El proyecto propone un programa de reestructuración de la deuda con las siguientes características: abarca únicamente a entes y órganos públicos con respecto a la deuda con el Gobierno Central. Se incluyen tres opciones de reestructuración: cesión parcial de la deuda al Ministerio de Hacienda, renegociación de las condiciones financieras o el reintegro de parte o la totalidad de los ingresos obtenidos. También se incluye la posibilidad de aplicar una combinación de alternativas. Se establece un tratamiento diferenciado para las instituciones del Estado que no les alcance la ley por razón de su autonomía constitucional. Se establece un tratamiento diferenciado para los entes y órganos que administren recursos de terceros o reservas financieras comprometidas para propósitos específicos. Se establece la obligación a las instituciones públicas y empresas del Estado de trasladar a la Caja Única el 50% de su superávit libre o de las ganancias obtenidas, en el tanto que el nivel de la deuda del Gobierno Central sea superior al 60% del PIB, si el nivel de la deuda se encuentra por debajo del 60% el porcentaje a trasladar será del 20%. Los ahorros generados por el Ministerio de Hacienda por la aplicación de la Ley únicamente podrán destinarse a la disminución de la deuda pública y del déficit fiscal.