El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, los proyectos de ley para que los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) puedan pensionarse anticipadamente, y para que las personas con enfermedades terminales o graves puedan retirar la totalidad de su Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), sin necesidad de tener que presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

La primera iniciativa, presentada en 2021 por el entonces diputado Dragos Dolanescu Valenciano, establece que los funcionarios del OIJ que desempeñen funciones armadas en las secciones de cárceles y en puestos similares podrán jubilarse con un 82% del promedio de sus últimos 240 salarios, traídos a valor presente según el índice de precios al consumidor (IPC), siempre que cumplan 55 años de edad y hayan trabajado al menos 30 años en puestos donde se requiera portación de armas.

En caso de que no se cumpla con los 30 años en esa condición, el proyecto también incluye una fórmula proporcional, que permite jubilarse a partir de los 20 años laborados en el Poder Judicial, siempre que se cumpla con la edad mínima establecida.

Dato D+: La sección de cárceles del OIJ opera como enlace entre el Poder Judicial y el sistema penitenciario, con tareas que incluyen custodia de reos en tránsito, manejo de personas detenidas, traslados judiciales y seguridad en audiencias. Los sindicatos del OIJ han solicitado durante años condiciones especiales de retiro debido al alto nivel de riesgo y desgaste profesional.

El texto indica que en ningún caso podrá computarse el tiempo trabajado en instituciones de derecho público no estatales de base corporativa.

Durante la discusión del proyecto, los proponentes defendieron la reforma como una medida necesaria para reconocer las condiciones de riesgo, estrés y desgaste físico y psicológico a las que se enfrentan estos funcionarios, especialmente en operativos de alto perfil y labores carcelarias.

El oficialismo, en la voz de su jefa Pilar Cisneros Gallo acusó a los diputados de ser unos "descarados" por aprobar esta iniciativa y alertó que el régimen de pensiones del Poder Judicial empezará a "comerse" su reserva en la próxima década.

El otro proyecto, tramitado bajo el expediente 22.299, fue presentado por los exdiputados José María Villalta Florez-Estrada (Frente Amplio) y Eduardo Cruickshank Smith (q.d.D.g; Restauración Nacional), y busca llenar un vacío normativo que actualmente obliga a las personas enfermas a acudir a la Sala Constitucional para que se les autorice el retiro de los fondos del ROP cuando padecen enfermedades graves o terminales.

La propuesta establece que podrán optar por el retiro total del ROP aquellas personas que enfrenten una enfermedad terminal, debidamente certificada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); o bien, quienes padezcan una condición grave que implique un alto riesgo de muerte, con escasas posibilidades razonables de prolongar su vida, según criterios clínicos basados en evidencia.

El retiro podrá realizarse en una sola entrega o en un plazo de hasta 60 meses, según la elección de la persona beneficiaria. En caso de que esta no pueda actuar por sí misma, podrá designar a una persona autorizada para gestionar la solicitud ante la operadora de pensiones.

Ambas iniciativas pasarán a la Casa Presidencial para el análisis del Ejecutivo, el cual ya amenazó con vetar el primero de los proyectos.

Breves

Con 41 votos a favor y 1 en contra se aprobó que el expediente 24.613 "Ley de conservación de fuentes de empleo, mantenimiento de la actividad económica y social de la Zona Sur-Sur de la provincia de Puntarenas, reforma a la Ley N° 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur)" sea enviado a la Comisión Especial de Puntarenas para ser dictaminado, y se deje sin efecto la dispensa de trámites aprobada previamente. Esta decisión se tomó porque diputaciones del oficialismo le metieron más de 100 mociones a la iniciativa.

Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.590 "Ley para impulsar políticas públicas a favor de las mujeres a través de los registros administrativos y las investigaciones estadísticas".

Con 45 votos a favor y 2 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.152 "Creación del distrito décimo del cantón de Buenos Aires, denominado Cabagra".

Con 44 votos a favor y 1 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.557 "Desafectación del uso público y autorización para que se done un terreno propiedad de la Junta de Educación de División de Páramo de Pérez Zeledón a la Asociación de Desarrollo Integral de División de Páramo de Pérez Zeledón, San José".

Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.897 "Autorización a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope) para que done, a favor de la Municipalidad de San José, una propiedad que se afecta a uso y dominio público".

Con 41 votos a favor y 4 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.992 "Ley de promoción de exámenes de detección de cáncer de mama y adición de un inciso 13 al artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018".

Con 38 votos a favor y 9 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria de plenario del miércoles 23 de abril y en su lugar sesionar de manera extraordinaria para conocer proyectos de ley.

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Gobierno y Administración llegó a un acuerdo con el gobierno de Rodrigo Chaves, tras su amenaza de un apagón de frecuencias de Radio y TV en el mes de septiembre si no se actualiza el monto que pagan emisoras y televisoras por el uso del espectro radioeléctrico. En ese sentido, el acuerdo permitió votar todas las mociones de fondo vía artículo 137 presentadas al expediente 23.673 "Reforma a los artículos 11, 17, 18, 21, 22, 23 y adición de los artículos 23 Bis, 28 y 29, a la Ley N°1758, Ley de Radio, de 19 de junio de 1954", impulsado por el jefe del PLN Oscar Izquierdo Sandí y que el gobierno amenazó con vetar; y dictaminó afirmativamente el expediente 24.461 "Reforma de los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley N.° 1758, Ley de Radio, de 19 de junio de 1954 y adición de un subinciso h) al artículo 22 inciso 1 de la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 30 de junio de 2008", el cual es la propuesta del Ejecutivo para que el monto a pagar por el uso del espectro sea un porcentaje de la facturación por concepto de publicidad.

— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó el expediente 23.310 "Exención de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para su producción".

Leyes publicadas

Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.