Indicaron que el proyecto podría intensificar el proceso de gentrificación en la zona costera.
Mediante un manifiesto conjunto, 70 organizaciones y decenas de personas expresaron su preocupación ante el proyecto 23.148: "Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo-Terrestre", específicamente en lo concerniente a la modificación propuesta mediante la adición de los artículos 22 bis y 22 ter a la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo-Terrestre.
El manifiesto se dirige al diputado socialcristiano, Carlos Andrés Robles, secretario de la Comisión de Zonas Especiales que estudia este proyecto.
La sociedad civil firmante asegura que la modificación legal contraviene el principio fundamental establecido en la Ley 6043, que determina el carácter público e inalienable de dicha franja costera. Para el grupo, "la implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público".
Según el documento, "se establece un mecanismo que favorece la apropiación del espacio público por parte de actores económicamente privilegiados, generando una barrera de acceso para la población general". Esto, aseguran, intensifica el proceso de gentrificación costera, lo cual resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad y acceso universal a los bienes de dominio público.
Si bien el proyecto establece prohibiciones específicas sobre infraestructura permanente, indican que "la ocupación extensiva mediante mobiliario comercial representa una alteración sustancial del ecosistema costero y del paisaje natural, elementos que constituyen patrimonio nacional según nuestra legislación ambiental".
La misiva está firmada por organizaciones comunitarias, juveniles, barriales, voluntarias, cívicas, feministas, de conservación, ambientalistas, culturales, turísticas, de desarrollo, microempresas, centros de rescate animal, brigadas ambientales, Covirenas, en defensa del mar, universitarias, de gestión cultural, comunales, de mujeres, y otras.
Les preocupa que este cambio pueda sentar un precedente para futuras modificaciones que debiliten la protección de la zona pública. Además, aunque el proyecto contempla inspecciones mensuales, indican que "la experiencia histórica en la gestión de la zona marítimo-terrestre demuestra las limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo sobre las actividades comerciales en estas áreas".
Ante estos hechos, las organizaciones y personas solicitan la reconsideración integral del proyecto de ley, específicamente en lo referente a la autorización de permisos de uso en la zona pública. Piden la apertura de un espacio de diálogo que incluya la participación de comunidades costeras, organizaciones ambientalistas y expertos en derecho ambiental y urbanístico.
Además, solicitan el desarrollo de alternativas legislativas que promuevan un desarrollo costero verdaderamente sostenible y equitativo, sin comprometer el carácter público de la zona marítimo-terrestre.
El expediente 23148 fue presentado por el socialcristiano Carlos Felipe García Molina y cuenta con el respaldo de toda su fracción.
