podría incidir en esa incapacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, significar una caída de la participación política y una crispación de la protesta social, justo como se ha visto en los últimos años.

Por ejemplo, el 2020 evidenció un aumento en la conflictividad confrontativa (de huelgas y bloqueos en carreteras) y por eso el año cerró con 317 acciones colectivas, con un fuerte repunte en el mes de octubre (que contabilizó 121 protestas).

Aquí, y si bien el informe señala que el uso del diálogo social ha sido recurrente para resolver los conflicto de la ciudadanía y bajar la intensidad de la protesta, no es mucho lo que se logra después de que la ola se calma.

Por ello el capítulo político del Informe estudió tres casos en los que se recurrió al diálogo social: el conflicto acerca del transporte remunerado de personas en modalidad taxi; el diálogo acerca del “Aprovechamiento del Camarón” del período 2014-2017; y el Diálogo Multisectorial del 2020 (posterior a Rescate Nacional).

En estos tres casos, dice el PEN, "no se logró evidenciar una correcta formulación del problema para crear un asunto común, mediante el cual las partes puedan identificar los elementos sustantivos y construir el objeto de diálogo, tampoco se identificó un momento conjunto en el cual se validen los diversos intereses".

Según Alfaro:

Con estos tres ejemplos confirmamos la evidencia de que somos muy buenos para bajarle la temperatura a los conflictos mediante el diálogo pero no somos del todo eficientes para obtener resultados concretos, compromisos y resultados".

A su vez, la respuesta política desde la institucionalidad tampoco ha dado los resultados esperados. Según el PEN, y a pesar de la prolongación, por más de tres años, de un acuerdo funcional entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, en el año 2020 y parte del 2021, "se acumularon condiciones cada vez más adversas de gobernanza en el sistema político costarricense": entre ellas el fin de alianzas partidarias en el Ejecutivo, la inestabilidad en el sistema de partidos en el Congreso que torna más efímeras las mayorías parlamentarias y la reducción de la capacidad del Ejecutivo para impulsar su agenda en el Congreso.

Esto generó que si bien el año pasado fue uno de los que más leyes logró consumar en la Asamblea, mucha de esa legislación aprobada responde a temáticas temporales y no a la crisis estructural del sistema de la que ya tanto se ha hablado.

Según el investigador:

De las leyes sustantivas que se han aprobado, 25 han estado concentradas en la crisis de las finanzas públicas, otras 18 están directamente relacionadas con el COVID y con el tema de la pandemia y otras 12 están asociadas con el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Estos son temas imperativos de corto plazo pero que dejan de lado las otras agendas. Por eso decimos que el sistema político y las respuestas que está enviando, no disminuyen la crisis de representatividad ni dan respuesta a la ciudadanía, sino que más bien la están agravando y un buen ejemplo de esto es el comportamiento de la protesta social".

Así, no es de extrañar que el informe tenga un agregado de contexto que señala que hay factores que influyen en la participación o no, de la ciudadanía en elecciones pues, al comparar los datos de participación electoral con los del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) el informe encontró que "conforme aumenta la desigualdad en los distritos, la participación electoral disminuye y así descubrimos que hay un factor de contexto que también empuja a la participación" y las condiciones que llevan a esa desigualdad no se están atendiendo como se debe (y como veremos más adelante).

Sin embargo, el panorama no es del todo desesperanzador y por eso el llamado del PEN a poner atención a estos puntos, de cara a las próximas elecciones:

En Costa Rica no hemos perdido la estabilidad política: hay incontables ejemplos en el mundo donde eso ya se rompió y sigue roto, incluso con cambios de gobierno de por medio. Además, nosotros tampoco hemos observado choques de poderes, hemos evadido eso y teniendo todas las condiciones perfectas para ello: la inestabilidad del gobierno, la desaprobación popular, los diputados fragmentados e independientes, todos esos factores son muy factores para ver esos choques entre poderes y nosotros no lo hemos visto, lo cual no deja de ser un aspecto importante para mitigar los efectos sociales, económicos, ambientales de la situación que estamos viviendo".

2020, COVID-19 y la epidemia de la desigualdad

El impacto de la crisis de la COVID-19 en la economía y en la población costarricense el año pasado fue evidente y así lo detalló la investigadora Pamela Jiménez Fontana, cuando señaló que:

La economía costarricense venía afrontando un proceso de desaceleración desde el 2010 que se profundiza con la pandemia. La tasa de crecimiento en el 2020 fue de -4,1%, esta es la contracción más fuerte que se registra en la historia de Costa Rica, superada únicamente por la crisis de los años '80. Este ritmo de crecimiento en la economía determina la generación de empleo y lo que se observa es que en el 2020 se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo: en un solo año se perdieron los empleos netos generados en los últimos 8 años".

