Este martes en el Congreso: se archivó el proyecto para permitir que el ICE construya obra pública; se aprobó en definitiva el proyecto que sube las penas por hurto, traslado ilegal o receptación de ganado; y en la Comisión de Hacendarios se aprobó una moción para que, a hoy, se considere usura cobrar más de 30% de interés para préstamos en colones y 15% para préstamos en dólares.
Revés para el ICE constructor
El proyecto de ley que pretendía autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a desarrollar proyectos de obra pública fue archivado este martes tras vencerse el plazo de vida de cuatro años que tenía la iniciativa presentada por el exdiputado Fabricio Alvarado.
Aunque la diputada Carmen Chan planteó una moción para que al proyecto se le otorgara un nuevo plazo de cuatro años, según lo prevé el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea, no se alcanzaron los 38 votos necesarios para que la prórroga fuera implementada.
En total fueron dos las mociones que fracasaron. La primera recibió 24 votos a favor y 23 en contra, de modo que quedó rechazada. De inmediato se conoció una moción de revisión para repetir la votación, la cual fue aprobada con 29 votos a favor y 16 en contra.
Y aunque la "remontada" en la moción de revisión podía dar aires de esperanza, la votación por segunda vez de la moción arrojó 24 votos a favor y 18 en contra, quedando definitivamente rechazada al no alcanzar la supermayoría de 38 votos requerida.
El proyecto tenía dictamen afirmativo unánime que databa de abril del 2016 y pretendía darle las prerrogativas legales necesarias al ICE para que pudiera coadyuvar con las instituciones del Estado, particularmente con el MOPT, en cuanto al desarrollo de obras de infraestructura que el país necesita.
Ello implicaba que el ICE pondría a disposición del país los recursos humanos, logísticos, técnicos y gerenciales calificados que, en lo fundamental, no forman parte de sus operaciones cotidianas, así como su aprendizaje acumulado en materia de desarrollo de grandes obras infraestructurales, de tal suerte que, en el tanto la institución tenga esos recursos ociosos, los pueda utilizar para coadyuvar en la construcción de infraestructura pública.
Suben penas por hurto de ganado
44 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.428 que aumenta la pena mínima por delitos relacionados con hurto, traslado ilegal y receptación de ganado bovino en el país.
El proyecto —iniciativa de tres diputados de la Unidad Social Cristiana— solo recibió el voto negativo de José María Villalta del Frente Amplio, quien afirmó que esta es la segunda vez que se aumentan las penas por estos delitos, y que el aumento en la cantidad de casos después del primer aumento era evidencia de que ese tipo de política penal es un fracaso en el país.
Sin embargo, los defensores del proyecto (muchos, valga decir) respondieron a Villalta que la problemática del hurto, transporte ilegal y receptación de ganado se cuenta por miles en el país y que los ganaderos no se animan a denunciar debido a que las penas vigentes son aún bajas.
Villalta refutó de nueva esta afirmación al señalar que las penas relacionadas con este tema son de las más altas en comparación con delitos similares, sin embargo, reconoció que no le era posible hacer cambiar de opinión a sus compañeros pero que debía dejar en actas los motivos de su voto negativo.
La primera reforma que hace el proyecto es al artículo 20 de la Ley 8799 "Hurto con desmembramiento o muerte ilegal de ganado" para ampliar la pena de prisión de 2 a 12 años y elevándose un tercio a quien, teniendo conocimiento del delito, venda, distribuya o comercialice la carne en establecimientos autorizados o no autorizados.
La siguiente modificación es al artículo 21 "Movilización ilegal de ganado, productos y subproductos", para subir la pena de prisión al rango entre ocho meses a cuatro años (desde los ocho meses a tres años) contra quien movilice ganado bovino obtenido ilegítimamente sin que cuente con la guía oficial de movilización establecida en la ley. Igual pena se le impondrá a quien movilice productos y subproductos de ganado obtenidos ilegítimamente sin que cuente con la factura y, en el caso de canales y medios canales, sin los sellos impresos que establece la ley.
