“Ahora sí”
— La presidenta Laura Fernández Delgado arrancó la semana llevando a la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad. Mano firme, penas más duras, nuevas herramientas contra estructuras criminales, cambios en legítima defensa, pistas clandestinas, cárceles productivas y antecedentes judiciales por más tiempo. Ajá, el fólder venía pesadito.
— La presentación llegó con tarima, ministros, diputados oficialistas, cuerpos policiales y equipo de Fuerza Élite. La presidenta dijo que este es apenas el primer paquete y que “vendrán muchos más”, porque, según sus palabras, la crisis de la administración de justicia en Costa Rica hay que rescatarla “entre todos”.
— El Gobierno abre con blancas y lleva al congreso una jugada clara: “dennos herramientas”. Nótese que nadie en su sano juicio va a decir que el país no necesita mejores instrumentos contra el crimen organizado, la reincidencia, el ingreso de celulares a cárceles, las pistas clandestinas, el reclutamiento criminal o las agresiones contra policías. ¡Bienvenidas sean! El problema, como siempre, está en los detalles... donde vive el diable. A veces con saco, a veces con exposición de motivos.
— El primer proyecto es la llamada Ley Gerson Rosales, bautizada en honor al oficial de Fuerza Pública asesinado en Batán, Limón, mientras cumplía sus funciones. La iniciativa busca proteger jurídicamente a policías y víctimas, endurecer penas contra quienes ataquen u obstaculicen a oficiales y crear una presunción de legítima defensa para cuerpos policiales cuando repelan o eviten una agresión.
— Dicho así, suena clarísimo. Nadie quiere policías desprotegidos frente a sicarios o estructuras criminales mejor armadas que el Estado. Pero el texto también exige lectura serena: una presunción de legítima defensa no puede convertirse en un cheque en blanco. El propio proyecto permite al Ministerio Público aportar prueba en contrario y ese matiz no es decoración jurídica; es la diferencia entre respaldo policial y permiso para apagar el análisis caso por caso.
— El segundo proyecto busca combatir las asociaciones criminales. La presidenta lo vendió con una frase potente: pertenecer a una banda criminal tiene que ser delito en Costa Rica. Solo que ahí hay un detalle importante: el Código Penal ya sanciona la asociación ilícita. Lo que propone el proyecto no es inventar de cero ese castigo, sino redefinirlo, ampliarlo y endurecerlo, incluyendo supuestos vinculados con narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata, tráfico de armas, tráfico de órganos, reclutamiento y apoyo logístico.
— En otras palabras: el país no estaba “asando elotes” carente de herramientas, como sugirió doña Laura. Lo que es incuestionable es que resultan insuficientes y afinarlas es una movida prudente. Bien por eso, nada más no hace falta venderlo como una reforma de fondo como si el Código Penal no tuviera ni molares.
— El tercer proyecto es la Ley Mano Firme ante la Reincidencia Delictiva. Busca endurecer consecuencias para personas reincidentes, habituales o profesionales del delito; limitar beneficios penitenciarios; crear una lista de exclusión de beneficios para ciertos delitos; reforzar causales de prisión preventiva; y conservar registros para valorar patrones de reincidencia.
— Aquí la intuición política es sencilla: no tratar igual a quien cometió un delito aislado que a quien convirtió el delito en carrera profesional. Hasta ahí, absoluto sentido común. Pero de nuevo, revisemos con calma y prudencia. Cuando una reforma se acerca demasiado a prisión preventiva casi automática, hay que revisar con lupa. La prisión preventiva no puede convertirse en castigo anticipado, por más ganas que dé resolver titulares a punta de encierro.
— El cuarto proyecto es el de Cero Ocio en las Cárceles. La presidenta lo resumió sin anestesia: “No queremos más vagos en la cárcel”. La iniciativa busca ampliar actividades productivas, formativas y remuneradas para personas privadas de libertad, con una distribución de ingresos: 35% para manutención en el sistema penitenciario, 35% para víctimas, 20% para familiares y 10% para ahorro personal.
— No hay que darle muchas vueltas: es una de esas ideas que políticamente entran como cuchillo caliente en mantequilla. Pero el texto, por dicha, es más cuidadoso que el eslogan: no habla de una relación laboral ordinaria, sino de actividad penitenciaria formativa y de reinserción; prevé exclusiones; requiere autorización del Instituto Nacional de Criminología; y, cuando haya convenios con empresas privadas, establece voluntariedad y consentimiento informado. O sea, no es simplemente “a bretear todos y punto”. El Estado puede exigir responsabilidad, sí; pero no puede convertir la cárcel en una maquila con barrotes.
— El quinto proyecto apunta contra las pistas de aterrizaje clandestinas. Laura dijo que hay unas 200 identificadas en el país y lanzó una pregunta bastante efectiva: ¿a quién le hacen una pista en la propiedad y no se da cuenta? Diay, lleva razón. El proyecto endurece penas, amplía sujetos responsables, permite inmovilización registral de fincas y facilita decomisos vinculados con infraestructura usada por el narco.
