Las declaraciones de Nogui Acosta para justificar el comportamiento de su bancada no se sostienen. Encima, se contradice con la presidenta de la república.
Este Repaso Dominical es extenso porque pretende ser un archivo de hechos precisos y concretos que, poco a poco, se han ido diluyendo entre desinformación, falacias y mentiras. Este recuento, lo tengo claro, no va a cambiar nada, pero al menos pretende dignificar la búsqueda de la verdad en una era en la que pareciéramos habernos resignado a aceptar la distorsión de la realidad como moneda de cambio válida.
Estoy hablando, por supuesto, de la lamentable situación en la que se encuentra actualmente el país: La Sala Constitucional no tiene magistraturas “en banca” debido a que Pueblo Soberano (y antes Progreso Social Democrático) decidió boicotear la lista de 18 profesionales que presentó la Corte, sosteniendo que no hay “consenso” para elegir a una sola de estas personas.
Abordaremos entonces las principales mentiras y contradicciones del chavismo en este caso. Repasaremos la cronología completa de los eventos (porque varios porristas analistas políticos parecen haberla olvidado) y por supuesto las consecuencias de este sabotaje a la Sala Constitucional perpetrado por el oficialismo. Además, pondremos a su disposición los 18 perfiles de las personas que presentaron su nombre para optar por el puesto y fueron recomendadas por la Corte, de modo tal que cada quien pueda llegar a sus propias conclusiones.
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Como es sabido, el expediente para nombrar a nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional arrastra meses de evidente bloqueo legislativo debido a que el oficialismo se ha negado a respaldar una sola de las 18 candidaturas que tiene a su disposición para elegir.
Recordemos, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa la nómina de personas candidatas el 16 de octubre de 2025, es decir dos meses antes de que venciera el periodo de las 9 personas que ocupaban los cargos a sustituir (nombradas hasta el 16 de diciembre de 2025). Esa fecha de entrega no es “inusual” y no fue problema, por ejemplo, en 2021, cuando se concretó el nombramiento múltiple sin mayor contratiempo.
Esta vez los problemas iniciaron temprano: la Comisión de Nombramientos (de la anterior Asamblea) no supo priorizar el tema como debía, se enredó en su propia paja imaginaria de “procedimientos” y permitió que el tiempo pasara sin reaccionar oportunamente.
Alejandra Larios (PLN) era la presidenta de la comisión de nombramientos.
Como resultado de esos evidentes malos oficios, el presidente de la Sala Constitucional (Fernando Castillo Víquez) envió una carta al entonces presidente de la Asamblea Legislativa (Rodrigo Arias Sánchez) el 4 de diciembre, insistiendo en la urgencia de atender y resolver la situación.
¿Qué hizo la anterior Asamblea Legislativa? Nada. Y eso hay que decirlo con todas las letras: las jefaturas de fracción decidieron hacerse las ofendidas e ignorar el fondo de la carta. Es decir, desatendieron la alerta del posible cierre técnico al que se enfrentaba la Sala. Luis Manuel documentó las excusas pero dan lo mismo: no trataron el tema con la seriedad que merecía y se fueron a vacaciones a fin de año como si la cosa no fuera con ellos.
El diputado Alejandro Pacheco Castro (PUSC) planteó buscar una solución paliativa como nombrar algunos cargos en el plenario y luego avanzar con el resto para que la Sala no se quedara sin magistrados suplentes. Sin embargo, no recibió el apoyo del resto de jefaturas.
Finalmente, doce semanas después de la carta, la Comisión de Nombramientos dio por terminados sus trámites (incluyendo las entrevistas a cada candidatura) y recomendó al plenario nueve nombres el 26 de febrero del año en curso.
Esa recomendación, sin embargo, no es vinculante: el plenario puede escoger a cualquiera de las 18 personas incluidas en la lista enviada por la Corte. Sí, todo ese proceso de estudio, entrevistas, calificaciones, etc., termina siendo una “sugerencia”. Ojo, en el caso de las magistraturas titulares es todavía peor: la Asamblea Legislativa puede nombrar, si le da la gana, a alguien que ni siquiera se haya presentado a concurso.
¿Qué pasó después? Recién el 17 de marzo el plenario intentó atender su responsabilidad y, tras dos rondas de votación, no se nombró a nadie pues ningún nombre alcanzó los 38 votos requeridos. Esperaron hasta el 15 de abril para cumplir con su mandato y una vez más quedaron mal: tras otras dos rondas de votación, ninguno de los 18 aspirantes obtuvo los votos necesarios. Para entonces la oposición finalmente abrió los ojos y entendió la treta del oficialismo y sus acólitos: impedir que una sola persona fuera nombrada y mantener a la Sala Constitucional acumulando expedientes (¡¡casi 90 al corte más reciente!!) y a la Corte Plena (curiosamente) limitada en su función de Tribunal.
