La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este martes un proyecto de ley que reconocería la existencia de relación laboral entre plataformas digitales y repartidores, obligando a reconocer derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, seguro de riesgos del trabajo y seguro social.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.500, fue presentada por la diputada Sofía Guillén Pérez, del Frente Amplio y acogida con el voto afirmativo de Dinorah Barquero Barquero y Katherine Moreira Brown (PLN), Manuel Morales Díaz (oficialismo) y Priscilla Vindas Salazar (FA).
En contra del proyecto votaron Gilberto Campos Cruz (PLP), Olga Morera Arrieta (NR) y Alejandro Pacheco Castro (PUSC). Las diputadas María Marta Carballo (PUSC) y Montserrat Ruiz Guevara (PLN) estuvieron ausentes y no enviaron a ningún congresista a que les sustituyera este martes.
El voto decisivo del proyecto provino de la diputada Vindas, quien acudió en sustitución de la legisladora Sofía Guillén, quien se encuentra ausente por motivo de su licencia de maternidad. Sin esa sustitución, la iniciativa habría quedado empatada 3 vs. 3 y por ende rechazada.
El proyecto pasará ahora al plenario legislativo para iniciar la etapa de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento, en el cual cualquier legislador tiene dos ventanas de oportunidad para presentar enmiendas al texto.
El texto avalado es el mismo que Guillén planteó cuando interpuso la iniciativa: reforma el artículo 18 del Código de Trabajo para añadir un párrafo final que diría que la presunción de laboridad aplicará también en los servicios de reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, que una persona realice en beneficio de otra persona, física o jurídica, que ejerce las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, de la gestión del servicio o de las condiciones de trabajo, mediante una plataforma digital.
Durante el trámite, varias organizaciones empresariales manifestaron su rechazo al proyecto. La Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) y la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica (Aprimotec) consideraron que la reforma afecta la flexibilidad laboral y limita las oportunidades económicas para quienes eligen trabajar como independientes.
Aprimotec, organización que agrupa a conductores y repartidores de plataformas tecnológicas señaló en su criterio dado a la comisión que si bien el sentimiento generalizado en la comunidad de repartidores y conductores es que son necesarias mejoras a lo interno de las plataformas que existen en Costa Rica, eso no quiere decir que quieran que el modelo cambie afectando la forma libre en que deciden cómo hacer la actividad.
Nos preocupa que el proyecto de ley que nos consultan buscaría cambiar esa forma y considerarnos como empleados, cuando más bien nosotros estamos de acuerdo en decidir y trabajar por nuestra cuenta".
La asociación advirtió que considerar a los conductores y repartidores como empleados les impediría definir sus horarios, lugares, rutas y vestimenta; además de obligarlos a tener exclusividad de plataformas, cuando hoy muchos operan en diferentes aplicaciones, dependiendo de las condiciones y ventajas que se les ofrezcan.
Es altamente probable que en caso de que los repartidores sean considerados como empleados, las plataformas tengan que analizar la forma de seguir haciendo negocios y eso podría terminar afectando las oportunidades que nosotros y nuestras familias tienen para poder traer los ingresos para nuestros hogares, potencialmente generando más desempleo en el país".
La diputada Olga Morera Arrieta explicó que, aunque reconoce la importancia de regular este tipo de empleo, considera que la redacción actual del texto podría generar incertidumbres jurídicas.
"Estoy votando en contra, pero a nivel de plenario estaría valorando la posibilidad de precisar algunos aspectos. El proyecto define las actividades, como reparto y distribución, pero hemos realizado consultas y nos han indicado que, para establecer una relación laboral, el Ministerio de Trabajo debe realizar una serie de valoraciones caso por caso de manera independiente", señaló.
Morera añadió que la redacción “tan abierta” podría generar dificultades de interpretación y pidió “una mayor precisión jurídica para evitar lagunas en la aplicación del artículo 137 del Código de Trabajo”.
Por su parte, Gilberto Campos Cruz manifestó su oposición al proyecto, argumentando que podría tener un impacto negativo en el empleo en zonas del país con menos oportunidades laborales.