— Este probablemente será de los más fáciles de vender. Porque una cosa es discutir técnica penal y otra ver una pista clandestina reabierta una y otra vez en la misma propiedad, como si la avioneta aterrizara por generación espontánea. Ahí el país sí merece una respuesta más seria que el clásico “ay maeeeee ¿en qué momento? Juro que no me di cuenta”.
— El sexto proyecto toca antecedentes judiciales y el llamado derecho al olvido en materia penal. La presidenta cuestionó el “borrón y cuenta nueva” y propuso que jueces, fiscales, OIJ y cuerpos policiales puedan consultar antecedentes de forma permanente para fines judiciales, investigativos y de seguridad, mientras que para certificaciones laborales los registros se mantendrían por 15 años tras el cumplimiento de la pena.
— De nuevo: el punto tiene sentido desde la óptica de reincidencia y seguridad. Pero también abre discusiones delicadas sobre reinserción, privacidad, acceso restringido y uso correcto de datos sensibles. Una cosa es que un juez tenga información completa para valorar un caso. Otra, muy distinta, es condenar a una persona a cargar eternamente su expediente frente a cualquier puerta laboral o social. El proyecto dice separar esos usos. Toca revisar si la redacción lo logra sin portillos.
— Por lo pronto el paquete llega a Cuesta de Moras con buen ambiente. Más allá de los votos garantizados del oficialismo la oposición reaccionó con “amable” cautela, que en lenguaje legislativo significa: “no voy a bloquear seguridad por instinto, pero tampoco me voy a tragar esto entero sin leerlo”. Abril Gordienko habló de proyectos con nombres atractivos, pero posibles roces constitucionales; Claudia Dobles preguntó por lo que el Ejecutivo puede hacer sin ley —presupuesto, OIJ, PCD, Guardacostas y combate a capitales emergentes—; y Marco Badilla dijo que el PLN apoyará lo que genuinamente devuelva seguridad, siempre que sea constitucional, viable y efectivo.
— Esa es la discusión correcta y los costarricenses lo agradecemos. Los proyectos son agradecidos y necesarios pero la inseguridad no se resuelve solo bautizando propuestas legislativas con nombres fuertes ni prometiendo mano firme desde el podio. Las leyes importan, claro. Pero también importan la plata, la coordinación, la investigación criminal, la inteligencia policial, el combate al lavado, la capacidad carcelaria, la ejecución administrativa y el músculo real para aplicar lo que ya existe.
— De nada sirve aprobar leyes durísimas si después nos quedamos cortos de fiscales, si el OIJ no está fortalecido, si los policías no están bien equipados, si las cárceles son tierra de nadie, si Guardacostas no opera donde entra la droga y si no tenemos una estrategia seria para perseguir el dinero del narco. La mano firme sin Estado funcional se convierte en puño al aire. Vistosa sí, pero no necesariamente pega.
— Mieeeeentras tanto ayer la Corte Plena le devolvió a la Asamblea Legislativa la misma nómina de 18 nombres para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Intacta. Sin cambios. Sin concurso nuevo. Sin “tomen, aquí va otra para ver si esta sí les gusta”.
— El que vio Café Para Tres no puede declararse sorprendido: la vimos venir.
— La decisión se tomó por 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. El mensaje de la Corte fue bastante claro: la Asamblea puede elegir o no elegir, pero si rechaza una nómina debe explicar por qué. Y en este caso, según la Corte, no hubo justificación objetiva para mandar el proceso al inicio.
— El presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, lo resumió con maestría: si la Asamblea no dice qué está mal, la Corte no sabe qué corregir. De lo contrario, se hace otro concurso, pasan meses, llega otra lista y volvemos exactamente al mismo punto muerto. Costa Rica: el país donde hasta el déjà vu saca ficha, paga timbres y hace fila.
— La discusión en Corte Plena, valga acotar, subió de tono. La magistrada Patricia Solano dijo que devolver una nómina sin motivos toca la independencia judicial y la separación de poderes. Luis Guillermo Rivas fue todavía más lejos: advirtió que hay un grupo del Estado que cree tener poder para imponerse sobre los demás poderes y que eso rompe la forma constitucional de armar el Estado.
— También se generó una conversación importante (y agradecida) sobre los amparos de salud. La magistrada Iris Rojas sugirió que algunos reclamos por listas de espera podrían tramitarse en la vía contencioso-administrativa. La respuesta de Patricia Vargas fue clave: el contencioso requiere abogado, tiene etapas, costas, eventual casación; no se puede comparar con un recurso de amparo, que por su naturaleza es célere.
— Traducción: no minimicemos los amparos de salud justo cuando miles de personas los usan porque el sistema no les responde. Eso no quiere decir que no sea oportuno discutir el tema, pero por favor: no para complicarle todavía más la vida a la ciudadanía.
— Del otro lado, el oficialismo recibió el rebote de la Corte con una frase espléndida. Nogui Acosta dijo que ahora sí Pueblo Soberano hará un “análisis exhaustivo” de las candidaturas. Ahora sí. Después de votar en blanco durante 11 rondas. Después de pedir devolver la nómina. Después de alegar que no conocían suficientemente los perfiles. Ahora sí.