Esta edición del Informe es amplia respecto a este tema pero no se queda solo ahí, pues analiza, de forma exploratoria, el impacto diferenciado de la pandemia en territorios, sectores y distintos estratos poblacionales.

Por ejemplo, al tema territorial se aproxima a través de las variaciones en el registro de las patentes municipales registrados en el periodo pandémico y prepandémico: el estudio identifica una disparidad territorial en torno a la contracción económica que demuestra que, regionalmente, es la Chorotega la que presenta la mayor contracción en el registro de patentes, con una tasa de crecimiento de -12,3%, mientras que, la región Central-GAM tuvo un decrecimiento de apenas 1,2%.

La afectación que se observa en los cantones de Guanacaste probablemente está ligada al vínculo de este territorio con el sector turismo. Además, se identificó que, al 2017, una cuarta parte de las ventas en la región Chorotega se dedicaba al sector alojamiento y servicios de comidas; este sector justamente fue uno de los más afectados por las restricciones sanitarias y la caída del turismo en el ámbito mundial. En cambio, Pacífico Central, aunque también está muy vinculado al turismo, no experimentó una caída tan grande en el registro de patentes. Asimismo, en los distintos cantones se analizó la afectación de las patentes, según actividad económica. Este es un insumo valioso que permite profundizar en los territorios más afectados", señala el informe.

A su vez, esta disparidad también se estudió de forma sectorial, dividiendo el impacto de la crisis en cada uno de los sectores económicos y laborales que se vieron afectados el año pasado y cuya desigualdad se ha mantenido, a su vez, en términos de recuperación postpandémica durante este 2021.

Según el PEN, por ejemplo, el régimen definitivo hasta agosto del 2021, no había logrado recuperar los niveles alcanzados en el año 2019, mientras que aquellas actividades que se realizan desde zonas francas (régimen especial) experimentaron una menor caída en su crecimiento y tuvieron una recuperación casi inmediata.

Jiménez amplía al respecto señalando que:

El promedio general de la economía lo que muestra es una tendencia lenta de recuperación que hasta ahora está superando la producción prepandemia. La recuperación ha sido asimétrica entre sectores y entre actividades económicas también: manufactura, información en comunicaciones y las actividades ligadas a las zonas francas, así como las actividades inmobiliarias, enseñanza y administración pública, están muy similares al nivel prepandemia pero tenemos otras que no han logrado superar el nivel previo como comercio, construcción y transporte, almacenamiento y servicios de comidas que fueron de las más afectadas por la pandemia".

Esta situación desigual se tradujo también en el ala laboral, donde el "no todas las actividades se han logrado recuperar al mismo ritmo". Según la investigadora:

Entre los más afectados tenemos a hoteles y restaurantes, mientras que actividades financieras y seguros no se vieron tan afectadas. Un año después de la pandemia, la recuperación señala que los servicios financieros y seguros ya están muy por encima del nivel de ocupación que tenían antes de la pandemia pero otras actividades como hoteles y servicios de comida están muy por debajo, aunque en general la mayor parte de la economía se mantiene por debajo. ¿Esto qué es lo que muestra? que en general la pandemia afectó la producción y el empleo pero hay sectores donde la afectación sobre el empleo fue aún mayor, la recuperación está siendo muy lenta y requerirá varios años para recuperarse completamente".

El PEN también analizó para esta edición, la respuesta del sistema político a la crisis y las conclusiones son muy similares a las que ya referimos en el apartado anterior: se basaron en "una serie de medidas y acciones, algunas atípicas y en su mayoría concentradas en el mercado financiero, para evitar peores escenarios a corto plazo" (como la flexibilización crediticia, las nuevas oportunidades de financiamiento y la reducción de las tasas de interés del Banco Central), "no obstante, sigue sin atender los principales desafíos del desarrollo productivo".

En materia de estabilidad macroeconómica, el Informe señala que la pandemia no generó aumentos abruptos en la inflación o el tipo de cambio, en parte por las intervenciones de la autoridad monetaria; mientras que en el área fiscal, el Gobierno sí contrajo sus gastos implementando medidas de contención sobre remuneraciones, transferencias y gasto de capital; "sin embargo, estos cambios no lograron evitar el deterioro de las finanzas públicas":

Al finalizar el año 2020, el déficit fiscal había aumentado en relación con el 2019, la deuda pública equivalía al 67% del PIB. El rubro que más presiona el crecimiento del gasto es el pago de intereses por la deuda que el país ha adquirido".

