Costa Rica avanzó en la etapa de recepción de ofertas de la subasta de frecuencias de radio y televisión, presentada como un ejercicio moderno para ordenar, de manera actualizada, el espectro y asegurar transparencia asignativa. Pero, detrás de ese objetivo, se esconde un riesgo profundo: el posible debilitamiento (cuando no desaparición) de voces regionales, y comunitarias que sostienen el pluralismo informativo del país.

La razón es técnica pero simple: se está aplicando un modelo de subasta competitiva a un mercado profundamente heterogéneo, donde las frecuencias no tienen el mismo valor económico ni cumplen las mismas funciones sociales.

La subasta en la asignación de frecuencias de radio y televisión puede resultar en un mecanismo eficiente, pero solo bajo condiciones específicas que, en el caso de la iniciada recientemente por Sutel (la recepción de ofertas es solo una de las etapas del proceso), se cumplen parcialmente: reglas claras, transparencia y seguridad jurídica, por ejemplo.  Sin embargo, la competencia débil y barreras de entrada para un grupo de actores (comunitarios con alto valor social), ponen en riesgo que el espectro se logre asignar bajo criterios de eficiencia en término amplio del bienestar social; aunque se partió de un diseño base bien sustentado.

Heterogeneidad: el punto ciego del diseño costarricense

En radio y televisión, cada frecuencia es distinta. No solo técnicamente: cobertura, interferencias, potencia, sino económica y socialmente. Una radio regional, un canal cultural, una televisora comunitaria y una cadena nacional no tienen el mismo modelo de negocio. Tampoco generan el mismo tipo de valor.

Sin embargo, Costa Rica fijó precios base homogéneos, como si todas las frecuencias fueran equivalentes y como si el único criterio relevante fuera el ingreso financiero que puedan generar. Esa visión ignora la heterogeneidad estructural de los servicios audiovisuales y viola los principios básicos que permiten que una subasta produzca una asignación eficiente.

¿Qué ocurre cuando un bien es heterogéneo y se le trata como homogéneo?

El precio base expulsa a quienes menos pueden pagar, no necesariamente a quienes menos aportan a la sociedad.

La exclusión de las voces pequeñas

Decenas de operadores que durante décadas han servido comunidades enteras (muchos con modelos modestos y de nicho) no podrán participar bajo el esquema actual de subasta. No porque no quieran, sino porque la estructura de costos impuesta por el Estado los deja automáticamente fuera.

Desde la teoría económica, esto es predecible. Cuando un mercado combina bienes heterogéneos, operadores pequeños, valoraciones financieras bajas pero sociales altas, precios base diseñados con criterios de telecomunicaciones, se produce un fenómeno de exclusión estructural. La competencia no decide nada; la estructura de la subasta ya determinó a los ganadores y los perdedores.

Este es un error de diseño relevante: confundir capacidad de pago con contribución social.

El valor social que no aparece en las planillas

Las pequeñas radios y televisoras locales generan beneficios sociales que ninguna métrica financiera captura. Son parte del tejido social de regiones que, en ocasiones, no tienen otro medio de comunicación cercano. Entre sus aportes: difunden alertas tempranas en zonas donde el internet falla, mantienen vivas expresiones culturales locales, cubren actividades comunales, regionales y productivas, amortiguan la centralización mediática del Valle Central, funcionan como espacios de identidad, participación y cohesión.

Estos beneficios (externalidades positivas) son reales y fundamentales para la cohesión democrática, pero no aparecen en los balances financieros. Y, por lo tanto, no cuentan dentro de la lógica de una subasta tradicional. El resultado: un diseño económicamente estrecho que no reconoce el valor social del pluralismo.

Concentración mediática: el riesgo detrás del silencio

Cuando se fijan precios altos en mercados heterogéneos, el efecto natural es la concentración. No porque quienes sobrevivan sean “más eficientes”, sino porque son los únicos que pueden pagar.

La concentración mediática no llega en forma de escándalo; llega en silencio. Se manifiesta cuando desaparecen las voces locales y éstas son sustituidas por programaciones estandarizadas desde la capital. Cuando una sola línea editorial domina el diálogo público regional. Cuando se pierde diversidad sin que nadie firme un decreto.

La evidencia comparada muestra que los países que aplicaron subastas de radio/TV sin diferenciar el valor social de los actores pequeños (v.gr. India, Ghana, Nigeria, partes de México) terminaron enfrentando mercados más concentrados, menos democráticos y con menor cobertura local.

Eficiencia real: más allá del ingreso fiscal

El Estado parece asumir que asignar frecuencias al mejor postor es “eficiente”. Pero esa noción es incompleta. La eficiencia económica no busca recaudar más, sino maximizar el beneficio social, que incluye pluralismo, diversidad cultural, identidad regional, resiliencia comunicacional, participación ciudadana e información local relevante.

En servicios heterogéneos, la eficiencia de mercado y la eficiencia social no coinciden.

Por eso, las subastas tradicionales funcionan bien para espectro móvil, pero no necesariamente para la radiodifusión. La pregunta no es quién puede pagar más, sino quién puede generar mayor valor para la comunidad.

Una decisión crítica para el futuro del país

La discusión sobre las subastas de frecuencias no gira únicamente en torno a precios o formatos, sino sobre la arquitectura institucional que queremos, como sociedad, consolidar. La eficiencia no se limita a asignar recursos escasos, sino, a preservar condiciones que permitan competencia efectiva, diversidad informativa y resiliencia territorial.

Costa Rica tiene hoy la posibilidad de diseñar un mercado que no dependa de la escala financiera para funcionar, sino de la calidad de sus interacciones y del valor social que generan sus actores. En un sistema mediático que influye simultáneamente en la coordinación económica, la información pública y la calidad democrática, la eficiencia no se mide por la recaudación inmediata, sino para la capacidad de las instituciones de mantener alternativas disponibles en el futuro. Un diseño que expulsa actores locales y concentra propiedad, o reduce diversidad informativa, puede maximizar ingresos hoy, pero deteriora el bienestar dinámico del sistema.

La tarea del regulador no es obtener el precio más alto, sino evitar decisiones que restrinjan competencia, pluralismo y cohesión social. Esa es la medida objetiva de eficiencia institucional.

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