Proyecto requería mayoría calificada, pero quedó lejos de los 38 votos necesarios.

El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este martes la reforma a la ley de eurobonos, contenida en el proyecto de ley 24.462, denegándole al Poder Ejecutivo la flexibilización de las metas fiscales que debía alcanzar para poder emitir los últimos tractos autorizados.

La votación, realizada al filo de las seis de la tarde, se saldó con 24 votos a favor y 18 en contra, muy por debajo de los 38 respaldos que requería la iniciativa en segundo debate para su aprobación.

El proyecto pretendía modificar la Ley 10.332, que en diciembre de 2022 autorizó al Gobierno a emitir hasta 5.000 millones de dólares en títulos de deuda en los mercados internacionales. Esa autorización permitió dos colocaciones en 2023, pero las emisiones programadas para 2024 y 2025 quedaron sujetas a condiciones fiscales estrictas y a la instalación de escáneres de carga en puestos fronterizos, requisitos que el Ejecutivo no logró cumplir.

El texto rechazado trasladaba las emisiones previstas para 2024 y 2025 hacia 2025 y 2026, sin variar los montos autorizados (hasta 1.000 millones de dólares en cada caso). Además, rebajaba las metas de superávit primario, deuda y pago de intereses que actúan como condición previa para acudir al mercado internacional, y sustituía la obligación de contar con escáneres en funcionamiento por la simple presentación de planes de instalación en puertos y fronteras.

Dato D+: El proyecto pretendía que, en el balance primario, se eliminara el requisito de presentar un superávit como porcentaje del PIB y en su lugar se sustituyera por una meta nominal de ¢500.000 millones para 2024 y ¢600.000 millones para 2025. Respecto a la relación deuda/PIB, se ajustaban los umbrales para 2024 (de 67,15% a 64%) y para 2025 (de 65,40% a 63,55%). Respecto al pago de intereses como proporción del PIB, se mantenía en 5,10% para 2024 y se relajaba de 4,60% a 5,00% para 2025.

La Comisión de Hacendarios había emitido en noviembre de 2024 un dictamen afirmativo de mayoría, justificando que las metas fiscales fijadas en 2022 resultaban inalcanzables dos años después, en un contexto de menor recaudación tributaria y mayor presión por el pago de intereses. También alegaron que la instalación de escáneres en Paso Canoas y Japdeva no se completó, pese a ser condición indispensable para autorizar las siguientes emisiones, lo que bloqueaba el uso de los eurobonos.

La votación de este martes puso final a meses de negociaciones y tiras y encojes entre el Ejecutivo y Cuesta de Moras, sin que lograra reunir el apoyo necesario para avalar el proyecto.

El diputado Eliécer Feinzaig, firmante del dictamen de minoría, defendió entonces que la reforma equivalía a flexibilizar compromisos asumidos apenas en 2022, lo que enviaba una señal de irresponsabilidad fiscal. A su juicio, el Congreso había establecido parámetros exigentes precisamente para garantizar que el Ejecutivo manejara con prudencia la deuda externa, y relajarlos tras su incumplimiento desnaturalizaba ese control político.

Los estudios técnicos de la propia Asamblea reflejaron esas tensiones. Los informes del Departamento de Servicios Técnicos reconocieron que aplazar las emisiones y suavizar los requisitos permitiría mantener abiertas las puertas del financiamiento externo y, eventualmente, aprovechar bajas en las tasas internacionales. Sin embargo, advirtieron de que esa decisión podía interpretarse como una mala práctica, porque rebajar las metas después de incumplirlas debilitaba la credibilidad de la política fiscal y aumentaba el riesgo de que los mercados internacionales encarecieran el crédito a Costa Rica.

El Ministerio de Hacienda defendió la necesidad de la reforma argumentando que las condiciones impuestas por la ley de 2022 habían quedado desfasadas en un contexto de menor crecimiento económico, mayores gastos corrientes y una presión de financiamiento que se mantiene por encima del 8% del PIB hasta 2026. El Ejecutivo subrayó que sin los eurobonos se vería obligado a recurrir más al mercado interno, lo que encarecería las tasas de interés locales y presionaría al crédito privado.

Las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo respaldaban parte de ese diagnóstico. En 2023 el balance primario cerró con un superávit del 1,55% del PIB, pero en septiembre de 2024 cayó al 1,2%. El déficit financiero se ubicó en 2,7%, mayor que en los dos años anteriores. La deuda del Gobierno Central alcanzó un 59,66% del PIB a esa fecha, y el pago de intereses representó casi un 4% de la producción nacional.

Con el voto negativo del plenario, el Ejecutivo pierde la posibilidad de acudir al mercado internacional bajo las condiciones más flexibles que proponía la reforma. Si necesita cubrir sus vencimientos y déficit, deberá recurrir al endeudamiento doméstico, lo que, según los análisis legislativos y el Ministerio de Hacienda, podría presionar al alza las tasas de interés locales.