En regiones como Limón, Puntarenas o Guanacaste, muchas personas acceden al trabajo mediante estas plataformas. Si se aprueba esta modificación, las empresas podrían decidir no ofrecer más el servicio porque tendrían que incluir en planilla a miles de repartidores, lo que reduciría el mercado y provocaría pérdida de empleo".
Campos subrayó que el proyecto “podría hacerle un flaco favor a las personas que hoy trabajan en este sector, empujándolas a la informalidad”.
El diputado Alejandro Pacheco Castro también votó en contra y consideró que la reforma “traería más problemas que beneficios”.
La línea entre determinar si los conductores de Uber tienen o no una relación laboral con la empresa es muy delgada. Este proyecto podría generar desempleo si las plataformas deciden retirarse del país".
Pacheco sugirió que, en lugar de reconocer una relación laboral, el país debería regular la comisión que cobran las plataformas para evitar abusos, sin necesidad de establecer una relación de subordinación.
La diputada Priscilla Vindas Salazar defendió el proyecto como una herramienta necesaria para dignificar las condiciones laborales en el sector.
"Hay miles de personas precarizadas, trabajando entre 50 y 60 horas semanales, sin seguro de trabajo ni estabilidad. Estas plataformas no ofrecen un servicio de caridad: Uber Eats, por ejemplo, tuvo ganancias de 12 billones [sic.] de dólares el año pasado. No hay justificación para negar derechos básicos a quienes sostienen el negocio", afirmó Vindas.
Breves
— Con 34 votos a favor y 4 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.582 "Ley para autorizar al Estado y cualesquiera instituciones públicas a colaborar y realizar donaciones a la Asociación Obras del Espíritu Santo".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.314 "Desafectación y modificación del uso público de un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Mora para destinarlo al uso exclusivo para las instalaciones de la delegación de la Policía Municipal".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.659 "Adición de un inciso l) al artículo 4 y reforma de los artículos 13 inciso l), 17 inciso e) y 49 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, para incorporar el tema ambiental y cambio climático".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 25.232 "Reforma del artículo 193 de la Ley N°7594, Código Procesal Penal, del 10 de abril de 1996".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.602 "Reformas de los artículos 1 y 6 de la Ley Nº 4508 del 26 de diciembre de 1969, Ley de creación del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa)".
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.798 "Nombramiento, destitución y fiscalización de las Juntas Administrativas y de Educación de los centros oficiales de enseñanza".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.372 "Reforma a la Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer N.º 7142 para implementar medidas de acción afirmativa en el trámite de concursos públicos".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.013 "Ley de transparencia fiscal. Reforma del artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.817 "Ley que autoriza a la Municipalidad de Pococí a donar un terreno de su propiedad a la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica".
— Con 16 votos a favor y 27 en contra se rechazó acoger la apelación del oficialismo en contra de resolución de la presidenta a.i. Vanessa de Paul Castro Mora, sobre el procedimiento a seguir ante la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles por beligerancia política
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 24.451 "Ley que reforma el inciso a) del articulo 11, de la Ley N° 9829, Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional, del 27 de abril de 2020" y el expediente 24.500 "Reforma al artículo 18 del Código de Trabajo, Ley N.° 2 del 27 de agosto de 1943. Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales".
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 24.562 "Reforma al artículo 227 del Código Penal, Ley N°4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, Reforma al artículo 3° y adición de un artículo 58 Bis a la Ley Forestal, Ley N°7575 de 13 de febrero de 1996. Ley para combatir el tráfico de tierras" y el expediente 24.640 "Ley para la buena gobernanza y la modernización para la propiedad en condominios". Por el contrario, rechazó el expediente 24.873 "Reforma al Código Procesal Penal para ampliar las facultades policiales y facilitar el proceso penal".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el expediente 23680 "Ley de ajuste estructural de la deuda pública del gobierno central para su reducción" y también, por doble empate, el expediente 24353 "Ley para descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto otorgadas al amparo de las leyes 2248 y 7268. Adición de un párrafo nuevo al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635, del 3 de diciembre del 2018".
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazó el expediente 24.471 "Reforma y adición de un nuevo capitulo a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley No 8754 del 22 de setiembre de 2009 y sus reformas, para desarticular y penalizar el sicariato".
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