Impacto de la crisis en la población

Ahora bien ¿cómo se traduce todo lo anterior en las condiciones de vida de la población? Pues con un recrudecimiento de la afectación a los grupos que históricamente han sido más vulnerables.

Así lo indicó la investigadora Natalia Morales Aguilar, encargada del área social del informe, cuando señaló que:

Entendiendo desigualdad más allá del ingreso, considerando desigualdades sociales por zonas, por edades, por regiones por conectividad, entre otros, este análisis demuestra que efectivamente por algo decíamos que resolver los problemas estructurales era importante: esos problemas se agudizaron todavía más cuando cae la crisis y si bien hubo una afectación generalizada, el impacto fue más fuerte en esas poblaciones que ya traían desventajas en empleo informal, empleo precario, problemas de calidad de la vivienda, acceso internet... Y ese impacto no solo fue diferenciado, sino que la recuperación también está ampliando esas brechas porque están saliendo más rápido los grupos que fueron menos afectados y seguimos con los rezagos históricos de zonas rurales".

El Informe señala que la pandemia "ha provocado importantes retrocesos en la equidad social en 2020 y durante el primer semestre del 2021" que se reflejan en la mayoría de los indicadores sociales, especialmente en el mercado de trabajo que afecta, sobre todo y con más fuerza, a las mujeres.

Los resultados del Informe Estado de la Nación 2021, de acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo, señalan que, en el segundo trimestre de 2021, la fuerza de trabajo fue de 2.403.564 personas. Lo anterior, en relación con el primer trimestre de 2020, antes de que entrara la pandemia del covid-19 al país, significa que 238.812 personas ocupadas menos y 120.048 desempleadas. Además, una cantidad importante de personas (118.764) salió del mercado laboral, sobre todo mujeres, quienes ahora se clasifican como 'fuera de la fuerza de trabajo', pues no han hecho gestiones para encontrar un empleo. Esto apunta a que las tasas de desempleo podrían ser aún mayores".

También, y más allá de las cuestiones de género, esta afectación laboral se abordó a partir del enfoque de clases sociales y por ello el PEN demuestra que los grupos más afectados, nuevamente, fueron los de por sí ya más afectados por la crisis del sistema en general.

Así el PEN señala que el grupo de los ‘pequeños propietarios’ tuvo una incidencia del desempleo del 78%, seguida de ‘otros trabajadores’ y las clases ‘obreras industriales’ y ‘de servicios’, con cifras alrededor del promedio nacional (43%).

Todas ellas poseen un factor común: empleos de baja calificación, afines a la economía más tradicional y pertenecientes a varios de los sectores económicos con mayor impacto por la crisis (turismo y comercio). El grupo de ‘profesionales y medianos empresarios’ fue el menos perjudicado (26%), así como las ‘clases intermedias’ (técnicas y administrativas), las cuales se asocian a una producción más especializada, vinculada a la nueva economía y al sector público", agrega el informe.

El PEN también valió esta data comparándola con la de las solicitudes recibidas en la plataforma del Bono Proteger, entregado el año pasado, lo que reveló que en términos laborales, la población que más solicitó la ayuda fue aquella conformada por menores de 45 años, con una sobrerrepresentación de mujeres (para un 52% del total) y por personas con bajo nivel educativo "pues casi la mitad había cursado la primaria completa o solo parte de ella (47%) y un 26% tenía secundaria incompleta".

Esta segunda data refuerza lo señalado en las estadísticas de empleo y lo indicado por el eje económico, pues "la pandemia deterioró aún más la situación de las personas en informalidad laboral y en ocupaciones no calificadas", principalmente en sectores que se vieron fuertemente afectados por la crisis como los ligados al turismo, la cultura y el arte, el diseño y el mercadeo.

Dichos hallazgos crean la oportunidad de atender a esta población con programas específicos, a partir de sus perfiles profesionales. Estos estudios constituyen insumos para el diseño de política pública, ya que proporcionan información importante para identificar y caracterizar los empleos y perfiles de la población que fue seriamente lesionada al inicio de la pandemia del covid-19. Asimismo, permite determinar las zonas del país con los efectos más agudos", señala el informe.

El Estado de la Nación también dio seguimiento a la seguridad alimentaria y nutricional del país y por ello, analizando los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, detalló que un 47,6% de los hogares experimentó dificultades para obtener alimentos el año anterior.

