Consideran que la iniciativa "tiene un espíritu noble", pero afirman que el planteamiento no es viable y presenta falencias.
El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica aseguró que el proyecto de ley para la creación de clínicas veterinarias estatales (Expediente No.25141), presentado por la diputada liberacionista Rosaura Méndez Gamboa, tiene múltiples incoherencias y contradicciones.
Silvia Coto, presidenta del colegio, comentó que el proyecto "tiene un espíritu noble", pero considera que su planteamiento no es viable y presenta falencias que merecen una discusión más profunda.
Con el apoyo técnico y profesional de quienes sí conocen del tema, y sin apresurarse a implementar propuestas que, lejos de beneficiar a las mascotas y a sus tutores, podrían generar consecuencias negativas a largo plazo”.
Lea: Diputada del PLN propone crear nuevo impuesto para financiar clínicas veterinarias estatales
Inviabilidad económica del impuesto sugerido
El proyecto contempla un impuesto del 10% sobre los productos para mascotas como medio de financiamiento para la creación de las clínicas veterinarias estatales. Ante esto, el colegio afirma que este gravamen es insuficiente para cubrir los elevados costos iniciales de infraestructura, equipos y personal necesarios para poner en marcha una red de clínicas veterinarias en cada cantón del país.
En la justificación, el proyecto detalla que busca beneficiar a las familias de bajos recursos con precios más accesibles para atender a sus animales. No obstante, desde el colegio indican que si el mecanismo de financiamiento propuesto es mediante un impuesto que encarece los artículos y servicios de primera necesidad de las mascotas (alimentos, desparasitantes, etc.), esto aumentará los costos para todos los tutores.
Ello podría generar que los dueños de mascotas prefieran invertir más en alimento que en la medicina preventiva, provocando un impacto directo sobre la salud animal y consecuentemente, una potencial afectación en la salud pública”.
Además, señalan que el proyecto designa al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para administrar los fondos generados por este impuesto, "pero no especifica claramente el mecanismo de captación de estos".
Iniciativa fue presentada por la liberacionista, Rosaura Méndez Gamboa.
Aumento de funciones para el Senasa
La iniciativa promueve que las nuevas clínicas veterinarias estatales estén adscritas y administradas por el Senasa y ubicadas en sus sedes regionales con el fin de ayudar a poblaciones con limitados recursos económicos.
Según el Colegio, esas oficinas no se localizan en zonas remotas por lo que el servicio veterinario potencialmente ofrecido no beneficiaría a quien se busca ayudar. Además, mencionaron que estas sedes no están equipadas con la infraestructura (quirófanos, salas de recuperación, laboratorios) ni el personal necesario, para funcionar como clínicas veterinarias.
La doctora Coto agregó:
Asignar más funciones a las múltiples que ya de por sí tiene el SENASA es la ruta garantizada a la ineficiencia. Esta institución ha sufrido una reducción en su presupuesto casi del 12% del presupuesto mínimo requerido, lo cual actualmente limita incluso cubrir sus necesidades mínimas operativas”.
Desconocimiento de la Medicina Veterinaria
Desde el colegio profesional puntualizaron que la iniciativa presenta desconocimiento de la medicina meterinaria. Por ejemplo, señala el texto habla de “razas menores”, lo cual creen que es un concepto que no tiene fundamento científico.
Desde el colegio profesional indicaron que el proyecto no distingue la diferencia de ofrecer una atención veterinaria a animales de compañía tradicionales (como perros y gatos) y a animales exóticos (como conejos y hámsteres).
Agregaron que el proyecto sugiere ofrecer una atención veterinaria multi-especie, sin tener en cuenta las diferencias significativas de la atención de animales de compañía tradicionales (como perros y gatos) y animales exóticos (como conejos y hámsteres).
Otro punto que criticaron es que se menciona que la atención médico-veterinaria es “cara”. Esto lo califican como subjetiva e infundada ya que "desconoce que, en esta rama de la Medicina, se debe garantizar la misma calidad de insumos y procedimientos de esterilidad y asepsia que en la medicina humana".
Por ejemplo, recordaron que un consultorio especializado en medicina preventiva podría requerir alrededor de ₡5 millones, mientras que un quirófano mínimamente equipado para cirugías de rutina puede superar los ₡25 millones.
Coto añadió:
Decir que la medicina veterinaria es cara y que se necesita un sistema estatal como la CCSS, fortalece el supuesto erróneo de que la atención médica estatal es gratuita. Esta atención NO es gratuita. Es universal y solidaria mediante los aportes que hacemos todos los trabajadores y patronos en Costa Rica, hagamos uso o no de sus servicios”.
Propuestas alternativas
El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria sugiere alternativas más viables y sostenibles, como:
- Redefinir el concepto de "razas menores".
En lugar de utilizar esta clasificación errónea, proponen enfocarse en el concepto de "animales de compañía", sin importar su tamaño o raza.
- Revisar el esquema de financiamiento.
Sugieren una combinación de fondos provenientes del presupuesto nacional, multas por maltrato animal, y otros recursos para asegurar la viabilidad financiera.
- Modelo de subsidios focalizados.
Implementar un sistema de subsidios basado en el nivel socioeconómico de los propietarios, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares para priorizar a las familias más vulnerables.
- Iniciar con clínicas piloto.
En lugar de abrir una clínica en cada cantón, comenzar con clínicas piloto en diferentes regiones para evaluar de manera gradual la efectividad del proyecto.
- Modelo mixto con unidades móviles.
En lugar de depender exclusivamente de clínicas físicas, se podría considerar la creación de unidades veterinarias móviles para llegar a zonas rurales y remotas. Además, se podría colaborar con clínicas privadas existentes bajo la supervisión del Senasa.
Adicionalmente proponen crear un modelo gestionado por cada municipalidad, que administre la clínica, contando con un médico veterinario como regente, lo que garantizaría una mayor accesibilidad para las comunidades más necesitadas.