El texto aprobado en comisión mantiene la contratación directa con el BCIE, incorpora el traspaso obligatorio de un terreno del Liceo de Costa Rica y permite integrar tramos de dos calles públicas al futuro complejo.
La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este martes el proyecto de ley para desarrollar Ciudad Gobierno, después de aprobar un texto sustitutivo que introduce nuevas disposiciones sobre los terrenos, las calles públicas y las condiciones contractuales del complejo inmobiliario que el Gobierno pretende construir en el centro de San José.
La iniciativa mantiene la autorización para que el Ministerio de Hacienda contrate directamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un arrendamiento de bienes por construir. Bajo este modelo, el banco asumiría el diseño y la construcción de las instalaciones, mientras que el Estado pagaría por utilizarlas durante un periodo inicial de hasta 30 años, prorrogable hasta un máximo de 50.
El proyecto recibió siete votos a favor y dos en contra. Lo respaldaron los oficialistas Gonzalo Ramírez Zamora, Juan Manuel Quesada, Kattya Mora Montoya, Mayuli Ortega Guzmán y Zaira Murillo Marín, junto con los liberacionistas Rafael Vargas Brenes y Ronald Campos Villegas. En contra votaron Jesús Calderón Calderón, del PLN, y Vianey Mora Vega, del Frente Amplio.
El texto sustitutivo aprobado reorganiza las disposiciones sobre el arrendamiento y establece que, al concluir el plazo inicial de hasta 30 años, Hacienda podrá negociar con el banco tres alternativas: recibir las obras, prorrogar el alquiler o permitir que el BCIE arriende las instalaciones a terceros durante el tiempo restante del derecho de uso de los terrenos públicos.
Una de las modificaciones establece que, si el Estado decide prorrogar el arrendamiento, el BCIE deberá trasladarle la propiedad de las obras, instalaciones y equipamiento al finalizar la última prórroga, conforme a las condiciones que ambas partes establezcan. El proyecto original contemplaba la posibilidad de solicitar ese traslado, pero no contenía una obligación equivalente al concluir las extensiones.
La reforma también precisa que, si se permite al BCIE alquilar los espacios a terceros, deberá reconocer al titular público del terreno los ingresos netos generados, después de descontar los gastos de operación, administración, mantenimiento y otros costos directamente asociados. El nuevo texto aclara que estas posibilidades requieren decisiones posteriores y acuerdos entre las partes, por lo que no constituyen derechos adquiridos desde la firma del contrato inicial.
Por otra parte, el texto mantiene la posibilidad de otorgar al BCIE el derecho de uso de terrenos públicos por un plazo máximo de 50 años, sin transferirle su propiedad. La contratación del diseño y la construcción deberá realizarse mediante licitaciones abiertas conforme a las políticas de adquisiciones del banco.
Traspaso obligatorio de terreno del Liceo de Costa Rica
El sustitutivo modifica el mecanismo previsto originalmente para recuperar un terreno actualmente propiedad del Liceo de Costa Rica. En lugar de derogar la Ley 5570 del año 1974 y ordenar su devolución, el nuevo artículo 12 dispone directamente el traspaso gratuito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de un inmueble de 10.010 metros cuadrados, identificado con la matrícula 1-45513-000.
El terreno se encuentra en el distrito Catedral de San José, entre las avenidas 20 y 22 y las calles 7 y 9. La iniciativa establece que el traspaso será obligatorio y no necesitará autorización, acuerdo de donación ni aceptación adicional de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica. La Notaría del Estado deberá formalizarlo en un plazo máximo de 30 días naturales después de la entrada en vigencia de la eventual ley.
El texto también ordena al Ministerio de Educación Pública adoptar las medidas necesarias para garantizar las actividades educativas y los servicios de apoyo del centro educativo, con atención a la seguridad y al interés superior de los estudiantes.
Otra novedad es el artículo 13, que retira la condición de bienes de dominio público y uso común a tramos de las calles 7 y 9, entre las avenidas 20 y 22, para integrarlos jurídicamente a los terrenos destinados a Ciudad Gobierno.
La medida permitiría incorporar esas secciones viales al desarrollo del complejo, aunque antes de su cierre material o intervención constructiva deberá realizarse un estudio técnico de impacto y mitigación vial, en coordinación con la Municipalidad de San José. El estudio deberá garantizar la continuidad y seguridad del tránsito peatonal, vehicular y del transporte público en los alrededores.
Si resulta necesario trasladar o modificar redes de servicios públicos, las instituciones responsables deberán atender prioritariamente los requerimientos de la comisión coordinadora del proyecto. Los costos de esas obras se financiarían con recursos del propio desarrollo inmobiliario.
Advertencias de la Contraloría
El proyecto avanzó después de que la Contraloría General de la República (CGR) formulara observaciones sobre la contratación directa con el BCIE, el mecanismo de financiamiento y la distribución de riesgos económicos en un criterio remitido el 6 de octubre.
El órgano contralor señaló que, aunque el expediente presenta el negocio como un arrendamiento de bienes por construir, sus características corresponden a una asociación público-privada. Por esa razón, recomendó justificar la selección directa del banco, evaluar integralmente los costos y riesgos del proyecto y considerar las autorizaciones constitucionales y legales que correspondan en materia de endeudamiento público.
La CGR también advirtió sobre la necesidad de impedir que eventuales sobrecostos de construcción terminen trasladándose al Estado mediante cuotas de arrendamiento más elevadas, así como garantizar mecanismos adecuados de fiscalización sobre las actividades contratadas por el banco.
El sustitutivo incorpora expresamente la obligación de cumplir los requisitos y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública durante las etapas de preinversión, inversión y posinversión. Asimismo, añade entre las funciones de la comisión coordinadora el seguimiento periódico de los entregables del proyecto.
Sin embargo, la versión aprobada mantiene la contratación directa con el BCIE y no incorpora expresamente todas las recomendaciones formuladas por la Contraloría, entre ellas las relacionadas con el tratamiento del endeudamiento público y la justificación de utilizar una contratación directa en lugar de un concurso para seleccionar al desarrollador.
Breves
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.082 "Reforma de los artículos 155 y 155 bis de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del 26 de octubre del 2012 y sus reformas y adición de un inciso o) al artículo 9 de la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18A Consejo Arancelario y Aduanero CA, N°7088 del 30 de noviembre de 1987 y sus reformas".
Proyectos dictaminados
No se reportaron otros proyectos dictaminados en las comisiones este martes.
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
