En noviembre del 2019, el Informe Estado de la Nación se presentó con una advertencia: “Trátelo con cuidado, el país atraviesa una coyuntura crítica". En aquel momento el panorama era de alerta y hacia un llamado a la responsabilidad de los actores políticos, frente a una coyuntura en la que cualquier shock (interno o externo) podría ser crítico.
Poco menos de cuatro meses después de la presentación de ese informe, Costa Rica registró su primer caso de COVID-19 y desde entonces nada ha sido igual en el país. El más reciente IEN, presentado de forma virtual el día de hoy, no es la excepción. Como resultado de la pandemia en esta ocasión el informe fue más allá del tradicional seguimiento y valoración que se realiza sobre el desempeño del país en temas de desarrollo humano, y se documentaron los efectos productivos, sociales y fiscales asociados a la pandemia de COVID-19 que atraviesa el país.
Dato D+: Este análisis es la vigésimo sexta edición del estudio que el centro investigativo viene desarrollando desde 1995.
La valoración que hace el PEN señala que la pandemia ha golpeado a Costa Rica en un momento en el que las fortalezas históricas en cuanto a desarrollo humano ya eran frágiles y vulnerables. Según se señala en el primer capítulo esta debilidad está amplificando los efectos de la crisis sobre las condiciones de vida y trabajo de la población y, en particular, reduce todavía más la capacidad de maniobra de la sociedad, del sector privado y del Estado para enfrentar esos efectos.
Cómo resultado de la crisis en la que se encuentra el país en la actualidad, el shock productivo, fiscal y social, es el más grave desde los años ochenta y, según advierte el informe, dependiendo de lo que suceda en los próximos meses, de la historia nacional moderna.
Equidad e integración social
El informe recuerda que, desde antes de que iniciara la pandemia por COVID-19, el país ya arrastraba una situación social precaria, que se reflejaba en la escasa generación de puestos de trabajo de calidad, que eran insuficientes para cubrir el aumento de la fuerza de trabajo y generaba un incremento constante en el desempleo y subempleo.
Adicionalmente, en 2019 el ingreso de los hogares de Costa Rica se contrajo, por tercer año consecutivo, y el coeficiente de Gini estimado (0.514) refleja la alta desigualdad de ingreso que venía experimentando el país durante la segunda década del siglo XXI.
Dadas estas condiciones, el informe destaca que “con un evidente contexto social negativo, el país se encontraba mal preparado para recibir la crisis a inicios de marzo del 2020”, que dejó como resultado una caída de la tasa neta de participación laboral de 5 puntos porcentuales, lo que representa la salida del mercado de trabajo de 235.290 personas.
El informe destaca que la afectación más severa en empleo se dio en las mujeres, visto que de la cantidad de personas que perdieron su trabajo tras la crisis (437.938), el 52% eran ocupados por mujeres y la caída de la tasa de ocupación femenina hasta un 31%, representa un retroceso de 30 años en ese indicador.
Además, el informe advierte que, dada la situación económica que atraviesa el país, está en riesgo la Inversión Social Pública que financia los programas sociales selectivos y de los servicios de salud y educación en el país, y que previenen que parte de la población caiga en condición de pobreza.
Economía
En cuanto a la economía del país, el informe destaca que la pandemia nos encontró en un momento en el que el país arrastraba una clara tendencia a la desaceleración, pues en 2019 se registró una tasa de crecimiento de 2,1%, la segunda más baja en dos décadas, solo superada por el periodo 2008-2009 en el marco de la crisis financiera global.
Según el PEN, esta tendencia se viene presentando desde el 2016, y en 2019 fue acompañada por una pérdida neta de puestos de trabajo del 0,8%, en comparación con el 2018, y se ha presentado en casi todas las áreas de la economía, pues solo la electricidad, el transporte y la educación presentaron tasas de crecimiento mayores en 2019 que en 2018.
Adicionalmente, y a pesar de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018, en 2019 se mantiene el desbalance de las finanzas públicas, ya que si bien se aumentó la recaudación tributaría —en parte por la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado que generó que el impuesto de ventas interno aumentara 23% entre 2018 y 2019— el déficit fiscal del año 2019 cerró por encima de lo esperado, alcanzando a representar un 6.9% del PIB. Sobre este tema, el informe señala que “El deterioro de la situación fiscal se puede atribuir a una combinación de factores que incluyen el costo y las malas condiciones en que se ha contraído la deuda para hacer frente a las necesidades de ingresos y a la estructura del gasto”.
En medio de este contexto económico, la pandemia por COVID-19 generó un shock que se reflejó en una caída de la actividad económica —sufrida por mayor intensidad en los sectores de turismo y comercio— y que a julio del 2020 generó una contracción del 5% en el nivel de producción.