El acumulado de descaros es amplio así que sobran los ejemplos puntuales. Sin ir muy lejos, ese 15 de abril los oficialistas estuvieron presentes en la primera ronda de votación cuando Alejandro Delgado logró 37 votos, es decir, quedó a uno de ser elegido. Entendamos algo elemental: al menos un nombramiento (¡de 9!) permitiría empezar a destrabar parte de los asuntos que hoy no pueden resolverse por falta de suplencias.
¿Qué pasó entonces? Tras la votación, la entonces diputada Pilar Cisneros pidió un receso y cinco de sus legisladores se salieron del plenario para no participar de la segunda ronda. Ahí en el lobby del plenario compartieron entre sonrisas Manuel Morales, Daniel Vargas, Paola Nájera, Waldo Agüero y Alexander Barrantes. ¡Patriotas! Para la siguiente ronda Delgado en vez de sumar el respaldo necesario para ser nombrado, perdió votos. ¡Tremenda casualidad!
Dato curioso, don Alejandro Delgado no fue recomendado por la Comisión de nombramientos pero para esa jornada ya la oposición había entendido que la estrategia del oficialismo y Nueva República era precisamente votar por personas que no formaran parte de la lista preseleccionada, por lo que podemos deducir que optaron por “sabotear el sabotaje” con tal de que se pudiera elegir al menos una persona. Esta tesis ayudaría a entender la fuga posterior de los chavistas, cuando el tiro estuvo a un voto de salirles por la culata.
Ante semejante papelón era de esperar que en la siguiente cita nuestros representantes le volvieran a fallar al país. Así fue. Para sorpresa de nadie el 22 de abril el resultado fue el mismo: dos rondas de votación, otra tarde perdida y cero personas elegidas. Ya para entonces la propia Pilar Cisneros aceptaba sin reparo que los diputados oficialistas y sus afines estaban impidiendo que la Asamblea Legislativa pudiera cumplir con su trabajo: “Nosotros estamos votando en blanco o anulando el voto”, dijo.
“Nosotros estamos votando en blanco o anulando el voto”.
Es importante recordar todas las frases de doña Pilar (como “no veo la emergencia”) porque resulta un insulto a la ciudadanía que mientras se acumulan los amparos de gente desesperada y desatendida en la Sala Constitucional diputados como José Miguel Villalobos y Nogui Acosta improvisen todo tipo de excusas con tal de no ofrecerle a los costarricenses la honestidad que (hay que reconocerlo) sí tuvo la exlegisladora cuando dijo:
Ellos lo han hecho durante 50 años, han manejado a todos los magistrados que se han elegido para la Corte”.
Es decir, sin rodeos, la exdiputada dejó claro que la bancada no estaba discutiendo exclusivamente atestados individuales, sino la influencia política que puede derivarse de los nombramientos judiciales.
“Pero la oposición pudo...”
Aquí es importante fumigar un punto de “discusión” que ha surgido en foros de opinión. Hemos escuchado recientemente argumentos tipo "la oposición tenía 47 diputados podrían haber elegido fácilmente en el periodo anterior”. Esa afirmación (y similares) es absolutamente falsa.
Es cierto que Liberación Nacional entró con 19 curules pero tuvo 3 claras bajas: Gilberth Jiménez —que hasta se declaró independiente—; Sonia Rojas —quien incluso fue separada— y Carolina Delgado —famosa por votar con el chavismo—.
En el caso del PUSC el descalabro fue mucho más serio. De las 9 curules electas por el PUSC 5 terminaron alineadas funcionalmente con el oficialismo: Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy y Horacio Alvarado. Este grupo fue decisivo para blindar a Rodrigo Chaves en sus dos procesos de desafuero y para bloquear la sanción legislativa contra Fabricio Alvarado, por ejemplo.
Si hablamos de Nueva República el chiste se cuenta solo: trabajó en bloque como aliado funcional del Gobierno en los asuntos institucionales más delicados del cierre del período. De los 7 electos solo Gloria Navas (que se declaró independiente) votó con la oposición. Fabricio Alvarado, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura, Yonder Salas y Rosalía Brown operaron completa y consistentemente del lado del Gobierno (favor que fue devuelto posteriormente).
En el caso del PLP si bien arrancaron con 6 y terminaron con 2 lo cierto es que de los 4 independientes 3 mantuvieron línea de oposición. El “ambiguo” fue Luis Diego Vargas Rodríguez, cuya conducta parlamentaria fue funcional al oficialismo: ayudó a desconvocar a Chaves de la comisión investigadora de la CCSS en noviembre de 2024 y mayo de 2025, se retiró antes de votar (y luego dijo que habría votado en contra) el levantamiento de inmunidad del expresidente y se ausentó de la sesión en la que se debía conocer la sanción ética contra Fabricio Alvarado.
