Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron este miércoles una moción para que el Congreso devuelva a la Corte Suprema de Justicia la lista de recomendados para ocupar una plaza de suplencia en la Sala Constitucional, con el fin de que el Poder Judicial remita una nueva nómina.
La medida se tomó tras realizarse la décimo primera ronda de elección, en la cual ninguno de los aspirantes alcanzó los 38 votos requeridos para ser electo, debido a que en esa y la anterior ronda realizadas este 10 de junio, el oficialismo volvió a dejar en blanco sus boletas.
La actual Asamblea Legislativa realizó un total de cinco rondas de votación, en las cuales consistentemente la bancada oficialista dejó en blanco sus boletas, impidiendo la elección de alguno de los candidatos. El anterior Congreso realizó seis rondas de votación, todas infructuosas también, debido al sabotaje del oficialismo y sus aliados, que juntos reunían 22 diputaciones.
Nogui Acosta Jaén, jefe de fracción del PPSO, defendió la moción asegurando que el trámite para escoger magistraturas suplentes requiere 38 votos y un acuerdo político que, según dijo, "hoy por hoy no existe".
Es evidente que después de once rondas de votación no hemos logrado encontrar a quienes de una u otra manera van a ocupar esos puestos. Por eso hemos decidido presentar esta moción".
El legislador oficialista sostuvo que la devolución de la nómina permitiría abrir un nuevo espacio de negociación y revisar nuevamente los perfiles que remita la Corte Suprema de Justicia, incluso si la nueva lista incluye algunos de los nombres que ya estaban en discusión.
Acosta agregó que el oficialismo pretende que la Comisión de Nombramientos analice de nuevo a las personas aspirantes, conozca sus atestados y formule las preguntas que considere necesarias antes de someter una nueva lista al Plenario.
Vamos a tener la oportunidad tanto el partido Pueblo Soberano como los partidos de oposición de poder discutir. Y ahí encontraremos los candidatos idóneos, aquellos que puedan tener los treinta y ocho votos necesarios para poder ser en este caso magistrados suplentes de la Sala Constitucional”.
Tras la intervención de Acosta, la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, sometió la moción a votación, sin dar la palabra a diputaciones de oposición que habían pedido la palabra por el orden. La propuesta recibió 29 votos a favor y 26 en contra, por lo que quedó aprobada.
La decisión provocó reclamos inmediatos de diputaciones de oposición, que cuestionaron tanto la mayoría requerida para aprobar la moción como el trámite usado por la Presidencia del Congreso. El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, sostuvo que la moción no podía tramitarse como una moción de orden, sino como una proposición de fondo, por implicar el descarte de una nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.
Esta no era una moción de orden, era una proposición de fondo, porque realmente lo que ustedes están planteando es que esta Asamblea se pronuncie por descartar una nómina de candidaturas que se presentaron y participaron en un concurso”.
El frenteamplista también cuestionó que la Presidencia sometiera la moción a votación sin permitir consultas previas sobre el procedimiento ni sobre la cantidad de votos requerida para aprobarla.
Al negar el derecho a la palabra, está incurriendo en un vicio más sustancial en el procedimiento parlamentario, porque está impidiendo que las diputaciones podamos hacer estas consultas sobre el procedimiento”.
La diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana, se sumó al reclamo y afirmó que la Presidencia obligó a votar sin resolver antes las dudas reglamentarias planteadas por varias diputaciones. Dobles sostuvo que, por la naturaleza de la decisión, la moción debía requerir 38 votos, la misma mayoría calificada exigida para elegir magistraturas suplentes.
La diputada Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana, anunció que apelaría la decisión de la Presidencia por admitir la moción como si fuera de orden y por haberla sometido a votación sin el procedimiento correspondiente. Gordienko dejó constancia de que su fracción votó en contra, aunque señaló que varias diputaciones hubieran preferido abstenerse de participar en una votación que consideraban irregular.
El diputado Edgardo Araya Sibaja, del Frente Amplio, pidió a la Presidencia anular la votación y retrotraer el procedimiento al momento previo a la aprobación de la moción. Araya sostuvo que las diputaciones tenían derecho a consultar si la moción se tramitaría como de orden o de fondo y cuál mayoría exigía su aprobación.
Aquí lo que ha sucedido, señora Presidenta, es una violación flagrante de el derecho que tienen las diputaciones de usar la palabra y plantearle situaciones a la Presidenta”.
