El proyecto incluye medidas transitorias de recapitalización para que el INS recupere los recursos.
El diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.262) que ordena al Instituto Nacional de Seguros (INS) girar 6.000 millones de colones de su capital acumulado a las municipalidades de San José y Montes de Oca para ejecutar obras de mitigación y solución del riesgo de inundaciones en la Quebrada Los Negritos.
Según la exposición de motivos, la intervención prioriza las zonas de Barrio Dent y Barrio Escalante, así como instalaciones de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR), afectadas por desbordamientos recurrentes, y que la semana anterior se vio afectada por inundaciones que dejaron múltiples daños materiales.
Según informaron la UCR y ambas municipalidades este martes, las principales zonas críticas identificadas son Barrio Dent, a la altura de la Facultad de Derecho, Calle 39 en Montes de Oca, y la Calle 37 que tiene propiedades ubicadas del territorio cantonal de Montes de Oca, así como de la zona de Escalante en el cantón de San José.
Dato D+: La Quebrada Los Negritos tiene el 45% de su longitud en el cantón de Montes de Oca, con una parte atravesando los terrenos de la UCR, y el restante 55% en el cantón de San José.
La exposición de motivos señala que, en julio anterior, la Sala Constitucional ordenó a ambas municipalidades a “articular y definir una solución definitiva” y ejecutar “todas las obras necesarias” en un plazo de un año, además de planes de mantenimiento y acciones para evitar contaminación por aguas negras, sin embargo, el texto señala que ambas municipalidades "han manifestado la imposibilidad de cumplir con la orden judicial en el plazo establecido, debido a la falta de recursos económicos suficientes para la ejecución de las obras requeridas".
Para justificar que las obras sean financiadas con recursos provenientes del INS, el texto indica que esa institución "ha mantenido en los últimos tres años un promedio anual de utilidades cercano a los 30.000 millones de colones. Según sus estados financieros auditados, la institución reporta un patrimonio que supera los 936.000 millones de colones en el año 2024", y añade:
El aporte propuesto en el presente proyecto de ley representa aproximadamente un 0,64% del patrimonio institucional, un porcentaje razonable y proporcional que no compromete su solidez financiera, pero que tendría un impacto significativo en la mitigación del riesgo y la protección de las comunidades afectadas".
Adicionalmente, el proyecto establece una serie de medidas transitorias para que el INS recupere su capital. Las medidas incluyen la autorización al INS para "capitalizar, durante los períodos fiscales 2025, 2026 y 2027, los recursos provenientes de la reserva de reparto establecida en el artículo 205 del Código de Trabajo, siempre que existan utilidades en el Régimen de Riesgos del Trabajo. Asimismo, durante esos años, el INS quedará eximido de realizar la contribución del 10% de sus utilidades prevista en el artículo 80 de la Ley de Protección al Trabajador, destinando ese monto directamente a la recapitalización".
La iniciativa establece que si el INS logra recuperar los 6.000 millones de colones antes del 2027, los fondos sobrantes se aplicarán conforme a su normativa de origen, caso contrario, las medidas transitorias seguirán vigentes hasta completar la recapitalización.
Finalmente, el proyecto establece que ambas municipalidades deberán rendir un informe conjunto y detallado ante los respectivos concejos municipales, en el cual se consignen los resultados obtenidos, las obras ejecutadas, su estado y la liquidación presupuestaria, y todos los recursos que no fueran utilizados deberán devolverse al INS.
El expediente fue presentado con la firma de respaldo del resto de la bancada del FA, y ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.