Así las cosas e incluso sumando a doña María Marta Padilla (independiente tras renunciar al PPSD) y a doña Luz Mary Alpízar (nunca renunció al PPSD pero fue formalmente oposición) la verdad de los hechos (fácilmente verificable revisando todos los registros de votación que tiene Delfino.CR) es que la Asamblea Legislativa 2022–2026 terminó con 34 diputaciones de oposición institucional firme.
Entonces, si me lo permiten, estableceré una pregunta de aritmética básica. Si se necesitan 38 votos para elegir magistraturas ¿podía la oposición con 34 nombrar suplentes a pesar del bloqueo chavista?
Listo, quedamos claros.
La nueva Asamblea: “A esta fracción no la regaña nadie”
La instrucción de “no vamos a elegir a ninguno” volvió a quedar en evidencia cuando entró a trabajar la nueva Asamblea Legislativa, donde el oficialismo pasó a operar en modo aplanadora, con 31 curules. Tras los seis intentos fallidos sumados por sus antecesores el nuevo congreso, ahora comandado por la fuerza oficialista, dejó claro que si antes no se pudo, ahora menos.
Ahora con la bandera de Pueblo Soberano el oficialismo votó en blanco en bloque durante cinco rondas (27 de mayo y 10 de junio) y luego impulsó una moción para devolver la nómina completa a la Corte y pedir una nueva lista de nombres. Nótese que Nogui Acosta (jefe de fracción) dijo que no era posible llegar a un “acuerdo político”, haciendo extrañar la honestidad de Cisneros quien al menos no buscó maromas retóricas para eludir la verdad.
Dijo Acosta:
Es evidente que después de once rondas de votación no hemos logrado encontrar a quienes de una u otra manera van a ocupar esos puestos”.
Lo evidente es que no quisieron elegir a ninguna de estas personas porque pretenden una lista “a la medida”, no porque ni una sola en la nómina carezca de la capacidad para ocupar el cargo. Lo evidente, también, es que cuando el presidente de la Sala Constitucional dice “Detrás de cada expediente hay un ser humano. Si una persona llega a la Sala es porque tiene un problema que necesita resolver” al chavismo no le importa y así lo han dejado en evidencia con sus flojas excusas.
A ver...
Cuando el diputado José Miguel Villalobos dice “La responsabilidad principal la tiene el Partido Liberación Nacional” tergiversa y lo sabe. Toda esa intervención en el plenario de Villalobos es impropia de él, pues suele alegar con precisión y asidero jurídico. Esta vez recurrió a un clásico desplazamiento de culpa y se atragantó entre falacias de hombre de paja, falsa equivalencia y falsa analogía.
Sin ir muy lejos, el famoso argumento de “El PLN también lo hizo” (aludiendo a la devolución de una nómina para la Sala III en 2021) que también ha usado la presidenta del congreso (Yara Jiménez) es absurdo. Aquella devolución no respondió a un capricho político ni a la pretensión de fabricar una nómina “a la medida”. El problema identificado era el incumplimiento del principio de paridad de género: existía una razón objetiva, verificable y susceptible de corrección.
Nada parecido ha demostrado el oficialismo en este caso. No ha señalado un defecto de paridad, una incompatibilidad, una irregularidad en el concurso ni una razón concreta para descartar a cada una de las 18 personas candidatas. Ha votado en blanco, ha impedido construir los 38 votos necesarios y luego ha pedido una lista nueva sin explicar qué debería cambiar la Corte.
Es obvio entonces que no son casos equivalentes. Comparar una devolución fundada en un incumplimiento objetivo con un bloqueo político sin motivación individualizada es una falsa analogía. Que ambas situaciones incluyan el verbo “devolver” no las vuelve comparables y un hombre tan inteligente como Villalobos lo sabe.
La pregunta sigue intacta entonces: si las 18 personas no son idóneas, ¿cuál es la objeción concreta contra cada una? Hasta ahora, el chavismo no ha respondido. Y cuando lo intenta, tropieza. El diputado Robert Junior dijo que la lista de magistrados suplentes propuesta está conformada por personas “que tienen años de estar siendo reelegidos”. Tal afirmación es falsa: hay 7 que nunca han ocupado el cargo. ¿Qué problema hay con ellos? Don Robert nos debe esa respuesta.
Plegarias, oídos sordos y la respuesta de la Corte
La situación es tan absurda que hasta la Uccaep, que suele mostrarse especialmente complaciente con el Gobierno, ha implorado que el proceso se complete. Los expresidentes de la república, salvo Chaves por supuesto, también se sumaron al llamado. Para el oficialismo, sin embargo, toda plegaria es como escuchar llover.
Nótese que la “movidita” que hoy nos ocupa podría tener consecuencias mucho más graves, al punto de paralizar por completo a la Sala. Si alguno de los magistrados propietarios se ausenta por cualquier motivo (jubilación, enfermedad vacaciones, etc) el tribunal no podría sesionar. Pero “no veo la urgencia” dijo doña Pilar.
