En Costa Rica ocurre un accidente de tránsito cada siete minutos. Entre enero y mayo del presente año tuvimos 29.416 accidentes de tránsito en el país. Además, al concluir el primer semestre se nos hizo un fuerte recordatorio de una parte del costo económico asociado que tienen los incidentes en carretera. Adicional a eso, tuvimos tendencias relevantes que deberían de llamarnos a despertar de este letargo estructural en el que estamos, antes de que la realidad nos obligue a hacerlo por las malas.
Mientras que por un lado el Colegio de Médicos y Cirujanos lo dice con todas las palabras: el caos vial nos está costando salud cardiovascular, física y mental, por el otro algunas instituciones públicas deciden agravar el riesgo vial al generar mayor distracción en carretera y darle prioridad al lucro sobre la prevención para “aumentar ganancias”.
Y mientras las calles colapsan y las cifras de accidentes se disparan, la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley para establecer jornadas laborales “excepcionales” y así “modernizar el mercado laboral” y “aumentar la competitividad”. Vuelvo y repito, el debate sobre las jornadas laborales no puede centrarse solo en eficiencia o competitividad. Una semana laboral más corta, unas vacaciones más largas, y una jornada flexible pero protegida pueden formar parte de una misma visión.
Sin embargo, hay que mirar la realidad como es y eso es que la mayoría de diputados y diputadas del PLN sacaron su ábaco electoral, cambiaron su discurso y mandaron por la borda la coherencia y sensatez con que su candidato presidencial, Álvaro Ramos, venía presentando su discurso. Mención aparte para la legisladora Monserrat Ruiz Guevara al poner sobre la mesa jornadas de 4 días a 10 horas. Aún así, creo que se puede ser más exigentes y osados. ¿Qué tal ciclos de 4x4 a 10 horas en lugar de 4x3 a 12? ¿Qué el código de trabajo indique 40 horas semanales como máximo? Digo, si un lado puede exigir y apretar, el otro también, ¿no?. En fin, todo eso es conversación para otro día.
El punto central acá es que en un país con infraestructura limitada y rutas congestionadas, simplemente no hay forma física de sostener más horas laborales sin impacto humano. El proyecto de ley 24.290 no resuelve la falta de competitividad del país. Solo profundiza el desequilibrio entre vida y trabajo en un entorno que ya es hostil, peligroso y costoso para la población. No se puede construir productividad sobre un modelo que ignora la calidad de vida, el transporte colapsado y la salud de las personas.
La verdadera competitividad se construye protegiendo a las personas. La productividad de un país no se mide solo en cuántas horas trabaja su gente. Se mide en cómo se moviliza, cómo vive, qué tan saludables están sus personas y cuánto tiempo útil ganan o pierden cada día. La competitividad no puede seguir entendiéndose como un esfuerzo individual de cada persona trabajadora. Tiene que nacer desde políticas públicas que den respuestas estructurales.
Costa Rica no necesita más horas laborales. Necesita más horas de vida segura, productiva y saludable. No atender estas causas reales nos deja atrás en lo que verdaderamente construye un país competitivo: eficiencia urbana, movilidad fluida, y bienestar para su gente. Si no corregimos el rumbo—apostando por políticas profundas y sostenibles—Costa Rica seguirá cediendo espacios. Y no solo en rankings internacionales, sino en oportunidades reales de empleo, inversión y desarrollo humano.
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