La CIDH advierte sobre retrocesos ambientales, desigualdad y rezagos en derechos indígenas y laborales en su evaluación anual sobre Costa Rica.
El más reciente informe de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca varios desafíos que enfrenta Costa Rica en materia de derechos humanos y ambientales.
El informe señala que el 82% de la población costarricense experimentó olas de calor en 2024, mientras que el 66% enfrentó lluvias intensas y el 65% tormentas, afectando infraestructura, salud y calidad de vida. Además, la cobertura de agua potable disminuyó del 99,7% en 2021 al 95,6% en 2023, dejando a más de 104.000 personas sin acceso adecuado. La Defensoría de los Habitantes declaró 2024 como un año de "alerta roja" debido a la crisis hídrica.
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El informe también destacó que a pesar de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto desde 2010, persiste la actividad minera ilegal en Crucitas, generando impactos ambientales y de seguridad. En cuanto a los pueblos indígenas, aunque se han desarrollado Planes Ambientales Territoriales Forestales (PATF) con 22 territorios, persisten desafíos en su implementación y exclusión de comunidades como Nairi Awari.
REDESCA también destaca la exposición prolongada a agroquímicos en zonas bananeras, con efectos negativos en la salud pública. También se denuncian condiciones laborales precarias en monocultivos, afectando los derechos de los trabajadores agrícolas.
En el apartado de pobreza el informe destaca que la pobreza general en Costa Rica se redujo al 18,0% (desde el 21,8% en 2023) y la pobreza extrema al 4,8%. El coeficiente de Gini también mejoró levemente, de 0,50 a 0,49, indicando una ligera disminución en la desigualdad. REDESCA también reconoce los avances en estabilidad fiscal, pero advierte que las políticas de consolidación no deben comprometer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Acuerdo de Escazú
REDESCA recordó que Costa Rica firmó el Acuerdo de Escazú en 2018, pero aún no lo ha ratificado, lo que debilita su compromiso formal con la transparencia y la justicia ambiental. Sin embargo, se destaca positivamente el Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima (2024), aunque se insta al Estado a asignar recursos suficientes y garantizar la participación efectiva.
El informe completo de REDESCA 2024 está disponible para consulta en el sitio web oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fotografía: Costa Rica Indígena.