Como sea, la Corte Plena rechazó la solicitud de “mandar lista nueva” (proceso que podría haberse llevado hasta 9 meses adicionales) y devolvió al congreso los mismos 18 nombres, aduciendo (correctamente) que la Asamblea no explicó con criterios objetivos por qué ninguna de esas personas era apta para el puesto.
¿Qué sigue ahora?
Otro circo. Según anunció Nogui Acosta, la nueva Comisión de Nombramientos, presidida (irónicamente) por la diputada Marta Esquivel, repetiría las entrevistas y reiniciaría el análisis de la nómina.“Ahora sí” dijo Nogui. Doña Marta, sobra recordarlo, fue magistrada suplente de la Sala Constitucional desde donde defendió con vehemencia a los costarricenses que imploraban por su derecho a recibir atención médica. Hoy llama “ticos con corona” a quienes acuden a un amparo para que a Caja les ofrezca el tratamiento que requieren.
El jefe de bancada: Nogui no tiene quién le escriba
Las recientes declaraciones de Nogui Acosta tras la respuesta de la Corte deben llamar la atención de los costarricenses por diversos motivos. Nótese, por ejemplo, que Nogui ya dejó claro que están dispuestos a llevar esto hasta el colapso total, pues sin mayor afán dijo que “volver a mandar la nómina es arriesgarnos a que nuevamente no haya ningún candidato con los votos suficientes para ser nombrados”.
Acosta se dio incluso el lujo de afirmar que “Este movimiento lo único que refleja es la intransigencia por parte de la Corte porque al final del día nos está obligando a las fracciones a elegir dentro de los mismos que no pudimos elegir y que no formaron consenso”.
A ver...
- La intransigencia ha sido de Pueblo Soberano, como ha quedado más que en evidencia.
- El uso de plural en “fracciones” es ridículo. Toda la oposición junta, apenas llega a 26 votos. Para elegir se requieren 38. La decisión de que esto avance es toda, de Pueblo Soberano: una fracción. Si Pueblo Soberano no quiere, no se elige a nadie. Por lo tanto quien “obliga” no es la Corte, es el partido oficialista.
- El uso de la palabra “consenso” es descarado. Todo esto se reduce a la voluntad política de un solo partido, que no ha querido ceder con una conducta que solo puede describirse como una agresión directa a la ciudadanía.
A la hora de “justificarse”, Acosta empantana todavía más las aguas. Su argumentación no puede describirse como otra cosa más que un mondongo. Lo cito, literalmente, aludiendo a las tres “razones” (¿?) que comparte para defender lo hecho por su bancada.
La primera: “Nosotros creemos que deberían ir más abogados que ejercen su labor como abogados y no solamente empleados del Poder Judicial, ese me parece un tema fundamental”.
Ok. Su primer argumento es que Pueblo Soberano quiere gente de afuera del Poder Judicial. Por ahí el problema que tienen es ponerse de acuerdo, porque la presidenta Fernández más bien dijo este miércoles que “Hay montones de gente talentosísima en este país, gente en el Poder Judicial que hace un trabajo digno, profesionales de primer nivel. ¿Por qué no le dan una oportunidad de crecimiento profesional también a los empleados del Poder Judicial y hacen un concurso interno a conciencia para buscar talento?”. Diay, ¿entonces? ¿lo uno o lo otro? En la lista de 18 sobran candidaturas que cumplen con el perfil descrito por la presidenta.
La segunda razón de Nogui “es que al final del día esto en lugar de ser un tema de visión se convierte en una extensión de la misma Corte o de la misma Sala a la cual se están eligiendo los magistrados suplentes y esto a nosotros nos parece que no es razonable”.
Lo que no es razonable es la vaguedad de la argumentación. Si Acosta critica que la nómina tenga demasiadas trayectorias vinculadas con el Poder Judicial, debería explicar qué objeción concreta plantea contra cada candidatura y qué proporción o qué perfiles alternativos considera adecuados. Si, en cambio, cuestiona que la Sala Constitucional participe en la selección de quienes integrarán la nómina, entonces su objeción es contra el diseño legal vigente: la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cada Sala convoque un concurso público de antecedentes, que la nómina sea conocida por Corte Plena y que la Asamblea elija entre las personas nominadas.
Ese diseño puede discutirse y, si así lo consideran, puede reformarse. Lo que no puede hacerse es incumplir el deber de elegir, votar en blanco durante cinco rondas y usar el desacuerdo con el modelo legal como excusa para dejar a la Sala sin suplencias y a la ciudadanía sin tutela judicial oportuna.
La tercera razón de Nogui es que “al final de cuentas lo que se tiene que buscar es gente que reúna una serie de condiciones que permita a la Asamblea Legislativa discutir cuál es la persona idónea y yo creo que esos tres elementos tienen que estar en una nómina”.