El diputado Antonio Trejos Mazariegos, también del Frente Amplio, alegó que la Asamblea Legislativa debe limitarse a escoger dentro de la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia y citó el criterio de la Sala en la sentencia 11083-2013 para sostener que devolver o rechazar nóminas constituye una práctica inconstitucional. Dicha sentencia dice que:
La Asamblea Legislativa no puede negarse a designar los Magistrados suplentes cuando se le remite la nómina, como tampoco puede serle devuelta a la Corte Suprema de Justicia, toda vez, que el órgano legislativo está, constitucionalmente, obligado a designar los suplentes de la lista oportunamente remitida".
Desde Liberación Nacional, el jefe de fracción Álvaro Ramírez Bogantes vinculó el bloqueo de la elección con el impacto en las personas usuarias de la Sala Constitucional. El liberacionista afirmó que la falta de nombramientos ya afecta el acceso a la justicia y mencionó que 86 casos han sido atrasados por la falta de integración del tribunal.
Los 86 casos son personas a las que se les niega la justicia, que se les niega sus derechos, que se le niega su salud, que se le niegan sus medicinas".
Las diputadas frenteamplistas María Eugenia Román, Joselyn Sáenz y Sigrid Segura también cuestionaron la decisión del oficialismo y advirtieron que la falta de suplencias compromete la capacidad de la Sala Constitucional para resolver recursos de amparo, habeas corpus y otros procesos vinculados con derechos fundamentales.
Román sostuvo que, de 18 personas recomendadas por la Corte, el Plenario no logró escoger siquiera una para completar la nómina de nueve suplencias. Segura acusó al PPSO de bloquear el acceso a la justicia y pidió a la Presidencia respetar el Reglamento legislativo y el derecho de las diputaciones a intervenir.
El diputado liberacionista Eder Hernández Ulloa lamentó que la Asamblea no lograra avanzar en los nombramientos y advirtió que la forma en que se aprobó la moción podría provocar nuevos atrasos si se presentan recursos o acciones contra el procedimiento.
Si ustedes quieren devolver eso, ¿por qué no lo hicimos de la forma correcta? Es que aquí lo que se va a provocar es una desbandada de recursos, de situaciones que lo que va a hacer es atrasar esa devolución y mientras tanto la gente sigue esperando esa justicia”.
La diputada Vianney Mora Vega, también del FA, sostuvo que la decisión no solo violentó el Reglamento legislativo, sino también los canales de diálogo entre las fracciones. Mora acusó al oficialismo de usar su mayoría como una “aplanadora” para evitar el debate sobre la legalidad del procedimiento.
Tras los reclamos, la diputada Gordienko pidió un receso de 15 minutos, concedido por el primer secretario del Directorio, Gerald Bogantes Rivera, quien presidía la sesión en ese momento.
Tras el receso, la oposición presentó mociones de revisión y apelaciones contra la decisión de tramitar como moción de orden la propuesta para devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, resolvió conocer primero las revisiones y después las apelaciones, pese a los reclamos de la diputada Claudia Dobles Camargo, quien sostuvo que las apelaciones debían resolverse antes porque cuestionaban un acto previo: la admisión de la moción como una gestión de orden.
Villalta, al defender la revisión, acusó al oficialismo de bloquear el nombramiento de magistraturas suplentes y de perjudicar a las personas que acuden a la Sala Constitucional por recursos de amparo y habeas corpus. El frenteamplista afirmó que el oficialismo busca controlar el Poder Judicial y advirtió que, si el proceso vuelve a empezar, la Corte tardaría varios meses en remitir una nueva nómina.
Acosta rechazó esos señalamientos y afirmó que “nadie está cambiando el procedimiento”, pues será la Corte Suprema de Justicia la que remita una nueva lista de postulantes. El jefe oficialista agregó que la moción busca cerrar el “impasse” en que se encuentra el Congreso y defendió que la gestión se tramitara como moción de orden.
La revisión de la moción fue rechazada. Luego, el Plenario conoció dos apelaciones presentadas contra la decisión de la Presidencia de calificar como moción de orden la iniciativa para devolver la nómina. Las apelaciones pedían revocar esa decisión, declarar que se trataba de una proposición de fondo, exigir 38 votos para aprobarla y anular la votación realizada.
Dobles defendió una de las apelaciones y afirmó que el oficialismo bloquea un proceso que afecta directamente a personas que esperan resoluciones de la Sala Constitucional, especialmente en recursos de amparo vinculados con salud. La diputada sostuvo que el costo de no elegir magistraturas suplentes no recae sobre la Asamblea Legislativa, sino sobre la población que acude a la jurisdicción constitucional.
Abril Gordienko López, del PUSC, defendió la segunda apelación y afirmó que la función legislativa es continua, por lo que la nueva Asamblea no puede desconocer un expediente solo porque sus actuales integrantes no participaron en las entrevistas o en la elaboración del informe. La socialcristiana sostuvo que las diputaciones podían revisar videos, leer dictámenes o reunirse con las personas candidatas antes de votar.
