Miranda rechazó la sanción impuesta por el Concejo Municipal y aseguró que el órgano no tiene competencia legal para sancionarlo.

El Concejo Municipal de San José acordó suspender al alcalde Luis Diego Miranda Méndez por un período de 15 días naturales sin goce de salario, tras declararlo responsable de violentar el principio de legalidad y el deber de probidad al declarar como desierta una licitación pública para la compra de vehículos eléctricos.

La decisión fue adoptada la noche del martes 21 de octubre en sesión ordinaria del Concejo Municipal, con nueve votos a favor y dos en contra, ambos de regidoras oficialistas.

Según dieron a conocer medios de comunicación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde tras un informe de la Auditoría Interna. El diario La Nación recordó que ese documento expuso que Miranda envió un oficio a la Proveeduría Institucional para que este departamento recomendara declarar desierta una licitación por $830.000 (unos ¢427,4 millones) que ya estaba adjudicada para la compra de vehículos eléctricos.

Tras conocerse esa auditoría, Miranda Méndez calificó la situación como una “cortina de humo” y una especie de “juicio político”. Además, dijo que las acciones eran promovidas por "los mismos de siempre ligados a los intereses políticos y económicos del arayismo” (en relación al exalcalde Johnny Araya).

De acuerdo con el documento aprobado este martes por el Concejo, el jerarca municipal solicitó esa gestión “sin fundamentarse en criterios técnicos, financieros o jurídicos”, lo que representó un perjuicio para la administración municipal.

El texto añade que el jerarca omitió incorporar los recursos presupuestarios necesarios para garantizar la ejecución del contrato, incumpliendo además con los acuerdos firmes del Concejo.

La moción establece que la sanción se impone con fundamento en diversas normas del Código Municipal, la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Pública y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

El regidor josefino del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, destacó en la red social X que la medida responde a una investigación con pruebas suficientes:

Ayer el Concejo Municipal decidió suspender al Alcalde 2 semanas por violentar el principio de legalidad y probidad, al intentar deshacerse de una licitación formalmente adjudicada. El incumplimiento de pago de una licitación expone a la Muni a posibles reclamos y sanciones”.

Reacción del alcalde

Miranda Méndez rechazó la sanción impuesta por el Concejo Municipal y aseguró que el órgano no tiene competencia legal para sancionarlo, por tratarse de instancias independientes.

Según dijo, el acuerdo aprobado por los regidores “no es vinculante”, por lo que anunciará un recurso en la vía contencioso-administrativa. El alcalde calificó la medida como una “sanción ficticia” y argumentó que la decisión responde a intereses particulares por no comprar 16 carros de lujo.

Hay que establecer que ahora sí tenemos un gobierno local que decide sobre las necesidades de la gente y que hemos invertido esos recursos, que no destinamos para esa compra, los hemos invertido en parques, en mejores calles, en las necesidades de los vecinos y que por eso están intentando sancionarme”.

Además, señaló que detrás de la decisión existe una red de corrupción que busca favorecimientos específicos y añadió que la votación del Concejo “solo deja en evidencia quiénes se oponen a un manejo transparente de los recursos públicos”.

El regidor frenteamplista por su lado recordó que el incumplimiento de pago de una licitación expone al municipio a  posibles reclamos y sanciones. Agregó que, posterior al informe de auditoría, se conformó un órgano director que recomendó al Concejo Municipal la sanción.

En contraposición, la regidora oficialista, Andrea Rudín, calificó como una “sanción política y espuria” la suspensión impuesta al alcalde, asegurando que responde a intereses heredados de la administración anterior.

Rudín sostuvo que la medida es una represalia contra el alcalde por redirigir esos recursos hacia obras y servicios prioritarios para la ciudadanía, en lugar de destinarlos a automóviles que, dijo, “iban dirigidos a directores y funcionarios de alto rango”.

En sus redes sociales la regidora también respaldó la tesis de que el Concejo Municipal carece de competencia legal para sancionar al alcalde, dado que no existe una relación jerárquica entre ambos órganos. En su criterio, el acuerdo representa un intento de mantener  prácticas "clientelistas” dentro del gobierno local.

También señaló posibles conflictos de interés, al indicar que uno de los asesores de los regidores que impulsaron la sanción es candidato a diputado y participó en el proceso. Además, criticó la actuación del auditor municipal, recordando su inacción en el Caso Diamante, cuando no recomendó sanciones contra el exalcalde Johnny Araya.

Rudín también denunció haber sido objeto de una amenaza personal al finalizar la sesión municipal, la cual atribuyó a un acto de violencia política con sesgo machista.

Dato D+: El artículo 102 del Reglamento Interno del Concejo Municipal establece que, cuando se presenten denuncias contra una alcaldía por posibles faltas al deber de probidad u otras normas, debe realizarse primero una investigación preliminar a cargo de una persona funcionaria o comisión competente. Si esa investigación determina que hay mérito, se continuará con un procedimiento administrativo formal, conforme a la Ley General de la Administración Pública. En los casos en que la falta sea tan grave que amerite la pérdida de credencial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es la única autoridad facultada para cancelarla, mientras que el Concejo Municipal solo puede recomendar la medida y remitir el expediente al TSE con una resolución fundamentada.