Este proyecto modifica la normativa que regula el manejo de los registros judiciales, con un mayor enfoque en la población reincidente en la comisión de delitos, cuya conducta reiterada vulnera el entorno social. Establece que los jueces penales y de ejecución de la pena tendrán la obligación vinculante de consultar los antecedentes penales de las personas que juzgan, señala que los asientos registrales se mantendrán vigentes de forma permanente e histórica, y amplía el plazo de antecedentes penales para certificaciones laborales a 15 años desde el cumplimiento de la pena.