Finalmente, se modifica el artículo 22 "Recepción, adquisición y negociación ilegal de ganado, productos y subproductos" de modo que sea reprimido con prisión de un año a cuatro años (desde los ocho meses a tres años) quien reciba, adquiera o negocie ganado previamente movilizado sin la guía de movilización establecida en la ley. Igual pena se impondrá:
a) Al propietario o arrendante, socio, gerente, representante legal empleado o encargado de un establecimiento mercantil que reciba, adquiera o negocie productos y subproductos de ganado bovino sin que cuente con la factura comercial y, en el caso de canales y medios canales de ganado, sin el sello de matanza impreso establecido en esta Ley.
b) Quien cometa la acción regulada en el inciso anterior si lo hace fuera de establecimientos mercantiles legítimamente autorizados.
Reforma a Ley de VIH: ¡vaya sorpresa!
Ayer en el Reporte Delfino les comentamos que el Plenario retrotrajo a primer debate el proyecto de reforma integral a la Ley General de VIH/SIDA luego de recibir dos criterios extemporáneos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y de la Defensoría de los Habitantes.
Dichos criterios cuestionaban que los diputados hubiesen eliminado en Plenario el requisito de que para que una persona extranjera pueda recibir tratamiento por VIH/SIDA en el país, debía estar regularizando su situación migratoria.
Aunque augurábamos que tal requisito iba a ser instaurado a como estaba antes:
En el caso de las personas extranjeras con VIH, que se encuentren en condición migratoria irregular podrán recibir la atención integral y el tratamiento, mientras realizan los trámites de regularización de su situación migratoria.
Lo cierto es que los diputados aprobaron una redacción más neutral que no supedita la atención a dicha regularización, mas sí recuerda la obligación legal que existe de hacerlo.
Las personas con VIH, tanto nacionales como extranjeras, que estén en condición de pobreza, pobreza extrema e indigencia médica, y aquellas que por alguna razón han sido cesadas de su trabajo y no tienen capacidad contributiva para seguir cotizando al seguro de salud, tienen derecho a que se les continúe brindando, sin interrupción, la atención integral y el tratamiento a las personas con VIH, de conformidad con el artículo 162 de la Ley N.° 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973, sin perjuicio del deber de realizar las gestiones respectivas ante la autoridad competente y conforme a la Ley de Migración y Extranjería, N.° 8764 del 22 de noviembre del 2005.
El cambio fue aprobado luego que 45 diputados acordaran convertir el Plenario en Comisión General para hacerle modificaciones puntuales al texto.
Además de esa reforma, se modificaron dos puntos más: el primero, relativo al financiamiento del CONASIDA; en el sentido de que la Caja del Seguro Social aportará los recursos al CONASIDA en el ámbito de sus competencias; y que esa institución no tendrá la obligación legal de desarrollar tratamientos profilácticos y medicamentos antirretrovirales, limitándolo a deber de investigar, importar, comprar, mantener en existencia y suministrar los tratamientos y medicamentos, garantizando estándares de calidad, de manera oportuna, de acuerdo con las normas institucionales de seguridad farmacológica y con los respectivos protocolos de atención.
Las tres reformas fueron aprobadas con una sola moción que recibió el voto afirmativo unánime de 44 diputados.
De seguido, el proyecto se votó nuevamente en primer debate con un resultado de 42 votos a favor y ninguno en contra.
Breves
— 49 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.656 que reforma la Ley de creación del Icoder para incluirle dos transitorios que impidan afectaciones al trabajo que han venido realizando los integrantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación a raíz de la promulgación de la Ley 9739. Con dichos transitorios se evitará que por falta de reglamentación para los nuevos nombramientos se presente una afectación al quorum estructural; y que el Comité Olímpico Nacional pueda ejercer las funciones asignadas al nuevo Comité Paralímpico Nacional hasta el plazo del 15 de enero de 2021.
— 41 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.586 para que se realice una interpretación de una de las reformas hechas con el plan fiscal, en el sentido de exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación.
— La Comisión de Hacendarios aprobó una moción al proyecto sobre usura para definir la metodología que el Banco Central de Costa Rica deberá seguir para fijar el tope a las tasas de interés que se pueden cobrar en el país. Dicha metodología consiste en una tasa máxima calculada cada 6 meses, equivalente a la tasa de interés activa promedio del Sistema Financiero multiplicada por 2,2. Un porcentaje mayor sería considerado como delito de usura. El límite equivale hoy a un interés del 30,18% para préstamos en colones y 15,43% para préstamos en dólares.
