El proyecto regula la administración del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), por parte del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia y Paz, así como la ejecución de la actividad penitenciaria para la formación y la productividad de las personas privadas de libertad, en los términos definidos en esta ley. Propone un modelo de autosuficiencia penitenciaria, en el que las actividades productivas penitenciarias de los privados de libertad permitan financiar el sistema en la medida que las actividades ocupacionales desarrolladas por las personas de libertad así lo hagan posible, modernizar la tecnología de vigilancia y mejorar la infraestructura sin depender de la lenta burocracia estatal. Deja por fuera del modelo de autosuficiencia a las personas privadas de libertad que se encuentren bajo alguna de las siguientes condiciones: personas ubicadas en espacios de alta contención, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con enfermedades terminales debidamente acreditadas mediante dictamen.