El 24 de setiembre pasado, la calificadora Moody´s elevó la calificación de riesgo soberano de Costa Rica, pasando de Ba3 a Ba2 con perspectiva estable, lo que representó noticias positivas para el país desde el frente internacional, lo que es coincidente con otras mejoras crediticias en el último bienio. Se trata de un reconocimiento al esfuerzo fiscal realizado, a la disciplina en el manejo de las finanzas públicas y a la recuperación de la credibilidad macroeconómica.

Este hecho no es menor: significa que el país puede acceder a los mercados financieros internacionales en condiciones más favorables, con menores tasas de interés y mayor confianza por parte de los inversionistas.

Sin embargo, mientras afuera las puertas parecen abrirse, adentro volvemos a tropezar con un obstáculo recurrente: la política. La decisión de la Asamblea Legislativa, de no aprobar en segundo debate el expediente 24.462 denominado “Modificación de la Ley N° 10.332, Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional”, constituye un revés con efectos adversos para el manejo de la deuda pública y para la estabilidad del mercado financiero costarricense.

Quien ha gestionado el portafolio de deuda pública costarricense sabe que el financiamiento no es solo una cuestión de cuánto se necesita, sino de cómo, cuándo y dónde se consigue. La diferencia entre emitir bonos en un momento de tasas bajas o verse forzado a hacerlo en medio de condiciones menos favorables puede significar cientos de millones de colones en ahorro o en sobrecostos para el Estado.

La mejora en la calificación crediticia representa una ventana de oportunidad. Aprovecharla implicaba autorizar al Ministerio de Hacienda a acudir a los mercados internacionales con flexibilidad, para captar recursos cuando las condiciones fueran óptimas. Al no hacerlo, el país se expone a tener que depender más de las colocaciones en el mercado local, lo cual eleva la presión sobre las tasas de interés internas y encarece el crédito para familias y empresas.

La decisión legislativa, más que una señal de prudencia se interpreta como una muestra de rigidez, cálculo político y falta de visión estratégica. En lugar de acompañar los avances técnicos y macroeconómicos, se transmite un mensaje de incertidumbre, tanto hacia los mercados internacionales como hacia los actores locales. Entre las principales consecuencias inmediatas que derivan de esta situación se encuentran:

  1. Presión sobre el mercado local. Si Hacienda se ve obligado a financiarse más en colones y dólares dentro del país, la oferta de títulos públicos aumentará. En un mercado relativamente pequeño, esto significa mayor competencia por el ahorro interno, presionando al alza las tasas de interés, lo que podría provocar el encarecimiento del crédito, menor dinamismo productivo y posible freno en la recuperación económica. Además, podría significar un retroceso en los resultados financieros previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado a inicios del setiembre por el Ministerio de Hacienda.
  2. Costos de oportunidad. Las ventanas de financiamiento internacional no permanecen abiertas indefinidamente. Las tasas de interés internacionales fluctúan y el apetito de los inversionistas cambia según factores geopolíticos y económicos. Negarse a autorizar emisiones internacionales en un contexto favorable puede implicar que, cuando finalmente se obtenga la autorización, el país enfrente condiciones menos atractivas.
  3. Credibilidad internacional. Las calificadoras mejoraron la nota del país con base en señales de disciplina y responsabilidad fiscal. Si las decisiones políticas envían señales contrarias como la falta de flexibilidad, rigidez institucional y ausencia de visión de Estado, esa confianza puede debilitarse. La credibilidad, una vez perdida, cuesta mucho más recuperarla que preservarla.

Es necesario aclarar un punto central: autorizar al Ministerio de Hacienda a emitir deuda en los mercados internacionales no significa necesariamente aumentar el nivel de endeudamiento del país. El objetivo es administrar mejor la deuda ya existente, sustituyendo pasivos más caros por otros más baratos, diversificando fuentes de financiamiento y aliviando presiones sobre el mercado interno. No se trata de endeudarse más, sino de endeudarse mejor.

Por otra parte, el país necesita superar la dinámica de autorizaciones fragmentadas y politizadas, que hacen del endeudamiento externo un tema de cálculo partidario más que de estrategia financiera. Lo recomendable es otorgar al Ministerio de Hacienda una autorización global de endeudamiento externo, dentro de límites claros y predefinidos en el presupuesto nacional, que le permita salir al mercado cuando las condiciones lo ameriten.

Esto no equivale a un cheque en blanco. Puede establecerse un marco normativo de endeudamiento vigente con parámetros concretos: techos de endeudamiento, plazos, monedas y mecanismos de control legislativo ex post. Lo que se gana es la capacidad de actuar oportunamente, con criterio técnico, y no quedar atado a los vaivenes de las discusiones políticas coyunturales.

La sostenibilidad fiscal de Costa Rica no se resuelve en una legislatura ni en un periodo presidencial. Es una tarea de largo plazo que requiere coherencia, visión y acuerdos de Estado. Hoy el país tiene la oportunidad de consolidar la confianza internacional, reducir los costos financieros y dar un paso adelante en la administración responsable de su deuda.

Costa Rica no puede darse el lujo de desaprovechar el momento en que las condiciones externas y la percepción internacional están a su favor. La decisión de la Asamblea Legislativa de bloquear la modificación a la Ley 10.332 envía una señal equivocada y limita la capacidad del país para manejar su deuda de manera estratégica y eficiente. Más que discutir si el país debe endeudarse más, la verdadera pregunta es: ¿queremos endeudarnos de manera más cara y menos eficiente, o preferimos aprovechar las ventanas de oportunidad para hacerlo en mejores condiciones?

El sentido común y la experiencia indican que la segunda opción es la correcta.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.