Defensoría indicó que darán seguimiento a los planes de inversión y cumplimiento establecidos por la Sala IV sobre el tema del acceso al agua.

La Defensoría de los Habitantes envió este viernes un comunicado de prensa indicando que las recientes condenas contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por parte de la Sala Constitucional son un reflejo que el regulador y operador del servicio de agua han fallado a la población.

El comunicado de la Defensoría se da, luego de que esta semana la Sala Constitucional (conocida popularmente como Sala IV) declarará con lugar siete recursos de amparo en los que las personas afectadas alegaron que, con mucha frecuencia, el AyA les suspendía el servicio público de suministro de agua potable sin previo aviso y durante largos periodos, incluso por más de 24 horas.

Según indicó la Sala en esos casos las personas reclamaron que este año se había agravado la situación y que a la población no le habían comunicado ni los horarios de suspensión ni los de reanudación del servicio, lo que la dejaba postrada en un estado de inseguridad sobre cuándo podrían contar con el preciado líquido a fin de organizar sus quehaceres y atender sus responsabilidades cotidianas.

Tras el fallo de la Sala IV, desde la Aresep aseguraron que acatarán las ordenes de la Sala, pero, añadieron que "son las empresas operadoras las que tienen la primera responsabilidad de cara a las personas usuarias", y agregaron:

Continuaremos con la función de regular los servicios públicos, mediante un control continuo, fiscalizando y vigilando la prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable, con el fin de conciliar los intereses particulares con el interés general, dando a conocer nuestras actuaciones a la ciudadanía".

Mientras que desde el AyA indicaron que la condena de la Sala "confirma lo que esta administración ha venido indicando sobre las verdaderas causas de falta de agua", y añadieron:

Nos heredaron no solo un rezago enorme de inversión, sino también una red totalmente abandonada sin mantenimiento, en mal estado; y además, una institución con un pésimo modelo de gestión".

Por su parte, desde la Defensoría indicaron que se requiere “una planificación e inversión que permita garantizar el derecho al acceso del agua potable a las comunidades, en especial, a las más afectadas durante los últimos años con faltantes del líquido por periodos prolongados”.

Sobre este tema la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, señaló:

Hay que aceptar que existe una crisis de gestión hídrica y en ese sentido, se vuelve indispensable que las medidas a implementar se dirijan más allá de acciones paliativas, porque es evidente que han resultado insuficientes ante la grave problemática”.

La defensora añadió que “es imperativo que todos los prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas existentes y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico”.

Desde la Defensoría finalizaron su comunicado señalando que que darán seguimiento al cumplimiento del plazo otorgado por la Sala IV para que las instituciones cumplan con satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas y añadieron que seguirán pidiendo cuentas de los avances en los planes de inversión anunciados.