Además, utilizando el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) —cifra que reporta el Banco Central mensualmente para medir el nivel de producción en el país— el informe identificó que la caída en los primeros tres meses de la pandemia (de marzo a mayo) representó un retroceso en la capacidad productiva que llevó al IMAE a un nivel equivalente al que tenía en 2015.
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Medio Ambiente
El informe destaca que, en materia ambiental, desde antes de la llegada de la pandemia el país trae por varias décadas patrones poco sostenibles como, por ejemplo, en el tema del uso y disponibilidad del recurso hídrico, visto que en 2019 las fuentes de abastecimiento tuvieron, en promedio, una reducción del 20% lo que afectó la distribución de agua a cerca de 500.000 personas del Gran Área Metropolitana, quienes sufrieron racionamientos de agua por periodos de entre una y doce horas al día.
Dato D+: En los últimos 16 años del total de agua extraída por el AyA se desaprovechó la mitad.
El informe señala que los efectos generados por la pandemia “podrían acentuar la ya insostenible situación ambiental en Costa Rica, ocasionada por los impactos negativos acumulados en el uso de recursos naturales y territoriales, y los problemas para hacerle frente a los distintos escenarios multirriesgo en el área ambiental”, por ejemplo, entre febrero y mayo de este año se registró un aumento en el consumo de agua potable del 11%, lo que puso una mayor presión sobre las fuentes de agua en el país.
Adicionalmente, la pandemia evidenció “fragilidades estructurales que favorecen la expansión de los contagios” siendo que, al realizar un análisis cantonal del total de personas contagiadas al mes de mayo, se identificó que los cantones con mayor concentración de casos de COVID-19 son también los cantones donde entre 1970 y 2019 se han registrado la mayor cantidad de desastres hidrometeorológicos.
El PEN llamó la atención sobre el hecho de que la atención de la pandemia no debe derivar en una flexibilización de normas que reduzcan, el ya de por si limitado, control y fiscalización que pueden ejercer las instituciones en el tema ambiental, destacando dos casos relevantes en esa línea: la simplificación de trámites de viabilidad ambiental y el registro de agroquímicos (que ya fueron puestos en marcha por el actual Gobierno).
Democracia
Aprovechando las elecciones municipales de este año, el informe 2020 analizó varios aspectos de la democracia y procesos a nivel municipal encontrando que, en cuanto a los niveles de participación, las comunidades que presentan mayores niveles de abstencionismo (en las cinco elecciones municipales del 2002 al 2020) son también las que tienen mayores niveles de desigualdad salarial, medido por el Índice de Desigualdad Salarial. Entre los cantones con baja desigualdad salarial y alta participación se identificaron los de Dota, Montes de Oro, Sarchí, Guatuso y Zarcero, del otro lado del espectro (alta desigualdad y baja participación) se ubicó a San José, Heredia, Goicoechea, Tibás, Curridabat, Alajuela, Limón y Libera.
Según señala el informe “entender mejor los efectos de la desigualdad económica sobre la participación electoral puede servir a las instituciones del Estado costarricense para promover acciones orientadas a profundizar en el análisis de los efectos de políticas sociales y de fomento productivo, con el fin de reducir las brechas existentes en los niveles de participación”.
Además: aumento de reelección municipal obstaculiza participación femenina en alcaldías.
Adicionalmente, sobre la atención de la pandemia, el informe señala que las “políticas para atender la pandemia se han aprobado con apego a las reglas establecidas en la Constitución Política y han sido ejecutadas por medio de instituciones públicas con las potestades y competencias para hacerlo”. Según destaca el informe, a pesar de la debilidad con la que llegaba el Poder Ejecutivo antes de la pandemia, el Gobierno Central lideró una respuesta activa para la atención de la crisis que, con corte al 24 de julio, representaba un total de 469 medidas tomadas por el Estado costarricense —las medidas contabilizadas incluyen acuerdos, circulares, comunicados, convenios, decretos, directrices, informes, leyes, lineamientos, oficios y resoluciones—, para un promedio de 94 por mes durante el periodo de marzo a julio.
El informe reconoce, además, la adaptabilidad de la Asamblea Legislativa que reaccionó con celeridad para, en pocos meses, promulgar leyes vinculadas a la atención de la pandemia, a pesar de no contar en su reglamento con las medidas necesarias para poder virtualizar toda su operación, incluyendo la posibilidad de sesionar o votar virtualmente ante la necesidad de cerrar el recinto parlamentario debido a potenciales brotes de virus entre personas vinculadas con el Parlamento.
Esta sección del informe finaliza advirtiendo que si bien, hasta el momento, la crisis sanitaria y económica no ha comprometió la estabilidad democrática, la fragilidad y volatilidad de la situación actual, por lo que “no se puede descartar que el sistema político pueda entrar en un período turbulento, dada la vulnerabilidad a la que está expuesto el país”.