¿Cuáles tres elementos don Nogui? ¿De qué está hablando? ¿Quiere una persona que no trabaje en el Poder Judicial que no sea propuesta por la Corte Plena y que “reúna una serie de condiciones”? ¿Ese es el perfil? ¡Menos mal que es viable de acuerdo a la normativa y que quedó clarísimo el perfil!
Hacia el final dice el diputado: “lo único que tenemos a hoy son candidatos donde la mayoría son funcionarios del Poder Judicial y que de una u otra manera están replicando lo que ya está Corte ha definido, entonces, yo creo que ahí hay un tema que tenemos que analizar como país”.
Ok. En medio de ese jeroglífico es imposible interpretar qué quiso decir Acosta por lo que toca inferirlo. Para no asumir nada, sería deseable que el diputado le dijera al país, con absoluta claridad: ¿Qué “visión” distinta quiere Pueblo Soberano para la Sala IV y cuáles líneas jurisprudenciales quiere revisar o abandonar?
Los perfiles cuestionados...
A continuación y a modo de cierre, se presenta la lista de personas que el oficialismo consideró “no aptas”. Me dirá usted si considera que en efecto ni una sola de ellas reúne los atestados para ocupar, con solvencia, el cargo. Este resumen (que incluye una por una las entrevistas en la comisión) se preparó a partir de los currículos presentados por las propias candidaturas que usted mismo puede descargar y revisar en este enlace. La lista se presenta en orden alfabético por primer apellido.
Tome nota: de las 18 candidaturas, 11 ya habían ejercido como magistraturas suplentes de la Sala Constitucional y 7 nunca han ocupado ese cargo. Además, una amplia mayoría tiene trayectoria directa en el Poder Judicial, mientras que también hay perfiles externos en derecho público, competencia, regulación, infraestructura, ambiente, organismos internacionales y litigio.
Dato no menor: Laura Fernández, dijo que elegir a una de estas personas (después de un concurso formal, una preselección, la revisión de todos sus atestados y una extensa entrevista) es equivalente a “firmar nombramientos como cheques en blanco”.
1. Alexandra Alvarado Paniagua
Jueza de carrera con más de tres décadas en el Poder Judicial, la mayor parte como jueza decisora. Su centro de gravedad profesional está en la jurisdicción agraria: ha integrado el Tribunal Agrario y ha ejercido funciones de apelación con competencia nacional. También fue magistrada suplente de la Sala Constitucional entre 2021 y 2025. Su formación combina licenciatura y notariado por la UCR, especialización en Derecho Agrario y Ambiental, maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico y estudios doctorales en Derecho Administrativo, Hacienda y Justicia en la Universidad de Salamanca.
Su especialidad no es el derecho constitucional doctrinal clásico, sino la intersección entre justicia agraria, propiedad, ambiente, territorio, pueblos indígenas, acceso a justicia y desarrollo sostenible. Ha tenido labores de coordinación judicial, docencia, capacitación y participación en instancias vinculadas con asuntos indígenas y agrarioambientales. Presenta un perfil de experiencia constitucional práctica con mirada territorial y ambiental no precisamente común en la Sala IV.
2. Kattia Araya Zúñiga
Es uno de los perfiles más externos al Poder Judicial (ojo don Nogui...) y más internacionalizados de la lista. Es licenciada en Derecho por la UCR, tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Houston y ha acumulado experiencia en derecho público, regulación, ambiente, infraestructura, contratación pública, inversión y estándares internacionales. Entre 2022 y 2025 coordinó la Revisión de Cumplimiento del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, donde dirigió investigaciones sobre cumplimiento de estándares ambientales y sociales en proyectos de varios países latinoamericanos.
Antes trabajó en Dentons, Facio & Cañas, la Cancillería —como jefa de gabinete— y HIAS Costa Rica, donde encabezó el trabajo con personas refugiadas y solicitantes de refugio. También integró el Tribunal de Servicio Civil y la Comisión Nacional del Consumidor. Su perfil aporta derecho público, rendición de cuentas, derechos humanos, ambiente, refugio, infraestructura, APP y estándares multilaterales. No registra suplencias previas en Sala IV, pero precisamente representa una de las trayectorias menos “institucionalizadas” dentro de la nómina.
3. Christian Campos Monge
Es un abogado de derecho público con trayectoria en control estatal, competencia, contratación, infraestructura, telecomunicaciones, regulación y alianzas público-privadas. Tiene maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Derecho por la UNED, además de formación complementaria en derecho administrativo, alta gerencia, dirección pública, proyectos APP y derecho público global. Su carrera incluye labores como abogado fiscalizador de la Contraloría General de la República, director jurídico de RACSA, integrante de Coprocom, miembro de Conavi y asesor de instituciones, fideicomisos y organismos internacionales.