— Diay. Mejor tarde que nunca, supongo, aunque cuando hablamos de una Sala IV sin suplentes desde hace seis meses, lo de “tarde” deja de ser un detalle y pasa a ser una estrategia que en cualquier país funcional debería considerarse inaceptable. Pero bue, está claro que en Tiquicia andamos en modo “porta mí” automático.
— La oposición, claro, pasó factura. El PLN dijo que la responsabilidad es enteramente del Gobierno, porque fue el oficialismo el que decidió no votar pese a no señalar cuestionamientos concretos contra ninguna de las 18 personas. Desde el Frente Amplio, Antonio Trejos recordó lo elemental: el Poder Judicial ya cumplió su parte; ahora la Asamblea debe escoger nueve nombres de esa lista.
— Ese punto amarra la jornada del lunes: el Ejecutivo pide leyes para enfrentar al crimen y reforzar la autoridad del Estado, mientras su fracción mantiene trabada una designación indispensable para que funcione el tribunal que tutela derechos fundamentales. Seguridad, sí. Mano firme, también. Pero el Estado de derecho no se fortalece solo endureciendo penas; también se fortalece cumpliendo las responsabilidades constitucionales con solvencia y sin excusas paupérrimas y forzadas. ¿Será que de verdad ahora sí? Ojalá.
Bonus track: Ejecutivo nombra a Marco Vinicio Arroyo y Giannina Córdoba como integrantes de la Coprocom.
Hidden track: Sistema de Banca para el Desarrollo nombra a Patricia Rojas como directora ejecutiva interina tras salida de Víctor Carvajal.
Remix: Ministerio de Salud insiste en necesidad de más donantes voluntarios de sangre.
Asamblea Legislativa
Oficialismo rechaza moción que pedía a congresistas no reunirse en privado con aspirantes a cargos
El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes una moción impulsada por Liberación Nacional y el Frente Amplio, que pedía a todas las diputaciones abstenerse de sostener reuniones, encuentros o entrevistas con personas que aspiren a algún cargo cuya decisión corresponda al Congreso, fuera de los canales y foros públicos. Votada la moción, esta fue rechazada con 24 votos a favor y 28 en contra (todos del oficialismo). Los diputados de gobierno, Antonio Barzuna Thompson y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez se separaron de la línea partidaria y votaron afirmativamente la moción.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Estados Unidos e Irán pactan un principio de acuerdo para reabrir Ormuz
Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes un acuerdo inicial para ampliar el alto el fuego, poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas natural. Mientras tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que Reino Unido prohibirá a las empresas de redes sociales ofrecer sus servicios a menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas para reforzar la seguridad infantil en internet. Por último, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo reportaron uno de los mayores aumentos diarios de casos de ébola desde que declararon el brote, hace un mes, en medio de dificultades para rastrear contactos, atender pacientes y contener la propagación del virus en zonas afectadas por conflicto y desplazamientos.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Triatletas Valeria Arce y David Hernández conquistan su primer título nacional en distancia olímpica
Los triatletas costarricenses Valeria Arce y David Hernández se estrenaron como campeones nacionales élite en distancia olímpica, tras imponerse este domingo en el Campeonato Nacional 51.50, realizado en Quepos. Además, los surfistas ticos Sam Reidy y Rachel Agüero conquistan la penúltima fecha del Circuito Nacional de Surf 2026, mientras el raquetbolista costarricense Andrés Acuña Araya conquistó el título del KWM Gutterman Gateway City Pro/Am, torneo IRT 800 disputado del 11 al 14 de junio en St. Louis, Missouri, Estados Unidos.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Concierto: La Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto gratuito y abierto al público el próximo jueves 18 de junio a las 7:00 p.m. en el edificio Ágora de la Universidad Fidélitas, en San Pedro.
— Literatura: El próximo viernes 19 de junio, el Centro Cultural de España será sede de la presentación de Madre Carajo, obra escrita por la autora costarricense Camila Schumacher, cuya puesta en escena tuvo funciones a sala llena durante abril.
— Cineforo: La Universidad de Costa Rica realizará el ciclo de cineforos «Democracia y Derechos», los días 16, 23 y 30 de junio de 2026, en horario de 9:00 a. m. a 12:00, en la Sala de Oralidad de la Facultad de Derecho. La actividad es abierta al público en general.
— Exposición: El Monumento Nacional Casa Alfredo González Flores, del Ministerio de Cultura y Juventud, albergará la exposición "Libros de protagonistas de la República", que reúne volúmenes y objetos que pertenecieron a figuras decisivas de la historia política costarricense.
— Convocatoria: El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) abrió la convocatoria para la XII edición de la Feria Hecho Aquí, el principal espacio del país dedicado a la promoción, exhibición y comercialización de productos culturales y creativos elaborados en Costa Rica. El período de postulación inicia este viernes 12 de junio y se extenderá hasta el domingo 12 de julio de 2026 a las 6:00 p.m.