En política, como en la vida, las coincidencias rara vez son casualidades. Desde hace meses, el oficialismo y sus aliados han venido cocinando un discurso que suena cada vez más orquestado: el Poder Judicial está podrido y hay que "limpiarlo".
El viernes, Delfino.CR publicó una noticia que confirmaba lo que veníamos sospechando: la próxima Asamblea Legislativa podrá renovar 14 de las 22 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo cinco de los siete puestos en la Sala Constitucional. Un cambio de ese calibre puede significar muchas cosas, pero la más obvia es que la configuración del Poder Judicial está en juego como nunca antes.
Bastó que la noticia saliera al aire para que Otto Guevara —¡faltaba más!— se sumara al coro oficialista pidiendo una barrida total. “Espero que en esa nueva Asamblea Legislativa se le envíe desde el primer día de trabajo el siguiente mensaje a TODOS los magistrados del Poder Judicial: NINGUNO VA A SER REELECTO. Así que ni siquiera lo intenten”, escribió en redes sociales. Su publicación deja claro el plan: hacer de la independencia judicial un recuerdo del pasado.
El problema con este discurso no es que el Poder Judicial sea intocable o que no tenga serios problemas que ameriten reformas urgentes, nadie en su sano juicio defendería el status quo y a ustedes les consta lo crítico que ha sido este medio —¡consistentemente!— con el Poder Judicial. El problema es quién quiere liderar esta supuesta “limpieza” y con qué propósito.
¿Reforma o toma de poder?
Cualquier democracia funcional necesita una discusión seria sobre el sistema judicial, su transparencia, su eficiencia y su independencia. Es legítimo preguntarse cómo evitar que los magistrados se atornillen en sus cargos o cómo garantizar que no haya redes de influencias operando en las sombras. ¡Que las hay! Hasta ahí, todo bien. Lo que no es legítimo es utilizar ese descontento ciudadano para justificar un golpe institucional que entregue la Corte en bandeja de plata a un solo bloque político.
Cuando Otto Guevara y compañía dicen que ningún magistrado debe ser reelecto, no están promoviendo una discusión seria sobre los problemas de la Corte. Están apostando a que el próximo Congreso tenga la capacidad de colocar magistrados a su medida. Y si el oficialismo logra su ansiado bloque de 40-45 diputados en 2026, tendrán el poder para hacerlo sin necesidad de negociaciones o consensos.
El caso de Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos es un buen ejemplo de por qué los equilibrios institucionales importan. Su decisión de no retirarse cuando Obama aún podía nombrar a alguien en su plaza terminó costándole caro al ala progresista de la Corte Suprema, que fue modificada drásticamente por Trump con efectos ya conocidos. En Costa Rica, la situación es aún más delicada, porque aquí el congreso tiene en sus manos la potestad de reconfigurar la Corte (¡y la Sala Constitucional por completo!) con un simple cálculo de votos en cuestión de 4 años.
Lo que algunos llaman “limpieza” puede ser, en realidad, un asalto a la independencia del Poder Judicial disfrazado de reforma. ¡Ojo ahí!
La advertencia de Curul en Llamas
En el episodio de esta semana de Curul, Lucho y May sugieren a los magistrados que se pensionen antes de que el próximo congreso tenga la oportunidad de sustituirlos. Lo dijeron un poco en tono de broma un poco en serio, pues la preocupación es muy real. Si se quedan, corren el riesgo de enfrentar un congreso totalmente alineado con el chavismo y dispuesto a barrer con ellos sin mayor discusión.
El punto es que, si la intención fuera una verdadera reforma judicial, la discusión no debería girar en torno a una “barrida total” por razones políticas, sino en torno a cómo se pueden mejorar los procesos de selección y control de magistrados sin comprometer la independencia de la justicia. ¡Cuántas veces hemos hablado de este tema en Delfino.CR!
¿Un modelo de gobernanza diferente?
En medio de esta turbulencia política, es refrescante ver esfuerzos que apuntan en otra dirección. Mañana, lunes 17, se llevará a cabo un evento en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que destaca un modelo diferente de toma de decisiones: sentar en la misma mesa a actores clave de diferentes sectores, sin agenda política partidista, para diseñar estrategias de desarrollo a largo plazo en beneficio de los cantones.
Financiado por el BID y adjudicado al MOPT, este programa busca demostrar que cuando se deja de lado el cortoplacismo y se apuesta por consensos, se pueden destrabar proyectos que llevan décadas engavetados. Quizá el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa deberían tomar nota.
El desafío: no caer en la trampa
Si algo nos ha enseñado la historia reciente es que las reformas impulsadas con fines políticos terminan fortaleciendo a quienes están en el poder, no a la ciudadanía.
Por eso, en los meses que vienen, será fundamental desenmascarar estos intentos de captura institucional sin caer en la trampa de amplificar su discurso. El Poder Judicial necesita cambios, sí. Pero entregarle su destino a un solo grupo político sería cambiar un problema grave por uno aún peor.