“Esto no es un asunto de mero trámite, es un asunto sustancial”, afirmó Gordienko, al insistir en que la devolución de la nómina debía tratarse como proposición de fondo y requerir 38 votos.
Las apelaciones fueron rechazadas con 29 votos en contra y 24 a favor. Posteriormente, el Plenario también rechazó, por 29 votos contra 24, una revisión contra esa votación. Tras ese resultado, Jiménez Fallas declaró suspendida la discusión del expediente y ordenó a la Secretaría del Directorio comunicar a la Corte Suprema de Justicia lo resuelto por el Plenario.
Después de dejar en firme la decisión, varias diputaciones continuaron con sus reclamos. Salvador Padilla Villanueva, del PLN, afirmó que la falta de suplentes afecta expedientes con inhibitorias relacionados con amparos, acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus, consultas de constitucionalidad y consultas judiciales, incluidas materias de salud, pensiones, debido proceso, empleo público y acceso a información pública.
Joselyn Sáenz Núñez, del Frente Amplio, sostuvo que el oficialismo no ha dejado en actas una motivación razonada para rechazar a todas las personas incluidas en la nómina, mientras que Marta Esquivel Rodríguez, del PPSO, respaldó la actuación de la Presidencia legislativa y afirmó que sería una “barbaridad” obligar a las diputaciones oficialistas a votar por personas con las que no están de acuerdo.
“En este país todo termina en la Sala Constitucional, hasta un pleito de gallos termina en la Sala Constitucional”, dijo Esquivel.
La diputada Diana Murillo Murillo, del PLN, advirtió que la falta de magistraturas suplentes no solo afectaría a personas que esperan respuesta en procesos constitucionales, sino también el trámite legislativo, pues las consultas de constitucionalidad podrían quedar paralizadas si la Sala no logra integrarse por inhibitorias.
Breves
Este miércoles no se votaron proyectos de ley.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente y por unanimidad el expediente 25.100 "Ley para establecer el plazo de los nombramientos y la no reelección en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Reforma al artículo 5 de la Ley 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) del 6 de mayo de 1983".
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 73 a La Gaceta N.° 106 del miércoles 10 de junio de 2026, se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:
— Ley 10.919 "Autorización a la Municipalidad de Cartago para donar camposanto a la Asociación para la Administración del Cementerio Descanso Eterno de Cipreses de Oreamuno" que se tramitó bajo el expediente 23.962. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 13 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 58 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.920 "Autorización al Estado para que done un terreno de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral del Sector Norte de Cartago (Casa de la Cultura)" que se tramitó bajo el expediente 24.581. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 13 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 58 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.922 "Desafectación de uso público y autorización a la Junta de Educacion de la Escuela Teodoro Picado Michalski para que done un terreno de su propiedad a la Municipalidad de Upala" que se tramitó bajo el expediente 24.450. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 13 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 58 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.925 "Autorización al Estado para que traspase un terreno de su propiedad al Ministerio de Educación Pública (MEP)" que se tramitó bajo el expediente 25.139. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 13 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 58 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.942 "Ley para el cumplimiento, control y penalización de las quemas en terrenos de aptitud agrícola y pecuaria. Reforma al artículo 24 de la Ley N.º 7779, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; así como reforma al artículo 229 y adición del artículo 253 ter a la Ley N.º 4573, Código Penal" que se tramitó bajo el expediente 23.485. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 14 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 57 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.943 "Reforma del inciso b) y adición de un inciso i) al artículo 143 y reforma del inciso b) del artículo 150 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, del 04 de octubre del 2012. Ley que multa acrobacias y maniobras negligentes en motocicletas y vehículos automotores en vías públicas terrestres" que se tramitó bajo el expediente 24.710. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 14 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 57 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.949 "Reforma al artículo 21 de la Ley N°8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para la detención de casos de corrupción en la policía judicial, administrativa y penitenciaria" que se tramitó bajo el expediente 24.235. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 16 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 55 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.950 "Ley para declarar como prioridad fitosanitaria sanitaria y prevenir, mitigar y contener la enfermedad conocida como huanglongbing (HLB) de los cítricos, en todo el territorio costarricense" que se tramitó bajo el expediente 24.475. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 16 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 55 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.905 "Ley de régimen sancionador de personas servidoras e integrantes de listas de suplentes, elegibles y meritorias del Poder Judicial" que se tramitó bajo el expediente 24.860. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 7 de abril de 2026, por lo que transcurrieron 64 días para que fuera publicada en La Gaceta.