Iniciativa busca flexibilizar el desarrollo de actividades comerciales y turísticas en la zona marítimo terrestre.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de su Consejo Universitario, recomendó no aprobar el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 23.148, debido a los múltiples riesgos sociales, ecológicos y jurídicos que implica para el patrimonio natural del país. Esta posición fue acordada en la sesión ordinaria N.° 6892 del Consejo, celebrada el pasado 22 de abril.
Se trata de la iniciativa denominada "Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo-Terrestre", que fue presentada por el diputado socialcristiano, Carlos Felipe García Molina, y que se estudia en la Comisión de Zonas Especiales. Su trámite actualmente se encuentra entrabado debido a que el Frente Amplio le interpuso más de 100 mociones.
Dicho expediente propone habilitar y flexibilizar el desarrollo de actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la zona marítimo terrestre, dejando en manos de las municipalidades la autorización de dar permisos en precario a los negocios comerciales ubicados en la zona restringida.
El criterio de la UCR
Tras una consulta técnica a distintas instancias académicas, incluyendo la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), la universidad advirtió que esta iniciativa legislativa plantea una apertura a actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la franja costera, sin los debidos resguardos técnicos, ambientales ni jurídicos.
“Es importante que se abra un diálogo nacional sobre la impostergable necesidad de que nuestro país cuente con una ley moderna, innovadora e integral, basada en los principios de la gestión integrada de la zona costera para su desarrollo sostenible y que contemple los impactos sociales, económicos y ecológicos en todo el sistema socioecológico afectado por el cambio climático”, señala la posición institucional.
La UCR subrayó que la zona marítimo-terrestre es un espacio de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya integridad se ve amenazada por la propuesta legislativa, al permitir que las municipalidades otorguen permisos de uso en precario en dicha zona.
La institución expresó preocupación por los permisos propuestos para el uso de zonas costeras, advirtiendo que podrían favorecer actividades contrarias al interés público y perjudiciales para el patrimonio natural. Además, señalaron la necesidad de delimitar claramente las actividades permitidas con base en criterios técnicos, priorizando el beneficio de las comunidades costeras por encima del lucro empresarial.
También se recomendó incorporar criterios de gestión del riesgo ante condiciones climáticas y oceanográficas, exigir estudios de capacidad de carga para orientar decisiones municipales, y subrayó que no se deben otorgar permisos sin un Plan Regulador Costero previamente aprobado.
Esta postura de la UCR coincide con un manifiesto firmado por más de 70 organizaciones que denunciaron que el proyecto legalizaría la ocupación de un bien público en favor de intereses privados. Ese manifiesto advirtió que "la implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”.
La UCR hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el avance de este proyecto y a abrir un proceso de diálogo amplio, participativo e inclusivo, que permita construir una legislación costera moderna, justa y en armonía con el ambiente.