No proviene de la judicatura ni registra experiencia previa como magistrado suplente. Su fortaleza está en el derecho público desde la consultoría, la administración, la competencia y la regulación económica. También ha tenido trabajo sostenido de acompañamiento jurídico a organizaciones de pacientes y litigio vinculado con acceso a medicamentos y derecho a la salud. Es un (otro...) perfil externo al Poder Judicial, con un recorrido técnico particularmente fuerte en Estado regulador, contratación, infraestructura y políticas públicas.
4. Mauricio Chacón Jiménez
Es juez de carrera y uno de los perfiles más robustos en derecho de familia dentro de la lista. Ingresó al Poder Judicial en 1991 y ha pasado por Defensa Pública, juzgados penales, ejecución de la pena, judicatura civil, familia y Tribunal de Familia. Desde 2014 integra el Tribunal de Familia de Costa Rica. Fue magistrado suplente de la Sala Constitucional entre 2017 y 2021. Tiene licenciatura en Derecho por la UACA y maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico y énfasis en relaciones familiares por la UNA.
Su campo de conocimiento está fuertemente asociado con niñez y adolescencia, filiación, alimentos, divorcio, adopción, violencia doméstica, discapacidad, personas adultas mayores, parejas del mismo sexo, proceso de familia y garantías convencionales. Ha sido docente, capacitador de la Defensa Pública y la Escuela Judicial, y tiene producción escrita relevante en asuntos de familia. No es un constitucionalista generalista ni un especialista en derecho público económico; es un juez de familia con experiencia constitucional previa y una trayectoria especialmente pertinente para casos de protección de personas vulnerables.
5. Alejandro Delgado Faith
Es un abogado y notario con más de tres décadas de experiencia en derecho constitucional, administrativo, público, notarial y arbitraje. Tiene maestría en Derecho Constitucional por la UNED y fue magistrado suplente de la Sala Constitucional desde 2017 hasta 2025. Su carrera se ha desarrollado sobre todo fuera de la judicatura de carrera: es socio director de Lexalliance, asesor de colegios profesionales e instituciones, árbitro en distintos centros y docente universitario.
Su rasgo más distintivo es la trayectoria en libertad de expresión, derecho a la información, privacidad y debate público. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, tuvo participación en redes regionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y ha escrito sobre acceso a información, igualdad, privacidad y reformas legales. Es uno de los perfiles constitucionalistas externos más claros de la nómina: no es juez de carrera pero sí abogado constitucionalista, árbitro, asesor institucional y exponente sostenido de libertades públicas.
6. Ana Cristina Fernández Acuña
Es jueza de carrera con una trayectoria de más de tres décadas en el Poder Judicial y especialización práctica en derecho de familia. Ha trabajado en materias como familia, violencia doméstica, pensiones alimentarias, civil, laboral, tránsito, contravencional y penal juvenil. Desde 2019 se desempeña como jueza titular del Tribunal de Familia y fue magistrada suplente de la Sala Constitucional entre 2021 y 2025. Es licenciada y notaria por la UCR, con maestría en Administración de Justicia de las Relaciones Familiares por la UNA.
Su perfil está definido por derechos de personas menores de edad, identidad, discapacidad, participación procesal de niñas, niños y adolescentes y garantías de protección en procesos de familia. También ha publicado sobre esos temas, participado en formación judicial y colaborado con la Defensa Pública. Su fortaleza principal es la judicatura de familia y el conocimiento de poblaciones vulnerables.
7. Roberto Garita Navarro
Es uno de los perfiles más fuertes en derecho público, derecho administrativo y contencioso-administrativo. Es doctor y máster en Derecho Público por la UCR, ambos con graduación de honor, y juez superior del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda desde 2008. Antes trabajó en el MOPT y el Consejo de Transporte Público, y fue letrado de la Sala Primera entre 2005 y 2008. También fue magistrado suplente de la Sala Constitucional entre 2021 y 2025.
Su carrera académica y judicial está estrechamente vinculada con responsabilidad del Estado, descentralización, planificación urbana, tributación, ambiente, lesividad, prueba en lo contencioso, control interadministrativo y conflictos entre poderes públicos. Da clases de Derecho Administrativo, Derecho Público, Derecho Financiero y Tributario en la UCR a nivel de maestría y doctorado. Es un perfil particularmente fuerte por su dominio del control sobre la Administración Pública y porque reúne judicatura contenciosa, formación doctoral, docencia y experiencia constitucional previa.
8. Rosibel Jara Velásquez
Es abogada, notaria y jueza contencioso-administrativa. Su currículo consigna una trayectoria en el Poder Judicial como jueza 3 contencioso-administrativa entre 2003 y 2025, además de haber sido magistrada suplente de la Sala Constitucional entre 2021 y 2025. Es licenciada en Derecho por la UCR y egresada del Doctorado en Derecho Público de la Escuela Libre de Derecho. Antes de entrar al Poder Judicial ejerció como litigante y también tuvo experiencia docente universitaria.