Esta situación, si bien se asocia con la condición de pobreza de dichos hogares (pues entre los que se encuentran bajo la línea de la pobreza extrema, el 43% señaló haber experimentar alta inseguridad alimentaria y el 36% una más leve), se amplió en el informe para detallar que cuatro de cada diez hogares con alta inseguridad que no eran pobres lo que, según Morales, también podría venir de la mano con otros factores como por ejemplo, el del endeudamiento.

Así, el apartado finaliza señalando que:

Un estudio realizado para el Informe pone en evidencia que la política social costarricense es poco flexible para implementar medidas que atenúen los problemas en épocas de crisis económicas como la actual, que su financiamiento es cada vez más insostenible y que están en riesgo algunas de sus fuentes de ingresos más importantes. Es indispensable asegurar el financiamiento de la política social, la cual, por la crisis fiscal y las medidas de contención del gasto implementadas para enfrentarla, está cada vez más erosionada. Asimismo, se vuelve primordial actuar para reducir la cantidad de personas que requieren las ayudas del Estado. Ello no depende de la política social, sino de lo que suceda en la economía real".

Herramienta ambiental

Finalmente, el Informe cierra con el análisis ambiental que estudia el estado del país en este aspecto durante el año anterior.

Acá destaca que las medidas sanitarias impuestas, a causa de la COVID-19, provocaron cambios coyunturales en los insostenibles patrones de consumo de hidrocarburos y la movilidad del país y que si bien dichos problemas estructurales persisten, la implementación de acciones evidencia que "es posible obtener resultados positivos en áreas clave para resolver problemas de fondo en materia ambiental y desarrollo humano".

El año pasado registró un menor uso de la flota vehicular, una reducción de las emisiones y una disminución en el movimiento de las personas en el transporte público; aunque se señala que "la matriz energética no ha tenido grandes cambios en las últimas tres décadas, sobre todo en cuanto a la alta y creciente dependencia de los hidrocarburos".

Un análisis, especialmente preparado para este Informe, encontró que durante el primer año de la pandemia el recorrido de la flota vehicular se redujo un 24% en promedio al día y si bien eso tuvo un impacto positivo en material ambiental, afectó mucho al servicio de transporte público, principalmente a autobuses, microbuses y al servicio del tren.

En la GAM, la cantidad mensual de pasajeros en autobuses cayó de aproximadamente 45 millones, a menos de 20 millones durante la pandemia. Además, el tren movilizó solo un 19% de las personas transportadas normalmente antes de la crisis", señala el informe.

A su vez, el Informe también hace un análisis de la situación forestal del país, para entender las características y apoyar la toma de decisiones para contener los riesgos que se enfrentan en este campo.

El país recobró, por un lado, una significativa cobertura forestal y, por otro, su potencial para mitigar el cambio climático a través de la recuperación de los depósitos de carbono (...). Al analizar los grandes tipos de uso del suelo existentes entre 1986 y 2019, se demuestra que la recuperación de cobertura forestal derivó -sobre todo- de la sustitución de pastos y cultivos en el período 1996-2006, usos que anteriormente le habían 'robado' tierra al bosque, en los años ochenta e inicios de los noventa", señala el informe.

Sin embargo, un estudio realizado sobre la distribución espacial del territorio evidencia que hay procesos de pérdida y de ganancia, aunque se obtiene un resultado global positivo.

En esta misma línea, el Informe Estado de la Nación 2021 realizó un ejercicio de predicción, a través de una herramienta de aprendizaje automático (machine learning), para estimar la probabilidad de perder cobertura arbórea en el período comprendido entre 2021 y 2025.

Según indicó Leonardo Merino Trejos, coordinador de investigación del Informe, con esta herramienta se pueden describir, con exactitud de 30 por 30 metros, los lugares donde hay mayor riesgo de deforestación.

En ese sentido, los puntos que soportarían una mayor presión para perder su dosel arbóreo, en el 2025, se caracterizan por ser aptos para desarrollar actividades agropecuarias. Entre las variables que muestran más influencia están la capacidad de uso, pendientes bajas y presencia de otros cultivos, por ejemplo, la piña, la palma y el pasto. En cambio, aquellas zonas que se encuentran bajo esquemas de protección, los corredores biológicos, las franjas de protección de ríos y las zonas costeras se asocian a una mayor probabilidad de conservar la cobertura arbórea actual. Esas características demuestran una asociación positiva para la conservación, en concordancia con estudios pasados".

Los interesados en leer todos los detalles sobre el Informe Estado de la Nación 2021 pueden ingresar a la página web https://estadonacion.or.cr/informes/