Académicos y autoridades legislativas señalaron que el recorte en gasto social genera retrocesos difíciles de revertir.

Una reducción sostenida en la inversión social durante los últimos años ha generado preocupación entre especialistas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) y diputaciones de la Asamblea Legislativa, quienes advierten que este fenómeno podría provocar una descomposición social de largo plazo.

Durante la presentación del II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica, organizada por el Cinpe, se debatió sobre el impacto de las decisiones fiscales del gobierno en áreas como educación, salud y seguridad social.

Leiner Vargas, economista del Cinpe, explicó que priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social es una estrategia de corto plazo que genera una mayor deuda social a futuro:

Hay otras formas de mejorar la situación fiscal, como cobrar adecuadamente los impuestos, evitar la elusión y la evasión fiscal”.

El informe del Cinpe revela que el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de un 24.2% en 2020, descendió al 23.4% en 2021 y cayó al 21.2% en 2022. Vargas señaló que estos niveles son similares a los registrados en 2010.

En la actividad también participó Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quien afirmó:

Este gobierno, al tener una política muy fiscalista, por cumplir con esos indicadores, está abandonando ese contrato social que hemos tenido históricamente”.

Ramírez añadió que, aunque se ha avanzado rápidamente en el cumplimiento de metas fiscales ante el Fondo Monetario Internacional, esto ha significado una disminución significativa del gasto social. ''Si no hacemos un equilibrio entre lo fiscal y lo social, el país se nos va a salir de las manos”, advirtió.

Vargas coincidió con la diputada y señaló que la decisión del gobierno representa “un disparo en el pie”. En su criterio:

...si un niño se sale del sistema educativo o una persona cae en la exclusión social, es muy difícil recuperarlo; más bien, se convierten en costos para la sociedad”.

Por su parte, Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, afirmó que la educación ha sido el sector más afectado por los recortes en los últimos tres años. Agregó que, ante la falta de ingresos suficientes por el mercado de trabajo, los programas sociales como becas y subsidios son claves para el bienestar de los hogares.

El informe del Cinpe detalló que la inversión en protección social pública fue de un 14.5% del PIB en 2023, la cifra más baja desde 2015. El dato se encuentra por debajo de la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sugiere un mínimo del 22.6% del PIB.

Marco Otoya, director del Cinpe, señaló que la disminución de la inversión social y el aumento de la inseguridad afectan directamente la competitividad del país:

Urge una política pública de educación para sacarnos del estancamiento en el que estamos, al igual que en salud y en seguridad ciudadana, sin descuidar la reactivación económica interna de la economía local”.