Eder Hernández propone habilitación del ICT, clasificación de recorridos por colores, seguros y bitácoras para operadores de senderismo turístico.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández Ulloa, presentó un proyecto de ley (expediente 25.900) que crea un régimen nacional obligatorio para las personas físicas o jurídicas que, de forma habitual, intermedien, organicen, guíen, comercialicen o dirijan actividades de senderismo turístico. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) sería el ente rector.
La iniciativa no obliga a quienes practican senderismo por cuenta propia. Según la exposición de motivos, el objetivo no es restringir el disfrute de la naturaleza ni imponer una autorización general a quien camina por su cuenta, sino establecer reglas para quienes ofrecen habitualmente estos servicios turísticos. El texto permite que el reglamento defina excepciones adicionales.
Requisitos para los operadores
Ninguna empresa podría organizar o comercializar actividades de senderismo sin estar habilitada por el ICT, de acuerdo con los requisitos que establezca el reglamento. Además, tendría que aplicar medidas de prevención y gestión de riesgos, y suspender o modificar una actividad cuando las condiciones eleven el riesgo por encima de lo permitido para la categoría del recorrido.
El ICT tendría que implementar un sistema nacional para evaluar la peligrosidad de los senderos. Este tomaría en cuenta, como mínimo, las condiciones del terreno, la meteorología, la complejidad del recorrido, la probabilidad y severidad de los eventos, la capacidad de respuesta y acceso a atención, y el historial de incidentes cuando exista información disponible.
Con base en esa evaluación, cada sendero o modalidad de recorrido habilitado recibiría una categoría identificada por color. El reglamento definiría cuántas categorías existirían, sus colores, los criterios de asignación y las obligaciones asociadas a cada una. Antes de iniciar la actividad, las empresas tendrían que informar al usuario sobre la categoría de peligrosidad y las recomendaciones de seguridad establecidas por el ICT.
El reglamento también establecería obligaciones relacionadas con la capacitación mínima del personal, los recursos y equipos según el nivel de peligrosidad, la comunicación durante el recorrido y el consentimiento informado del usuario sobre los riesgos.
Las empresas habilitadas tendrían que llevar una bitácora por cada salida. El registro incluiría la identificación de las personas participantes, contactos de emergencia, el sendero o actividad y su categoría por color, las horas de inicio y finalización estimada, información relevante declarada por el usuario y el resultado de la actividad.
El reglamento definiría si la bitácora puede llevarse en formato físico o digital, su periodo de conservación y los mecanismos de verificación. El ICT o la autoridad competente podrían solicitar acceso a esos registros dentro del marco legal y de protección de datos personales.
Seguros y protocolo de emergencia
Antes de iniciar operaciones, las empresas habilitadas tendrían que contar con pólizas vigentes. El reglamento establecería coberturas mínimas relacionadas con atención médica por accidentes, traslado y evacuación, responsabilidad civil por daños a terceros, asistencia en emergencias y, cuando corresponda, fallecimiento.
Los montos mínimos de cobertura, las condiciones de vigencia, los límites de asegurabilidad y la forma de acreditar las pólizas ante el ICT también quedarían definidos mediante reglamento según el nivel de peligrosidad y el tipo de actividad.
El proyecto ordena además al ICT emitir un Protocolo Nacional de Emergencia para Senderismo, con procedimientos diferenciados para lesiones, personas extraviadas y fallecimientos. Las empresas tendrían que activarlo inmediatamente cuando corresponda y coordinar con las autoridades y los sistemas de atención de emergencias.
El reglamento tendría que incluir como mínimo la cadena de mando, procedimientos de comunicación y reporte, criterios de priorización, lineamientos de evacuación, manejo documental de los incidentes y reglas para el trato a usuarios y familiares.
Sanciones y reglamento
El ICT tendría a su cargo la supervisión de la habilitación de las empresas, la aplicación de la clasificación por colores, los requisitos de seguridad, la vigencia de las pólizas, las bitácoras y la ejecución del protocolo de emergencia.
El proyecto considera infracciones operar sin habilitación; trabajar sin clasificación vigente o sin comunicar el nivel de riesgo; no contar con el seguro obligatorio; incumplir con las bitácoras; no aplicar el protocolo de emergencia cuando corresponda; e incumplir requerimientos de supervisión. El artículo 20 también permite que el reglamento contemple otras infracciones.
El texto deja al reglamento del ICT la definición del régimen de sanciones, que podría incluir amonestaciones, multas, suspensión temporal y revocatoria de la habilitación, además de otras medidas accesorias dispuestas legalmente.
El ICT tendría un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la eventual ley para emitir la reglamentación, que también tendría que definir el modelo de evaluación, las categorías por colores, los seguros, las bitácoras, la capacitación y el protocolo nacional de emergencia.
El expediente fue presentado el 9 de noviembre y se encuentra pendiente de asignación a una comisión legislativa.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere convocatoria del Poder Ejecutivo para que pueda avanzar durante este periodo.