Un componente importante de su recorrido es el Colegio de Abogados y Abogadas, donde fue secretaria, vocal, prosecretaria y vicepresidenta de Junta Directiva. Además dirigió la revista El Foro, integró comisiones de derecho constitucional, administrativo, migratorio, género, seguridad y crimen organizado, entre otras, y publicó un manual práctico de sucesorios notariales. Su perfil es judicial-contencioso y gremial con experiencia real en la Sala IV y presencia relevante dentro del gobierno profesional de la abogacía.
9. Nelda Jiménez Rojas
Es jueza especializada en derecho de familia, niñez y adolescencia, violencia doméstica y acceso a justicia. Tiene licenciatura en Derecho, especialización en Derecho Notarial y Registral, formación universitaria en Psicología y estudios de doctorado en Derecho Constitucional. Su experiencia judicial inició como auxiliar en Guanacaste y desde 2013 ha trabajado como jueza en violencia doméstica, familia, pensiones alimentarias, niñez y adolescencia, trabajo y apelación civil y laboral.
Actualmente su trayectoria se asocia sobre todo con el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, donde ha tenido labores de coordinación. También ha participado en la Comisión de Acceso a Justicia del Poder Judicial y coordinó la subcomisión sobre niñez y adolescencia. No registra experiencia previa como magistrada suplente de Sala IV pero aporta una combinación particular de justicia familiar, violencia de género, niñez y una aproximación interdisciplinaria apoyada en su formación psicológica.
10. Fernando Lara Gamboa
Es abogado, notario y exmagistrado suplente de la Sala Constitucional, cargo que ocupó desde diciembre de 2021 hasta diciembre del año pasado. Su formación se concentra en derecho constitucional, administrativo, comercio internacional, derechos humanos, compliance y prevención del blanqueo de capitales, con estudios en la Universidad Complutense, Salamanca, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y el Instituto René Cassin de Estrasburgo.
No es juez de carrera. Su trayectoria se ha desarrollado entre Asamblea Legislativa, Cancillería, Micitt, telecomunicaciones, concesiones de obra pública, relaciones gubernamentales y práctica privada. Fue asesor parlamentario, jefe de gabinete en Relaciones Exteriores, gerente de representaciones internacionales de telecomunicaciones y directivo en Alterra/AERIS. Es un perfil externo de derecho público y constitucional, con experiencia en actividad legislativa, regulación, infraestructura, arbitraje, relaciones internacionales y suplencia constitucional.
11. Raúl Madrigal Lizano
Es un juez de carrera con más de 25 años de experiencia jurisdiccional. Ha trabajado en juzgados contravencionales, pensiones alimentarias, familia, penal juvenil, violencia doméstica, tribunales penales y tribunales de apelación. Su puesto en propiedad es como juez 4 del Tribunal Penal de San José, pero desde hace varios años ejerce interinamente como juez 5 en el Tribunal Penal de Apelaciones Especializado en Delincuencia Organizada, que además coordina.
Es licenciado y notario por la UCR y tiene una maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar por la UNED. Su perfil combina experiencia penal con una trayectoria previa relevante en justicia familiar y violencia doméstica. Tiene formación específica en crimen organizado, lavado de activos, financiación del terrorismo, trata de personas, ciberdelincuencia, intervenciones telefónicas, delitos ambientales y explotación sexual infantil. No registra suplencia previa como magistrado de Sala IV, pero aporta la especialización penal y de delincuencia organizada más evidente de la nómina.
12. Aracelly Pacheco Salazar
Abogada especializada en derecho público con un perfil institucional senior. Su carrera estuvo vinculada durante años a la Contraloría General de la República, donde pasó por puestos jurídicos y de contratación administrativa hasta llegar a subcontralora general entre 1991 y 1996. Más adelante fue integrante de Junta Directiva de Aresep y reguladora general. Es licenciada y notaria por la UCR, y su currículo registra estudios doctorales en Derecho.
Su especialidad está en control fiscal, contratación administrativa, regulación de servicios públicos, Hacienda Pública y funcionamiento institucional del Estado. El currículo consigna dos periodos como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, de 2010 a 2017 y de 2022 a 2025. No es jueza de carrera ni una constitucionalista académica clásica: es una figura de derecho público estatal con experiencia de alta jerarquía en Contraloría, regulación y control administrativo.
13. Ana María Picado Brenes
Es una de las figuras con mayor trayectoria en derecho de familia y suplencias constitucionales. Es doctora en Derecho Privado con énfasis en Derecho de Familia por la Universidad de Alcalá de Henares, licenciada en Derecho por la UCR y especialista en Derecho Agrario. Fue magistrada suplente de la Sala Constitucional durante tres periodos consecutivos, entre 2013 y 2025. También fue jueza del Tribunal de Familia y letrada de la Sala Primera.
