En la crónica del lunes de Barra de Prensa comentábamos que la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó el día de ayer una moción para el proyecto 20.861 a fin de definir la metodología que el Banco Central de Costa Rica deberá seguir para fijar el tope a las tasas de interés que se pueden cobrar en el país.

Dicha metodología consiste en una tasa máxima calculada cada 6 meses, equivalente a la tasa de interés activa promedio del Sistema Financiero multiplicada por 2,2. Un porcentaje mayor sería considerado como delito de usura.

El límite equivale hoy a un interés del 29,8% para préstamos en colones y 14,8% para préstamos en dólares.

El proyecto busca definir qué se entiende por una tasa de usura ya que a pesar de que la usura se encuentra penada por el artículo 243 del Código Penal, la ausencia de una delimitación de cuánto es considerado una tasa de usura hace que hasta la fecha no se haya condenado a nadie por este delito.

A pesar de que el límite propuesto para la definición de usura por la comisión se encuentra en línea con los que existen en los países desarrollados, el diputado Erick Rodríguez Steller (independiente ex PIN) tomó la palabra el día de ayer en el Plenario para manifestar su molestia por lo que consideran una intromisión de los legisladores en algo que la propia economía debería regular.

El argumento esgrimido por Rodríguez y otros diputados que están en contra del proyecto es que definir un límite a la tasa de usura alrededor del 30% dejaría a una parte de la población excluida del sistema financiero, ya que según ellos los bancos dejarían de brindarles créditos por no poder cobrar tasas de crédito acorde al riesgo de las personas de menores ingresos.

Por su parte, José María Villalta —quién apoya el proyecto— denunció en el Plenario que el “sindicato de los bancos”, entiéndase la Asociación Bancaria Costarricense ya se encontraba haciendo un fuerte lobby para que el proyecto de ley no sea aprobado.

No se puede obviar que el más reciente informe del MEIC sobre tarjetas de crédito en el país (con datos al 31 de julio de este año) señala que en el país existen en circulación 2.904.537 tarjetas de crédito, de las cuales alrededor del 62% tiene tasas de intereses por encima del 30%. La mayoría de estas tarjetas son colocadas por los bancos privados del país.

Adicionalmente, la más reciente Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENAHO) señaló que el porcentaje de hogares en el país que mantiene por lo menos una deuda es de 59.9%, y en promedio pagan una cuota de aproximadamente 200.000 colones. Según el origen de la deuda, la distribución de ese rubro se divide en:

  • 30,1% en empresas comerciales.
  • 28,7% en créditos con entidades financieras (no de vivienda).
  • 14,2% en préstamos de vivienda.
  • 9,8% en tarjetas de crédito (solo incluye las tarjetas con saldos de deudas, no las pagadas de contado).
  • 9% en prestamistas y otros.

Además, el tema del endeudamiento de los hogares ha llegado a la agenda pública pues el Poder Ejecutivo emitió una directriz para que los bancos estatales inicien un programa de salvamento para las personas asalariadas con un alto nivel de endeudamiento e incluso el Banco Popular ya publicó las condiciones en las que dará este tipo de créditos.

El diputado Welmer Ramos, quién ha sido uno de los impulsores del proyecto, ha asegurado que:

Todos los países de la OCDE y las economías más fuertes del mundo ponen límites a las tasas de interés en niveles razonables para que el negocio sea rentable pero que defiendan de la trampa de la deuda abusiva a sus ciudadanos. Por cierto, ninguno de esos países ha establecido tasas de interés por encima del 30%.