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La plaga de la usura que vive la población costarricense está destruyendo los exiguos patrimonios familiares, la autoestima y la familia misma. Miles de familias han sido sobre endeudadas a tasas de interés abusivamente altas, aprovechándose de la ignorancia financiera, de la necesidad o de la ligereza de los ciudadanos. Es muy común encontrar una familia con un ingreso de ₡500 mil mensuales que destina hasta ₡320 mil al pago de intereses.

El asedio diario que viven los ciudadanos con el ofreciendo préstamos es de locura: mensajes al celular, llamadas, pegatinas en los postes, la radio, la televisión, de nunca acabar; pero todas las ofertas inducen al consumo de bienes superfluos, casi no hay ofertas para iniciar un negocio, construir una vivienda o apoyar la producción.

La enfermedad social de la deuda para consumo y el abuso en las tasas de interés, ha minado la capacidad adquisitiva de las personas y restado fuerza a la dinámica económica, es una patología grave para el desempeño de la economía, así: crece el desempleo y el subempleo, crece la pobreza, crece la desigualdad, junto con la avaricia de los prestamistas que descubrieron una falencia en las defensas legales de Costa Rica: no hay tope ninguno para las tasas que quieran cobrarle al ciudadano, ni normas contra las cláusulas abusiva en los contratos de adhesión.

La ley actual penaliza la usura, pero no establece a partir de qué tasa de interés se convierte en delito, por lo que en la práctica no se puede aplicar. Además, Costa Rica es firmante de la Convención Americana de los Derechos Humanos que define la usura como esclavitud financiera desde 1969, sin que haya condenas por tal delito.

Esta falla en la ley está permitiendo generar la oleada más pavorosa de exclusión financiera que haya experimentado Costa Rica. Motivados por las tasas elevadísimas, los usureros seducen a personas sin capacidad de pago para que adquieran deudas, a sabiendas de que si sólo pagan las cuotas unos pocos meses pueden recobrar el adeudo y obtener ganancias significativamente altas, pero más aún, de caer en mora los ciudadanos seguirán con la deuda a cuestas que la terminarán pagando, ya muy crecida, los fiadores o, por medio del remate de un bien inmueble que se adjudicarán por una pequeña fracción del valor real.

Esas personas que no pudieron pagar a tiempo verán manchados sus récords financieros, casi a perpetuidad, no podrán tener cuenta alguna en los entes financieros, ni podrán comprar vivienda o tener un activo a su nombre, pues el embargo caerá sobre cualquier activo que pudieran poseer: eso es exclusión financiera.

La exclusión generada por el sistema abusivo; es tal que las estadísticas del Poder Judicial señalan que a agosto del 2019 tenemos 747.636 casos en cobro, con un costo para el Estado de ₡12.130 millones anuales y ocupando a 378 personas de ese Poder. La sociedad costarricense debe darles gratuitamente el servicio de cobro a unos cuantos prestamistas.  Solo en el 2019 unos 245.000 nuevos casos han ingresado al sistema cobratorio del Poder Judicial, todas esas personas quedan manchadas y excluidas del sistema financiero.

Epidemia sin control

Además, las estadísticas de excluidos del sistema financiero deben ser ajustadas con los deudores que están reportados en el Centro de Información Crediticia (CIC) que maneja la Superintendencia General de Entidades Financieras y con las bases de datos de empresas privadas que dan “servicios de información de deudores”, lo que engrosa más la dimensión de la epidemia de la usura.

La premisa básica es que “a quien no tiene capacidad de pago no se le debe prestar” y la entidad que lo hace es porque tiene otras intenciones, la de lucrar con la morosidad, haciendo rapiña contra los activos del deudor y contra el patrimonio de los fiadores. Una vez manchados los deudores, cuando de verdad ocupen crédito, ya sin activos ni fiadores, no les quedará otra fuente de crédito que el gota a gota.

Es por ello que todos los países de la OCDE y las economías más fuertes del mundo, ponen límites a las tasas de interés en niveles razonables para que el negocio sea rentable pero que defiendan de la trampa de la deuda abusiva a sus ciudadanos. Por cierto, ninguno de esos países ha establecido tasas de interés por encima del 30%.