Su experiencia está estrechamente ligada a diseño procesal y reformas de familia. Participó en la construcción de propuestas de Código Procesal de Familia, integró comisiones institucionales sobre familia y violencia doméstica, y ha sido docente en la UCR, UNA y Escuela Judicial. Sus temas recurrentes incluyen niñez, adolescencia, adopción, paternidad, discapacidad, pensiones, violencia doméstica y garantías procesales.
14. Álex Rojas Ortega
Es juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda desde 2018, con formación académica particularmente intensa en derecho constitucional y administrativo. Es licenciado por la UCR, máster en Derecho Constitucional por la UNED y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Escuela Libre de Derecho. También tiene estudios complementarios en técnica legislativa, control parlamentario, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos.
Su producción académica es abundante y se concentra en constitucionalización y convencionalización del derecho administrativo, control de la Administración, contratación pública, proceso contencioso, libertad de expresión, discapacidad, independencia judicial, reformas constitucionales, inversión extranjera, zonas francas y diálogo entre la Sala IV y la Corte Interamericana. Ha sido docente en varias universidades y ha participado en obras colectivas y publicaciones especializadas. No registra suplencia previa en Sala IV pero es uno de los perfiles más sólidos en el cruce entre derecho constitucional, contencioso-administrativo y producción académica.
15. Ileana Sánchez Navarro
Es jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda desde 2008 y magistrada suplente de la Sala Constitucional entre 2017 y 2025. Es licenciada en Derecho por la UCR con graduación de honor y tiene una maestría en Derecho Público también por la UCR. Antes de su ingreso a la judicatura trabajó en la Procuraduría General de la República y en el sector privado, pero su trayectoria principal es claramente judicial-contenciosa.
Su experiencia se centra en control de la Administración Pública, derecho regulatorio, telecomunicaciones, seguros, tributario, contratación administrativa, ambiente, competencia, consumidor y Hacienda Pública. También ha participado en formación judicial y universitaria, diseño de contenidos de especialización y capacitación de personas juzgadoras.
16. Abraham Sequeira Morales
Es abogado penal-constitucional, defensor público y exletrado de la Sala Constitucional. Es licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Penal por ULACIT y tiene aprobada la fase académica de la Maestría en Justicia Constitucional de la UCR; según su currículo, el proyecto de tesis estaba pendiente. Trabaja como defensor público en materia penal de Hacienda y, entre 2019 y 2022, integró el equipo de la entonces magistrada Nancy Hernández López en la Sala Constitucional.
Como letrado redactó proyectos de sentencia en amparos, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, consultas legislativas y judiciales de constitucionalidad y votos salvados. En la Defensa Pública ha trabajado en penal ordinario, ejecución de la pena, penal juvenil y flagrancia, y tuvo responsabilidades de coordinación nacional. También participó en monitoreo de celdas del OIJ, prevención de tortura y tratos crueles, asuntos de personas privadas de libertad y reforma penal. No ha sido magistrado suplente, pero sí es uno de los perfiles con conocimiento más directo de la operación interna de una oficina de la Sala IV.
17. Jorge Isaac Solano Aguilar
Es abogado y notario, con una trayectoria larga como consultor y abogado externo de instituciones públicas. Es licenciado y notario por la UCR, tiene una maestría en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional por la UNED y figura como egresado del doctorado en Derecho de la UCR. Ha sido director jurídico de Corbana, asesor en el Ministerio de Trabajo y MIRENEM, y abogado externo de entidades como CCSS, INA, Banco Popular, INS, Desaf y Municipalidad de Cartago.
Fue magistrado suplente de Sala Primera, magistrado suplente de la Sala Constitucional entre 2021 y 2025 y miembro suplente del Consejo Superior del Poder Judicial. Su perfil combina asesoría institucional, derecho administrativo, laboral, comercial, ambiental, municipal, sindical y de seguridad social.
18. Songhay White Curling
Es jueza especializada en violencia doméstica, familia, pensiones alimentarias y protección cautelar. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con mención Summa Cum Laude Probatus, y tiene una maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico y énfasis en relaciones familiares por la UNA. Ha sido jueza de familia y pensiones alimentarias, y desde 2015 es jueza coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica y Protección Cautelar del III Circuito Judicial de San José.
Su perfil se distingue por el trabajo en atención de riesgo, acceso a justicia y derechos de poblaciones vulnerables. Coordinó durante años el Comité Local para la Atención Inmediata y Seguimiento de Casos de Alto Riesgo de Desamparados y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes. Ha sido expositora y capacitadora en violencia, población afrodescendiente, acciones afirmativas y justicia restaurativa familiar. No ha sido magistrada suplente, pero aporta una perspectiva especialmente valiosa en violencia de género, riesgo, protección cautelar, desigualdad estructural y tutela judicial efectiva.