El proyecto busca crear un régimen nacional obligatorio para quienes comercialicen, organicen o guíen habitualmente actividades turísticas de senderismo, bajo rectoría del ICT, mediante habilitación previa de los operadores, clasificación oficial de los senderos por niveles de peligrosidad identificados con colores, información obligatoria del riesgo, capacitación y equipo, bitácoras individuales por cada salida, seguros para accidentes, evacuación y responsabilidad civil y un protocolo nacional para lesiones, extravíos y fallecimientos; no obliga a las personas que practican senderismo por cuenta propia y no parte de un vacío regulatorio —el Reglamento de Turismo Aventura ya regula hiking y trekking—, pero añade controles específicos y más uniformes, y deja para el reglamento aspectos centrales como los requisitos de habilitación, categorías de riesgo, montos de seguros y multas, e incluso permite que el reglamento defina infracciones adicionales, punto que plantea una cuestión de legalidad y reserva de ley en materia sancionatoria